Por Matías Angelini
El lunes 16 de marzo Angelo Taborda subió en Buenos Aires a un colectivo de regreso a su Medellín natal. Venía de ver un partido de fútbol en Buenos Aires. No sabía lo que le esperaba. En los días que siguieron la policía intentó obligarlo a cruzar la frontera de manera ilegal, durmió en una plaza y luego lo encerraron durante catorce días en un comedor donde sufrió todo tipo de humillaciones.
Dos semanas más tarde, con la falsa promesa de que volvería a su país, el gobierno de Jujuy lo subió a la fuerza -a él y a otras 61 personas- a un micro que atravesó media Argentina para ser detenido en la entrada de la Ciudad de Buenos Aires.
Hoy, después de recorrer más de 5400 kilómetros entre idas y vueltas, Angelo está recluido junto a sus compañeros de viaje en un hotel del barrio de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí cuenta su historia a Cosecha Roja, ya sin ninguna esperanza de regresar pronto a su tierra natal.
El plan original era ver el partido DIM ante Boca Juniors y volver a Medellín por tierra junto a otros doce hinchas. Viajaron durante dos días a un colectivo con destino a La Quiaca. Desde allí pensaban cruzar a Bolivia y seguir viaje hacia el norte. Llegaron a la Terminal de La Quiaca a las ocho de la noche e intentaron cruzar por el Paso Fronterizo Villazon, pero fueron rechazados por la Gendarmería Nacional.
–Vuelvan mañana- les dijeron.
“Nos dijeron eso y volvimos para la Terminal. A la vuelta nos cogió la policía, diciendo que no podíamos estar caminando por ahí, que nos teníamos que volver para el puente. Nosotros les queríamos explicar que nos habían mandado los oficiales del puente”, dice Angelo. “Comenzaron a gritarnos que si no entendíamos, que si éramos brutos, que si queríamos que actuarán”.
A eso de la diez los volvieron a rechazar en el paso fronterizo. Para evitar de nuevo a la policía se separaron en grupos de a dos y caminaron hacía la ciudad en busca de un lugar para pasar la noche.
Todos los hoteles respondían lo mismo: que la policía les había prohibido alojarlos o venderles comida. Ante ese panorama decidieron pasar la noche en la terminal y esperar que se hagan las siete para poder cruzar a Bolivia.
A medianoche varios patrulleros aparecieron en la terminal. “Nos obligaron a montar a las camionetas. Éramos 13, nos dividieron de dos grupos, uno de 6 y otro de 7. A mi grupo lo llevaron a un centro médico a hacerles pruebas de Covid-19 y al otro grupo lo llevaron a cruzar ilegalmente por el río. Yo hablaba por Whatsapp con mis compañeros y me iban contando. Les decían ‘tienen que cruzar así porque legalmente no los van a dejar y no los queremos acá’”, reconstruye Angelo. Para ese entonces, el Mercosur ya había cerrado las fronteras.
Pasada la medianoche la policía llevó al grupo de Angelo al cruce e intentaron obligarlos a atravesar el rio. No pudieron hacerlo: había crecido por la lluvia de la noche anterior. A las cinco de la mañana probaron otra vía: atravesar el puente. Del lado argentino no estaban los gendarmes. Del otro los esperaba la policía boliviana.
-Si cruzan -les dijeron- debemos actuar.
Mientras hablaban, cargaban sus armas.
“Ahí comenzó la peor parte. La Gendarmería decía que estábamos viniendo ilegales de Colombia. Nosotros les queríamos mostrar que teníamos los sellados, pero no nos creían”, cuenta Angelo.
Sin posibilidades de salir del país, el grupo quedó en La Quiaca. Pasaron la primer noche en una plaza y al día siguiente, cuando la gente empezó a donarles comida, los trasladaron a un comedor municipal y los encerraron allí.
Luego de varios días de maltrato de la policía -incluso, denuncian, les sacaron algunos celulares y comida- el grupo de colombianos empezó a filmar todo y el caso se hizo conocido en la provincia.
“A los 14 días de encierro nos dijeron que nos iba a recoger un bus que nos traería a Buenos Aires, porque se habían comunicado con el Consulado colombiano y el Gobierno Nacional y nos habían conseguido un vuelo para repatriarnos. Yo no quería viajar porque estábamos retrocediendo en el camino y Colombia no estaba tan lejos, pero la policía me amenazó con cuatro años de cárcel”, cuenta Angelo.
Ese colectivo se dirigió a San Salvador de Jujuy. Allí los pasaron al colectivo de la empresa Balut que el gobernador Morales envió hacia Buenos Aires el 1 de abril.
“Antes de montarnos al otro bus, nos encerraron en un cuartico de la terminal y nos desnudaron del todo, desnudos desnudos. Nos arrodillaron y nos empezaron a pegar, nos retiraron las maletas, se quedaron con otros dos celulares y las prestobarbas. A las dos chicas que viajaban con nosotros las manosearon”.
Lo que vino después es historia conocida. El micro con 62 extranjeros, entre ellos varios refugiados venezolanos, llegó hasta la General Paz. Allí, los controles policiales detectaron que una señora con la que compartían colectivo tenía fiebre.
Desde entonces Angelo y sus compañeros hacen la cuarentena en un hotel porteño. El Consulado colombiano, dicen, ya no responde las llamadas. “Nosotros no tenemos dinero y nuestras familias en Colombia están igual o peor”, se queja Angelo. “Si a nosotros no nos repatrían, ¿qué vamos a hacer?”.
