Federico Rey Ramírez estaba detenido en la unidad 23 del Servicio Penitenciario, en Florencio Varela. Anteayer lo sacaron muerto del techo: tenía ocho balazos, hay cien guardias sumariados. El enfrentamiento entre agentes penitenciarios y presos fue sangriento. Dicen que hubo una lluvia de balas de plomo.
Hoy Devoto está en llamas, los presos se amotinaron por la misma razón que en Varela. Dicen que no hay medidas necesarias para protegerlos del coronavirus. Algunos reclaman la libertad, otros que las condiciones mejoren. El problema de las cárceles es que no son ni sanas ni limpias. Proteger la vida y la salud de las personas privadas de libertad es una tarea para la que el sistema no está preparado.
El derecho a la protesta, al reclamo y a ser oídos tiene garantía constitucional y no queda suspendido por la imposición de una pena privativa de la libertad:
“Mucho menos si la persona encarcelada no ha sido condenada. El Estado, representado por los distintos servicios penitenciarios, debe garantizar y asegurar que las protestas pacíficas puedan ser llevadas adelante en forma segura y eficaz, de tal manera que los reclamos lleguen a sus respectivos destinatarios”, dijeron desde Asociación Pensamiento Penal.
Al momento hay al menos una persona privada de la libertad con coronavirus y sospecha sobre múltiples agentes penitenciarios que también lo tendrían.
“Las cárceles tanto provinciales como federales están en una situación extrema de sobrepoblación y hacinamiento”, dice a Cosecha Roja Mariano Lanziano, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “No hay espacio suficiente para hacer necesidades fisiológicas, ni para dormir, ni para higienizarse, ni para recrearse, ni para educarse: el hacinamiento produce una restricción de derechos en general de las personas privadas de libertad”. Esta situación que es estructural e histórica “hace eclosión en un contexto de pandemia mundial” por el simple hecho de que la única protección hasta tanto se de con una cura, una vacuna o tratamiento, es el aislamiento social. Es imposible pensar en el distanciamiento social en estas condiciones de hacinamiento”, concluye Lanziano.
Lo mismo sucede con la necesidad de higiene constante: la escasez de recursos es otra de las denuncias de los presos. Y a la sobrepoblación en cárceles se les suma, en la provincia de Buenos Aires, las comisarías que, además, no están estructuralmente diseñadas para alojar personas de manera permanente.
“La población privada de la libertad, además, plantea temores entendibles sobre la capacidad del sistema penitenciario de contener y prevenir un brote de la enfermedad cuando las condiciones de atención de la salud no están dadas para el sostén de las necesidades básicas de la población, todo lo cual se profundiza explosivamente con las injusticias estructurales que se viven desde hace tiempo en las cárceles”, denunciaron ayer en un comunicado conjunto más de cien colectivos, organizaciones y representantes de los derechos humanos.
Según dijo a Cosecha Roja Silvia Raggio -integrante de la Comisión Provincial por la Memoria- “las personas detenidas ponen en riesgo su su vida en huelgas de hambre y protestas sin otro fin que el de visibilizar la crítica situación en la que viven, aún cuando se sigan vías de diálogo como la presentación de escritos y recursos judiciales, que son vistos como insuficientes e ineficaces en la consecución de resultados concretos y efectivos”.
“A esto se le suma el difícil acceso a información oficial, que sea clara y precisa dentro de las cárceles. Estas situaciones, además, también ponen en riesgo al personal penitenciario que trabaja en las Unidades Penales”, señala Raggio.
