Por Bruno Bazán, desde Tucumán
Con 39 votos afirmativos y 8 negativos se aprobó la adhesión en la legislatura tucumana a la Ley Micaela. Era la única provincia que faltaba. Pero la norma aprobada tiene un cambio preocupante: la autoridad de aplicación no será la Secretaría de la Mujer de la Provincia ni el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; sino los titulares de los poderes del Estado. O sea: el gobernador Juan Manzur, el vice gobernador y Presidente de la Legislatura Osvaldo Jaldo y Claudia Sbdar Presidenta de la Corte Suprema de la Provincia.
Hace una semana el legislador tucumano Ricardo Bussi, presidente del Bloque de Fuerza Republicana, junto otros tres ediles presentaron un proyecto de ley para rechazar la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela y hacer una propuesta de capacitación diferente. En la fundamentación del proyecto se refirieron al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como una “Gestapo ideológica” y piden que ONGs de Tucumán supervisen los contenidos de las capacitaciones en violencia de género.
Hasta hoy, Tucumán era la única provincia del país que sin adherir a la ley 27.499 que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta no era la única deuda que el Poder Legislativo tiene para con las mujeres y la comunidad LGBTI. La provincia tampoco adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable sancionada en el año 2003, ni al protocolo de aborto no punible.
“En el artículo 1º queda en evidencia un absoluto desconocimiento con el conflicto que quiere venir a solucionar la Ley Micaela”, sostuvo la abogada feminista Soledad Deza sobre el proyecto de ley. “La capacitación debería empezar de manera inmediata y urgente con la gente con que elaboró el proyecto”.
Según Deza, “en el artículo 2, se usa un giro lingüístico a lo familiar o la apelación a los derechos de los niños. Quita de ámbito de aplicación al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y la secretaría de la mujer que vienen trabajando este tema en Tucumán y en cambio propone que el Estado articule con ONGs que trabajen derechos familiares”.
“Cuando sabemos que abiertamente en la provincia estas ONGs son las mismas que están en contra del derecho de las mujeres, de las disidencias, de la adhesión a la ley de salud sexual 25. 673, son las mismas ONGs que se tomaron foto en la legislatura con el vice gobernador de la provincia cuando se rechazó el tratamiento del cupo laboral trans. Sabemos que ese tipo de ONG para nada se ocupa de la igualdad de género”, dijo la abogada.
En la legislatura de Tucumán periódicamente se presentan proyectos que buscan impedir la adhesión de la provincia a los derechos y garantías fundamentales para la mujeres y la comunidad LGBT.
En la sesión de hoy Ricardo Bussi defendió el proyecto presentado con su bloque diciendo que se trataba de defender la libertad de pensamiento, dijo estar a favor de la lucha contra la violencia para con las mujeres porque entiende a las mujeres como “complemento” y desestimó que exista la desigualdad de género. “Hay empresarias, legisladoras, senadoras, presidenta de la Corte de Tucumán, ex Gobernadora”. Por último también atacó a la ley de identidad de género diciendo “¿Qué es la autopercepción? No me puedo autopercibir Superman y pedir que el Estado me reconozca”.
La contienda siempre se da argumentando que por una lado existen “los valores” que encarnan ciertos legisladores, y por otro lado las leyes de nuestro país y del sistema internacional de derechos humanos. En Tucumán, siempre hay legisladores en contra de las leyes.
Esta nota se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja.
