Entre el 20 de marzo y el 4 de mayo hubo 10.887 detenciones por motivos relacionados a la cuarentena, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En cuanto este número se actualice, puede que se duplique. ¿Asombra el dato? No tanto: desde que el Gobierno anunció el aislamiento social como medida de prevención contra el COVID-19 algunos policías empezaron a creerse superhéroes y mostraron su peor cara: maltratos, puteadas, arrestos ilegales, “cacerías para hacer número” y muertes.
Amnistía Argentina publicó un relevamiento de los casos y demanda al Estado una respuesta urgente frente al desborde de la violencia policial. “El ejercicio de las atribuciones otorgadas a las fuerzas de seguridad debe ser siempre en el marco del respeto y protección de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”, dicen en el informe.
Además de las detenciones hubo nueve casos donde la violencia fue al extremo: Valentino Blas Correa, Franco Maranguello, Florencia Magalí Morales, Luis Espinoza, Lucas Barrios, Mauro Coronel, Walter Ceferino Nadal, Facundo Scalzo y Lucas Nahuel Verón murieron en circunstancias que involucran de manera directa a la policía.
Facundo Astudillo Castro es un desaparecido en cuarentena y hay 16 policías imputados. El 30 de abril salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y pensaba hacer esos 125 kilómetros a dedo hasta la casa de su ex novia. La policía dice que lo detuvieron en un retén, le labraron un acta por romper la cuarentena y lo dejaron seguir. Pero Facundo nunca llegó a destino ni nadie más volvió a verlo.
La semana pasada la ministra de Seguridad Sabina Frederic fue a la Cámara de Diputados de la Nación para participar del debate en comisiones de una Ley contra la Violencia Institucional. “No sólo nos preocupa la violencia física que puedan llegar a cometer las Fuerzas de Seguridad, sino también aquellas formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas, como el racismo o la discriminación”, dijo Frederic.
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