Por Juan Salvador Delú*
“Las prácticas nepotistas han tomado el Poder Judicial de Tucumán”, dijo Mario Juliano, director ejecutivo regional de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea. Sus dichos fueron publicados en el medio tucumano La Gaceta.
Algunos días después Juliano recibió una consulta de veracidad sobre sus dichos. La pregunta no fue mediante un whatsapp, un llamado telefónico para intercambiar o a través de otro medio periodístico, sino por la tan solemne y performática carta documento.
Para quien no lo conozca, Juliano es una persona crítica del sistema judicial en general y por eso sus opiniones fueron relevantes para el portal. Con una pequeña búsqueda en la red, el lector podrá encontrarse con opiniones del mencionado sobre diversas temáticas que atañen a la justicia no solo de la Provincia de Buenos Aires, sino más bien de lo que Gieco y Santaolalla podrían haber llamado un “de Ushuaia a la Quiaca”.
Es vox populi: nadie quiere recibir una carta documento, mucho menos en su lugar de trabajo. Muy de la televisión de los 2000, cuando era un retruque oportuno en cualquier discusión: te voy a mandar una carta documento. Ahí el imaginario: si la recibo es porque estoy en problemas. Es una sensación parecida a cuando escuchamos un patrullero y alguien hace el chiste: “te vinieron a buscar”.
La carta documento cita fragmentos de la entrevista y un pedido de rectificación o ratificación mediante aclaración de “reservarse las posteriores acciones judiciales pertinentes”.
Si bien el demandante forma parte del poder judicial tan mellado (?) por los dichos de Juliano, envió este mensaje en su carácter de juez vocal de la Corte. Y como si fuera poco, se aclaraba también que sería remitida al Sr. Presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
This is the question: ¿es un reclamo individual o institucional?.
El demandante (aunque no esté claro cuál es LA demanda) salió a responder en términos personales una crítica que se le hizo a una institución. ¿Se puede sentir agredido en materia íntima alguien cuando no fue aludido de manera directa, ni con eufemismos, alias, o lo que sea? Claramente no. Si no cabe el sayo, nadie se lo pone.
¿Podría existir una ofensa que difame a una institución y que por carácter transitivo un funcionario se sintiese dañado en su honor y moral? Sabrá el demandante que en ese caso, siendo un magistrado y sometido al debate público, lo único que podrá hacer es demostrar la real malicia de quien hizo tales aseveraciones. Ahora bien, aunque esos dichos hubiesen sido a alguien en particular (nepotismo, familia judicial, etc) ¿podría ser esto algo judicializable?
Si un manifestante sale a decir que la institución policial tiene que ser modificada por ciertos manejos espurios ¿debería ir a dar las pruebas de tales afirmaciones? Una movilización que levante banderas de “justicia patriarcal“ ¿debería ser demandada vía telegrama masivamente?. Más allá de lo auspicioso para la reactivación del correo argentino, claramente el debate social sería imposible y estaríamos en una telaraña judicializada.
¿Estamos entonces frente a las puertas de un nuevo New York Times vs. Sullivan, en la cual un jefe policial se sintió agredido por una solicitada crítica a la cúpula y demandó al diario? Si bien no se nos escapa que el señor Juliano es juez de la Provincia de Buenos Aires y le caben las mismas responsabilidades que al demandante, es este un caso donde las dos posturas encontradas dan cuenta de cómo hacer avanzar una democracia: más debate, o menos debate.
La opinión de Juliano es sobre un tema de interés general, no de una persona en particular. Y las instituciones no se ofenden por los dichos, ni piden indemnizaciones, simplemente, se construyen y ponen en juego con el debate. Un insulto no es un derecho, pero la opinión y la crítica sí, y deben ser los funcionarios quienes hagan el máximo esfuerzo para salvaguardar aquello que costó tanto conseguir.
Discusiones, contrapuntos y debates, deben darse en marcos sin presiones de desacatos, difamaciones, injurias, disciplinamientos y revoleos de cartas documentos.
En 2011 Juan Pablo Schiavi, quien era secretario de transporte, querelló al secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, por considerar que sus declaraciones en diversos medios de comunicación acerca de la situación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas constituían “un ejercicio abusivo de la libertad de expresión”. El representante de APTA había calificado al ex -secretario de Transporte de cuatro cosas: irresponsable, ignorante, mentiroso y funcionario de Grosso. El lector sabrá cual ofensa le parece más grave. Aún así, la Justicia señaló que “el tenor de las manifestaciones vertidas se encuentra protegido por el derecho a la libre expresión en cuanto forman parte del ardoroso debate que debe existir en una nutrida democracia”, y sobreseyó a Cirielli. Hasta en este caso, muy distinto al analizado, prevaleció el interés por el debate.
Hace algunos años, en un artículo de opinión, Juliano señalaba: “párrafo aparte para quienes integramos el Poder Judicial y, particularmente jueces (…) una verdadera casta, ensimismada, paranoica, abstraída del concepto integral de los funcionarios públicos, remisa a vincularse con el resto de la sociedad, caracterizada por la inseguridad”.
Los funcionarios judiciales son parte de la sociedad, ejercen miradas políticas, tienen opiniones y visiones sobre el funcionamiento de las instituciones y están propensos a las críticas. Es probable que existan expresiones desmesuradas o hasta injustas pero es un riesgo que la democracia debe habilitar y nunca disciplinar.
Todxs tenemos un rol que jugar para que la cuestión sea verdaderamente plural, pero el esfuerzo lo debe hacer mayormente quien tiene el manejo de la cosa pública.
¿Dónde termina esta historia? No lo sabemos. ¿Pone en juego la República? Claramente no, pero nos sirve como excusa para debatir qué tipo de comunidad estamos buscando.
*Director de Comunicaciones de la Asociación Pensamiento Penal
