Si no fuera por la imagen de un diputado chupándole la teta a su mujer en plena sesión virtual, muchxs no se hubieran enterado de que el diputado Juan Emilio Ameri desde antes de asumir tenía denuncias públicas por acoso hacia una mujer menor de edad. En 2011, Ameri hostigó y amenazó a una periodista. Desde esos años la conducta violenta y maltratadora del ahora ex diputado era un “secreto a voces”. Incluso dentro de la propia agrupación en la que él militaba en Salta.
¿Cómo y por qué un hombre con estos antecedentes llega a ocupar una banca en el Congreso de la Nación? Ameri no está vinculado a ninguna causa judicial, pero fue señalado públicamente en varias oportunidades y repudiado por agrupaciones feministas.
“Mucho más grave que la situación de ayer, que es repudiable porque ahí hay un hombre que asumió un cargo sin la responsabilidad y capacidad para hacerlo, es lo que había sido denunciado antes”, dice a Cosecha Roja la politóloga Paloma Dulbecco, del espacio de géneros Micaela García, y remarca que “incluso había un comunicado antes de las Elecciones denunciando no sólo a esta persona sino también a quienes lideran, a quienes tienen la lapicera en el armado de listas”.
Ese comunicado se tituló “El movimiento feminista de Salta no quiere varones violentos en la política”. Se publicó antes del cierre de listas para las elecciones de 2019 con la adhesión de la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito – Regional Salta”, “Kolina Feminista”,“Tupac Amaru Salta” y “La Fuerza de las Mujeres”, entre otras organizaciones.
Para Dulbecco estas situaciones “tienen que ver con un contexto que habilita este tipo de tratos y situaciones de acoso, menoscabo y menosprecio hacia las mujeres y diversidades”.
“Que las denuncias previas contra Ameri hayan sido subestimadas evidencia que el armado de las listas y las decisiones políticas siguen siendo algo definido por varones”, opina Victoria Freire, referente de Mala Junta y coordinadora del Observatorio de géneros y políticas públicas. Para ella, “hay ámbitos donde eso comienza a transformarse fundamentalmente por el rol de las mujeres, lesbianas y trans haciendo política, que muchas veces logran romper esas lógicas. Pero la política sigue siendo un ámbito corporativo masculino”.
Ambas coinciden en que el escándalo de ayer es preocupante no sólo porque hay un funcionario público que no está cumpliendo con su deber, sino porque la trascendencia ayuda a la “antipolítica”. “Situaciones como estas tienen un costo enorme en términos de representación: nos alejan de la política y nos llevan a pensar que nada puede cambiar”, dice Dulbecco.
Para Freire “un desenlace de este conflicto puede implicar un desprestigio o deslegitimación de la política como herramienta de construcción. Y eso es preocupante porque la política es la herramienta de transformación y la participación de mujeres, de lesbianas y trans en política puede implicar un fortalecimiento de la democracia, una mayor pluralidad”.
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El caso de Ameri no es una excepción en la política argentina. En noviembre de 2019, la sobrina del senador nacional José Alperovich hizo pública la denuncia por abuso sexual contra el también ex gobernador de Tucumán, que fue presentada en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual de Tucumán y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Buenos Aires. La mujer lo acusa de reiteradas violaciones que se produjeron entre fines de 2017 y mayo de 2019, cuando ella trabajaba como empleada de él. Desde entonces, Alperovich está de licencia sin goce de sueldo en el Senado y la causa judicial sin avances.
El legislador tucumano Ricardo Bussi fue acusado en junio de este año de abuso sexual y usurpación de la identidad por Lupe (el nombre que se usó para difundir el caso), una mujer de 26 años que trabajaba con él. La denuncia fue presentada en la División de Delitos contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán y luego ratificada en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual. Aunque el pedido de desafuero está pedido, la jueza aún no se expidió y por eso Bussi aún no puede ser juzgado.
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el concejal Emilio Maldonado fue denunciado en diciembre del año pasado por abusar sexualmente de dos nenas de 10 y 13 años. Cuando se hizo pública la denuncia, en junio de este año, Maldonado renunció a su cargo. Este jueves le dictaron procesamiento con prisión preventiva y lo detuvieron.
“La política institucional o construida desde las organizaciones no es ajena a las desigualdades de género que se viven en la sociedad. Pero la política se tiene que hacer cargo de esa desigualdad estructural y de las lógicas misóginas instaladas a lo largo de muchos años”, apunta Freire. ¿Cómo salir de esas lógicas machistas? ¿Alcanza con la participación de las mujeres, lesbianas y trans?
Las herramientas para propiciar el cambio hacia una construcción política más justa están pensadas pero en muchos casos no se aplican: la Ley Micaela, la elaboración de protocolos sobre violencia de género hacia adentro de las organizaciones, las capacitaciones en género, la Educación Sexual Integral.
“Que haya mujeres no garantiza que haya una transformación en un sentido feminista, pero sin nuestra participación en términos de paridad, nunca va a haber una transformación posible”, dice Freire. “La paridad y la ley de cupo permite que exista una apertura de ámbitos que son corporativos donde oficia una complicidad masculina que subestima la agenda del movimiento feminista, que subestima denuncias y situaciones de acoso”, agrega.
Para Freire “es una contradicción que una persona con un rol en la función pública y un representante político tenga denuncias de acoso y de violencia de género. Debería ser inaceptable al momento de pensar y decidir quiénes ocupan espacios de poder. Y hacia eso tenemos que ir”.
