Por Basi Velázquez*
Su pareja la había violentado en plena calle una madrugada de otoño. Ella fue a la comisaría más cercana y él la siguió. Entró a la seccional con él al lado y el personal policial la ignoró, se subió a un móvil y la dejó con su agresor. Él intentó convencerla de que no hiciera la denuncia, pero ella esperó. Cuando los policías volvieron, advirtieron que seguía ahí, ahora sola.
-¿Qué te pasa, gordita? ¿De dónde venís?- le dijeron.
Todo sumó a la serie de maltratos que vivió esa noche.
El agresor, Cristian Bazán García, fue imputado por los delitos de “daños” y “lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja”. El 31 de agosto último se sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado Correccional de Tercera Nominación de la Provincia de Catamarca.
El juez Javier Herrera lo halló culpable y lo condenó a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso. También dispuso que por el término de tres años cumpliera con pautas de conducta, que no se acercara a la denunciante ni a su familia y que realizara un tratamiento psicológico para controlar sus actitudes violentas.
Además, tras haber prestado atención al relato de la denunciante, ordenó que el personal policial de la Comisaría Octava, de la zona norte de la Capital catamarqueña, recibiera capacitación en materia de género.
A criterio del juez Herrera, los policías demostraron una actitud de “discriminación estructural” hacia la mujer y, a la vez, de la falta de concientización en materia de violencia de género.
“Lejos de contener a la mujer víctima de un hecho de violencia, optaron en un primer momento por retirarse del lugar, y a su regreso, utilizaron expresiones reñidas con la sensibilidad que la situación y la condición de mujer víctima de violencia requerían. Lo expuesto implica la necesidad de una mayor intensificación en la capacitación del personal policial en materia de violencia de género, respondiendo a la exigencia de capacitación de todos los agentes del Estado, de conformidad a la Ley Nacional 27.499 –conocida como Ley Micaela-”.
Nuevas prácticas
En los fundamentos, el magistrado advirtió que se deben cumplir con las obligaciones previstas en la Convención de Belem Do Pará, que implican instar a la modificación de este tipo de prácticas y procurar la reparación integral de la víctima de violencia de género. “En cuanto a la reparación integral, como bien es sabido, no solo abarca a la reparación económica, sino también la reparación simbólica, como forma de dignificar a la víctima y como recuerdo del contexto de violencia institucional que ha padecido, que el Estado se compromete a evitar en el futuro”, señaló.
Para Herrera, resultó “justo y razonable” ordenar que se emita una copia de la declaración de la denunciante al Jefe de Policía de la Provincia de Catamarca, a los fines del inicio de las actuaciones administrativas pertinentes, frente a la conducta asumida por personal de la Comisaría Seccional Octava. A la vez, sugirió “la intensificación de la capacitación del personal policial en materia de violencia de género, para evitar la reiteración de hechos como los relatados en esta sala de debate”.
*Periodista de Catamarca
