Por Arlén Buchara en El Ciudadano
El 28 de septiembre el pedido de “aborto legal ya” recorrió Latinoamérica y se sintió con fuerza en Argentina con el reclamo del tratamiento del proyecto de ley antes de que termine el 2020.
Es sabido que el presidente Alberto Fernández no sólo se pronunció a favor de la legalización y despenalización del aborto sino que, por primera vez en la historia, anunció que el Poder Ejecutivo mandará un proyecto propio al Congreso Nacional. También es sabido que esa presentación quedó en suspenso por la pandemia de coronavirus, que sigue en crecimiento en la Argentina y muda su foco del Amba al resto del país poniendo en jaque los sistemas de salud de varias provincias.
Pero la deuda con las personas gestantes sigue y los tiempos para el tratamiento legislativo durante este año se acortan. Por eso, en los últimos días tomó fuerza la noticia de que el envío del proyecto será en las próximas semanas. En esta nota repasamos cuál es el panorama que tenemos enfrente y por qué desde las organizaciones plantean que es urgente que el 2020 el aborto sea ley.
¿Por qué los tiempos se achican?
El 20 de noviembre es el último día para que las comisiones de las dos cámaras emitan dictamen, mientras que el 30 de noviembre termina el período de sesiones ordinarias. De no presentarse y tratarse antes de esas fechas, el debate pasará al año que viene, a menos que sea incluido por el presidente en sesiones extraordinarias. Por eso, las próximas semanas serán clave.
¿Cuáles son los problemas que aparecen si se pospone el debate al 2021? Obviamente muchos. El primero, sin dudas, es que sin aborto legal las personas gestantes están en riesgo. Según estimaciones oficiales, en Argentina se hacen entre 300 mil y 500 mil abortos al año, que equivalen a 54 por hora. Además, hay 50 mil internaciones anuales por complicaciones. Desde el regreso de la democracia hasta 2016, al menos 3.040 mujeres murieron por abortos practicados en condiciones inseguras. Durante los seis meses de pandemia hubo al menos tres mujeres muertas más. Todas se hubiesen evitado con un contexto de garantía de derechos por parte del Estado.
Otro punto que remarcan desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es que el proyecto ya se debatió ampliamente en 2018, con más de 700 personas que dieron su opinión en comisiones y casi 2 millones de personas en las calles. Por eso, insisten en que es necesario que se apruebe la ley para avanzar en la reglamentación, que será un largo camino.
Posponer el debate tiene detrás otro problema que es el contexto político: el 2021 será año electoral, lo cual puede posponer un año más la discusión parlamentaria.
Sobre el proyecto y el debate parlamentario
El proyecto del Poder Ejecutivo fue anunciado por el presidente en la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo de 2020. Estaba previsto que fuera presentado a mediados de ese mes, pero quedó en suspenso por la llegada del covid-19. Fue redactado por Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario.
Si bien no se conoce la letra chica de su contenido, sigue los lineamientos del proyecto presentado en mayo de 2019 por la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que estipula el aborto voluntario para todas las personas con capacidad de gestar hasta la semana 14 de embarazo. La iniciativa de la Campaña recoge los seis meses de debate de 2018 y fue redactado en el verano de 2019 a partir del consenso de las más de 500 organizaciones que la integran. Es un proyecto que tiene estado parlamentario y desde la Campaña piden que sea tratado junto con la iniciativa del Ejecutivo.
Pero, ¿por qué no se trata solo? Porque no es lo mismo contar con el apoyo del Poder Ejecutivo y el impulso del gobierno nacional que no tenerlo. Un ejemplo claro es el debate de 2018. El ex presidente Mauricio Macri habilitó la discusión tras la movilización popular del pañuelazo de febrero de 2019, pero después no hizo mucho más. Al contrario, con el correr de los meses fijó posición en contra. La construcción de consensos políticos en las cámaras fue tarea individual de legisladores y legisladoras de todos los bloques en alianza con la Campaña. En Diputados se logró la media sanción, pero en el Senado se chocó con un voto mucho más conservador. En este punto fue también fundamental el rol de quienes conducían las cámaras, ya que Gabriela Michetti no sólo se pronunció en contra sino que fue la cara del lobby de los grupos fundamentalistas en el Senado.
Por eso, que el debate sea habilitado e impulsado por el Poder Ejecutivo es un punto a favor en la lucha por la aprobación de la ley porque habrá una directiva clara hacia el propio bloque del Frente de Todos y tendrá a los presidentes de las dos cámaras al frente de la discusión. Y acá aparece otro punto a favor: tanto Sergio Massa como Cristina Fernández apoyan la legalización.
Otro de los vientos a favor está en las comisiones. Las cuatro por las que debe pasar en Diputados tienen a cargo legisladores a favor de la legalización del aborto: Cecilia Moreau del Frente de Todos (FDT) en Legislación General; Carolina Gaillard (FDT) en Legislación Penal; Pablo Yedlin (FDT) en la de Salud; y Mónica Macha (FDT) en la de Mujeres (una de las comisiones en las que se subdividió la extinta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia). En 2018 estaba dividido mitad y mitad.
¿Y los votos?
Mucho se dice sobre el poroteo y la gran pregunta es si están garantizados los votos. En la Cámara de Diputados el triunfo se da por descontado, en el Senado es más ajustado. Pero más allá del voto a voto, lo más importante en este debate serán los acuerdos políticos que genere el gobierno y las alianzas que se tejan en las cámaras. Y saber que nada está dado o cerrado. Ya lo vimos en 2018 cuando hasta último momento en Diputados no daban los números. O en 2010 cuando el matrimonio igualitario parecía que no salía y a la madrugada el Poder Ejecutivo fue clave para dar vuelta un resultado adverso. Vilma Ibarra anticipó hace unos meses que para ella el proyecto debe llegar con las condiciones garantizadas para su aprobación. Y todo parece indicar que sopla viento verde.
¿Y la pandemia?
Los motivos que dio el presidente para posponer el debate fueron que quería que el Ministerio de Salud y el ministro Ginés González García estuvieran al frente de la discusión, algo difícil en tiempos de pandemia.
Nadie esperaba, sin embargo, que el impacto del covid-19 fuera tan prolongado. De hecho, el peor momento está sucediendo ahora, con el traslado del foco del Amba al resto del país y los sistemas sanitarios de varias provincias al límite. El escenario que se quiso evitar durante todos estos meses se vuelve una realidad en el mal llamado interior. Cuando en el Amba la ocupación de camas nunca superó el 70 por ciento, en ciudades como Rosario está arriba de 90. En este contexto, puede haber posiciones que marquen que no es momento y también puede ser una dificultad el clima de polarización. Por lo que, de nuevo, serán claves los acuerdos políticos.
Lo cierto es que en pandemia los derechos sexuales y reproductivos están aún más en riesgo. Con los sistemas de salud enfocados en la atención de covid-19 y las medidas de aislamiento, distintos organismos nacionales e internacionales advirtieron que puede haber retrocesos para personas gestantes. Según un estudio del Instituto Guttmacher, una disminución del 10 por ciento en el acceso a la atención por el impacto del covid-19 en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones riesgosas. Además, con esta estimación calcularon que podría haber 15 millones de embarazos no deseados, 28 mil muertes de personas gestantes durante este año y 49 millones de personas tendrían insatisfechas sus necesidades en el acceso a los anticonceptivos.
En Argentina los servicios de salud sexual y reproductiva fueron considerados esenciales desde el primer día, lo que significa que cualquier persona que necesite acceder a una ILE puede hacerlo, al igual que a métodos anticonceptivos. Todavía no se conoce el impacto de la pandemia en la salud sexual, pero desde Rosario (conocida como capital del aborto legal) surgen algunos indicadores que preocupan. En los primeros seis meses del año, 279 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública. La cifra es casi un 60 por ciento más baja que el mismo período de 2019, cuando fueron 650. Si bien todavía es prematuro tener explicaciones, una de las hipótesis es que la pandemia pudo haber influido negativamente en el acceso de las mujeres al aborto legal. Si esto ocurre en la ciudad que no registra muertes por abortos clandestinos desde 2012, la alarma debe ser mayor en lugares donde esos derechos ni siquiera están garantizados.
