Por Luciana Sánchez
Voy a empezar por un final que no pudimos evitar. Represento a la familia de Romina Fernández, quien falleció en el hospital Sanguinetti de Pilar en agosto de 2018, el día que, con otra composición, el Senado rechazó el proyecto de ley presentado entonces. Se está investigando con mucha dificultad por qué Romina, que fue atendida en un hospital cuyo director era objetor de conciencia así como el equipo medico que atendió su internación pos aborto, no recibió la atención médica debida y tuvo una muerte horrible y evitable, por una práctica que cuesta hoy 8 mil pesos, y puede costar 400 pesos. A sus hijas quiero decirles que Romina está presente con nosotres en esta nueva oportunidad de discutir este proyecto.
Ayer escuchamos al Ministro de Salud brindar nuevamente algunas cifras que parecen siderales. Quiero ofrecer en este sentido, y a modo de evidencia corroborativa, lo que ha sido la trayectoria de Lesbianas y Feministas por la Descriminalziacion del Aborto, que funcionó entre agosto de 2009 hasta agosto de 2018.
Hace diez años, Verónica Marzano nos propuso a lesbianes, mujeres, travestis, maricas y varones cis y trans, organizarnos en una respuesta frente a la ausencia de recursos, prestigio y acceso a derechos que causa la crisis sanitaria del aborto, y lanzar la línea telefónica “Aborto: más información, menos riesgos” y el manual Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas.
Nos organizamos de la misma manera y en la inscripción histórica de lo que fue la organización de la comunidad LGTBIQ+, que fue fundamental para contener la crisis del SIDA.
Cuando se prohíbe el aborto, se prohibe también la circulación de ideas. Y no se le prohíbe a cualquier sector, sino a las personas con capacidad de gestar, y a las mujeres.
Se considera que por tener útero, o por ser mujeres, no debemos tener derecho a determinado tipo de conocimiento, por ejemplo, información sobre aborto seguro, o sobre nuestros derechos en la atención posaborto, o a saber que obras sociales y clínicas son objetorxs de conciencia, antes de afiliarnos.
Así, habíamos llegado a 2009 sin tener a disposición información sobre misoprostol y cómo usarlo para evitar correr riesgos frente a un aborto o posaborto inseguro, clandestino, o cómo evitar estafas en las farmacias o frente a médicxs dudosos.
Esta información había sido publicada por la OMS en 2003, y el misoprostol formaba ya parte desde 2005 junto a la mifepristona de la lista de medicamentos esenciales que no pueden faltar en ningún país para asegurar la salud sexual y reproductiva. Antes del misoprostol ningún método había sido considerado seguro por la OMS para abortar en casa.
Lo primero que nos llamó la atención es que nos llamaban mujeres de todas las clases sociales y edades, de todas las provincias, muy diferentes, pero todas tenían algo en común: haber intentado abortar y la falta de información. Muchas ya habían abortado un embarazo anterior, y aún así no podían referirse a su propia experiencia. Les había sido expropiada por el temor, por la anestesia, por el miedo a ser denunciadas o estigmatizadas como asesinas en su trabajo, en su barrio, en su iglesia.
Durante diez años, nos llamaron ininterrumpidamente, cada año, 5 mil personas gestantes. Hablábamos con casi todas, más de una vez.
Pudimos sistematizar una serie de prácticas y experiencias sobre las prácticas de las personas gestantes y mujeres que abortan en la clandestinidad.
Uno de los hallazgos más significativos de todo este proceso, es que a todes les gestantes que requieren abortar, les preocupa hacerlo lo antes posible. A nadie le gusta y nadie prefiere abortar un embarazo avanzado y todes, sin excepción, intentan abortar embarazos que sean lo más temprano posible.
En Argentina casi la totalidad de las mujeres llama a la línea antes de la semana 12 de embarazo cumplida, y 55 % de las mujeres ya había usado las pastillas de misoprostol o ya las había comprado antes de llamar a la línea.
Analizamos la información llamando aborto tardío, a quienes tienen 10 o más semanas de embarazo, porque serán con la ley dos semanas para acceder a un efector no objetor, y otras dos semanas por el plazo de diez días. Así que consideramos esta información presentada de este modo, es pertinente.
Solo el 4 por ciento de los llamados a la línea fue por embarazos de más de 20 semanas.
Comprar misoprostol a través del mercado informal le costará entre 30 días de trabajo a una mujer cuyo ingreso mensual es de $16.000. Desde el segundo trimestre del embarazo en adelante, todos los métodos de aborto se consideran más riesgosos, por lo que actuar con rapidez es clave. Como resultado, las mujeres quedan excluidas de la posibilidad de un aborto seguro si no pueden pagar los precios informales del mercado durante el primer trimestre del embarazo. En septiembre pasado, una familia tipo necesitó contar con ingresos de $47.216 según indec para cubrir la canasta básica.
Para evitar los abortos de embarazos avanzados, es necesario garantizar un acceso legal a los abortos tempranos. Esto es lo que ha demostrado la línea.
La política es simple: confirmar el embarazo lo antes posible, acceder a la información correcta y los métodos seguros sin obstáculos, si la decisión es abortar. Garantizar la atención pos aborto descriminalizada y no objetora.
Quiero felicitar por lo acertado del proyecto en sentido de proponer regular no la vida y la muerte, sino el acceso a una serie de prácticas que son cotidianas, y que requieren la actualización de esa regulación.
La actual política de salud debe actualizarse en base a la información científica, la tecnología y los avances de las políticas públicas.
Asegurar una prevención eficaz del aborto inseguro requiere salvaguardar un amplio acceso a métodos de aborto seguros, sólidos y baratos. Esta política también permite resolver la barrera que plantea la crisis de recursos humanos que enfrenta Argentina y común a los países de América Latina: la falta de proveedores médicos capacitados y dispuestos a asumir el aborto.
