Román Moyano es el secretario Gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (Smata). Fue detenido este martes por la mañana en la puerta de la fábrica de motos Guerrero de San Lorenzo bajo la acusación de bloquear junto con los 23 trabajadores despedidos el ingreso a la planta. El trabajador será imputado este miércoles acusado de “instigar” la medida de fuerza. Voceros de distintos gremios se solidarizaron con el dirigente sindical despedido y manifestaron su preocupación, ya que lo ven como una manera de actuar a futuro del Estado, ya que la medida fue concretada por la Policía a instancias del fiscal Aquiles Balbis, a en este tipo de situaciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe se desmarcaron. “No compartimos la criminalización del conflicto gremial, no es nuestra postura”, detalló la directora regional de la cartera, la histórica sindicalista Rita Colli, quien aseguró que desde octubre están mediando y abriendo el diálogo para intentar solucionar el problema, pero la empresa judicializó el conflicto y desconoce las medidas dictadas por el Ministerio de Trabajo, entre ellas la conciliación obligatoria.
La funcionaria Colli recordó que el conflicto se inició en octubre último, cuando un grupo de empleados se solidarizó con un trabajador despedido. Desde ese momento, comenzaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero pese a que se declaró la conciliación obligatoria, y la empresa asistió a varias audiencias, Guerrero optó por tomar la vía judicial.
Cancha inclinada
Frente a la planta de Guerrero se vivieron momentos terribles. A mediados del pasado diciembre, cuando la protesta de los empleados y Smata lleva más de una semana en la puerta, el dueño de la firma pateó un elemento prendido fuego e incendió el vehículo de uno de los trabajadores, lo que se pudo ver en un video. La empresa dio su versión: argumentó que el auto bloqueaba la entrada, que el dueño pateó una cubierta ya que el humo no le dejaba ver bien y eso produjo el desenlace.
La empresa siempre estuvo custodiada por efectivos de la Policía. Incluso los uniformados provinciales fueron los que permitieron el ingreso de “trabajadores nuevos”, cuando la protesta estaba ya instalada en la puerta.
Incluso en esas circunstancias se vivieron horas dramáticas cuando uno de los despedidos, padre de cinco hijos, se roció con combustible e intentó prenderse fuego.
Insólita detención
Marcelo Barros, secretario General de Smata, sostuvo que es insólito que un trabajador esté reclamando y lo detengan. “La empresa incumplió con todo. Despidió a trabajadores sin causa, algo que no se puede, no fue a ninguna audiencia y ahora acusan a un dirigente gremial de instigador”.
Barros recordó que, en la época de mayor crisis, tanto el gremio como los trabajadores apoyaron a Guerrero y la firma logró acceder todos los beneficios que el Estado le otorgaba a partir de la crisis por la pandemia de coronavirus. “Ayudamos a tramitar el ATP, incluso aceptamos menos salario y de un día para el otro empiezan con este conflicto”, describió el sindicalista.
Celosa custodia
Barros sostuvo: “Al dueño de la fábrica lo custodian todos los días 12 patrulleros, 6 de cada lado, cuando entra y cuando sale, y cuando nosotros los citamos al Ministerio de Trabajo no se presenta y la Policía no lo encuentra”.
“Y este martes cuando cuatro compañeros que están desesperados se instalaron y se encadenaron a los portones, el fiscal Aquiles Balbis hizo detener a nuestro secretario Gremial y llevarlo a la comisaría. El fiscal nos dijo que hasta mañana (por el miércoles), cuando sea la audiencia, va a estar detenido”, describió el accionar del Estado en el conflicto gremial.
Repudio y alerta
Distintos dirigentes gremiales consultados por El Ciudadano manifestaron su preocupación por la criminalización de la protesta, lo que puede marcar una manera de resolver los conflictos en la provincia de prosperar esta manera de actuar del Ministerio Público de la Acusación, que en San Lorenzo depende de la Fiscalía Regional Rosario.
Antonio Ratner, referente de los Municipales, sostuvo: “Nosotros rechazamos la intervención del Estado en este caso. El gobierno no puede mirar para un costado. Es un caso que se tiene que resolver en el Ministerio de Trabajo y, si la empresa no acude, hay que llevarla por la fuerza pública”.
Por su parte, Antonio Donello, titular de la Unión Obrera Metalúrgica, sostuvo que desde la Justicia “están coartando la libertad gremial; si no nadie va a poder expresarse porque va a ir preso”.
“Estamos en democracia; se tienen que presentar a las audiencias y resolver el conflicto”, cerró el dirigente metalúrgico.
*Esta nota fue publicada originalmente en El Ciudadano
