*Por Francisca Mayorga desde Chile
Foto cortesía de cooperativa.cl
Francisco Martínez Romero estaba haciendo malabares en un semáforo en Panguipulli, al sur de Chile, cuando un grupo de carabineros le pidió que mostrara su documento. Tras decir que no y resistirse a ir a la comisaría, un policía le disparó al menos cuatro veces. Fue el viernes 5 de febrero a las 15:31 y el malabarista de 27 años murió en el acto. Las balas salieron del arma del carabinero Juan Guillermo González, quien este lunes fue imputado por homicidio simple. Más tarde, un video reveló cómo el joven era acorralado por González y por el otro carabinero que participó en el procedimiento: Cristián Moraga.
El crimen volvió a encender al país con protestas en contra del accionar de las fuerzas de seguridad que perdieron credibilidad en los últimos años: a enero del año pasado sólo el 17% de la población chilena confiaba en Carabineros. A la indignación social se sumó la noticia de que Francisco Martínez era el tío del joven al cual un funcionario policial presuntamente lanzó al río Mapocho, en Santiago, durante una manifestación.
La versión de la fiscalía apunta a que el carabinero actuó justificadamente, más allá que las imágenes muestran que el malabarista fue acorralado. Según expuso el fiscal Marcelo Leal en una audiencia que se hizo este lunes, las pruebas recabadas por Policía de Investigaciones de Chile (PDI) incluyen las cámaras y los testimonios de carabineros y de una comerciante y apuntan a que el policía disparó 6 veces. Lo hizo después de que el joven rechazara un control de identidad y se le acercara “en actitud amenazante” alzando 2 de los 3 machetes que portaba para realizar sus espectáculos callejeros.
La dinámica de los hechos, siempre de acuerdo con lo que concluye la PDI, fue la siguiente:
Martínez estaba haciendo malabarismo con 3 machetes en un semáforo de la ciudad y después se sentó afuera de una tienda. En ese momento el sargento -acompañado de otros dos policías (Moraga y Jocelyn Carvajal)- le solicitó su documento de identidad, lo cual rechazó así como ir con ellos a la comisaría.
Según el fiscal, el joven se puso de pie “levantando sus machetes con intención de agredir al sargento”, quien retrocedió, desenfundó el arma y disparó al piso. Entonces, Francisco Martínez se escondió detrás de una caja metálica y levantó el cuchillo. En ese minuto, González disparó dos veces. Una de las balas impactó en la caja y la otra en la pierna derecha del malabarista, quien acto seguido “se abalanzó hacia el sargento”, dijo el fiscal. A una distancia de 1,5 metros, el policía le volvió a disparar, hiriéndolo de nuevo en la pierna y dos veces en el tórax. La última, según la teoría fiscal, habría sido la bala que le provocó la muerte. En total, el policía disparó seis veces y cuatro de los tiros fueron al cuerpo del malabarista.
Esta versión fue puesta en duda la tarde del lunes cuando se viralizó otro video que muestra el momento del homicidio y cómo el malabarista fue acorralado por los dos policías.
La parte querellante también tuvo otra versión. En la audiencia, el abogado Rodrigo Román, que representa a la víctima, dijo que González disparó hacia el corazón de Martínez, de forma “innecesaria”, “lo que constituye una circunstancia alevosa”, pues, agregó, el joven no tenía posibilidad de defenderse.
En la misma dirección apuntó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Expuso que “estamos ante una violación de los Derechos Humanos y no procede la legítima defensa”, dado que Martínez se encontraba en el piso cuando es baleado, inicialmente, por el policía. Asimismo, la abogada representante del INDH, Elisabeth Matthei, dijo que “el empleo de armas letales es justificado cuando exista un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el carabinero o cualquier otra persona”.
Tras la muerte del malabarista, el viernes por la noche fue incendiada una comisaría de Panguipulli, su municipalidad y oficinas de servicios públicos. El caso conmocionó a Chile, registrándose barricadas y ataques a vehículos policiales en otras regiones del país.
La policía uniformada ha perdido credibilidad en los últimos años: sólo el 17% confía en Carabineros, según la encuesta CEP de 2020. En octubre pasado otro joven -coincidentemente sobrino del malabarista, según dijo su hermana- fue presuntamente lanzado al río Mapocho, en Santiago, por un funcionario durante una manifestación.
A propósito del estallido social, que originó una serie de protestas durante 2019, el INDH había presentado, a septiembre pasado, 2.499 querellas por delitos de lesa humanidad, 2.329 las cuales se dirigían en contra de carabineros.
Hace una semana, además, se informó que el ex carabinero que mató al comunero mapuche Camilo Catrillanca fue condenado a 16 años de cárcel. En la investigación de este crimen se reveló que los policías involucrados fueron “obligados” a mentir. También en la Araucanía se investiga, desde 2018, la supuesta manipulación de pruebas de parte de carabineros, para incriminar a otros comuneros mapuche por asociación ilícita terrorista. La investigación de la denominada “Operación Huracán” está en suspenso, por determinación del Tribunal Constitucional.
Finalmente, la institución está siendo investigada desde 2017 por la malversación de $28 mil millones (US$ 38,090,052,00) desde su dirección de finanzas, entre 2006 y 2017. En 2019 la fiscalía cerró la investigación, con 136 formalizados.
El 10 de diciembre de 2020, en el día internacional de los Derechos Humanos, el Presidente de Chile Sebastián Piñera informó que el gobierno está impulsando la modernización de carabineros, “con énfasis en crear una cultura de respeto a los DDHH”. Por el contrario, y tras el crimen del malabarista, parte de la oposición (el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista) hicieron un llamado a reformar y refundar la institución.
*Francisca Mayorga es periodista e integra el Laboratorio de Periodismo Situado de Cosecha Roja
