Por Iris Gallardo
“Quiero llegar a tener mi propio merendero para darles de comer a todas las pibas y todos los pibes”, repetía Daniela Altamirano y se le dibujaba una sonrisa en la cara. Era su sueño, su objetivo de vida. También soñaba con terminar la escuela primaria porque no sabía leer ni escribir. Pero lo que más quería era recuperar a los dos hijos y tres hijas, cuya custodia le sacó el Estado. Tenía 30 años y falleció a comienzos de febrero durante el parto de su última hija en un hospital de José León Suárez, en el Partido San Martín y al norte de la provincia de Buenos Aires. La familia pide que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que lxs niñxs queden al cuidado de su abuela.
El Servicio Local de Protección de Derechos del Niño de José León Suárez dispuso quitarle a Daniela la custodia de sus dos hijos varones porque presuntamente uno de ellos había sido abusado por la pareja con la que estaba en ese entonces. Él quedó preso en junio del 2020 y, a pesar de que ya no vivía con lxs niñxs, llegó otra medida que sacó del cuidado de Daniela a tres de sus cuatro hijas. “No se entiende por qué la primera medida que tomó el Servicio local fue quitarle la custodia cuando según la ley debe ser la última opción”, cuestionan su madre Mirtha Romano y su amiga Anabela.
Las medidas de abrigo, como la que se le aplicó a les hijes de Daniela, son de protección excepcional de derechos. Buscan darle al niño, niña o adolescente un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en el que viven sus derechos están en riesgo. Son transitorias y excepcionales hasta que se evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos a su casa.
En el caso de Daniela la medida de abrigo dispuesta por el Servicio Local de Protección de Derechos del Niño de José León Suarez partió de un trato deshumanizado, con una mirada sesgada, prejuiciosa y sin perspectiva de género.
La lucha de Daniela terminó de la peor manera: murió el 3 de febrero en una sala de partos del Hospital Thompson de San Martín después de dar a luz una beba en excelente estado de salud. Era su séptima hija y tenía sólo treinta años.
Desde entonces, la madre Daniela lucha por la tenencia de sus nietxs. Pocos días después de la muerte de su hija, junto con familiares y allegados organizó una marcha desde la Plaza 5 de Noviembre hasta el Servicio Local. Lxs amigxs y compañeras del Barrio Independencia pidieron saber por qué murió por un paro cardiorespiratorio ya que, siendo tan joven, no le encuentran explicación.
A partir del alejamiento, Daniela nunca pudo recuperar el vínculo con sus hijxs ni siquiera por teléfono. Tampoco pudo saber dónde se encontraban, salvo los varones que quedaron al cuidado de su abuela paterna. La beba recién nacida fue retirada del hospital custodiada por una decena de patrulleros sin que su abuela sepa hasta hoy dónde se encuentra. El Servicio Local nunca se puso en contacto con la familia.
Violencia sin fin
Daniela enfrentó abusos extremos y la violencia siempre estuvo presente desde la infancia. En el año 2000 y en plena crisis, con apenas nueve años se vio obligada a salir a cartonear en el famoso “Tren blanco”. No tuvo la oportunidad de ir a la escuela y terminó convirtiéndose en una analfabeta.
En el año 2016 fue criminalizada por una causa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Estaba encerrada en un laberinto de necesidades que la llevaron a caer en estrategias de supervivencia como las que encaran miles de mujeres en los barrios pobres. La respuesta del Estado: una causa penal y la cárcel, nunca comprensión, abrigo y contención.
Estuvo más de 3 años sin condena firme. Los jueces no la recibían, no le atendían el teléfono ni le aclaraban su situación penal. Después llegó el arresto domiciliario. Al ser tan estricto resultó contraproducente y profundizó la violencia intrafamiliar y las necesidades más elementales. No se le permitían salidas laborales, algo que afecta particularmente a las mujeres que están a cargo de las crianzas.
Daniela no tuvo acceso a un empleo formal ni a la mínima asistencia médica. Las autoridades nunca le brindaron el apoyo necesario para mantener a su familia y poder reintegrarse a la comunidad. La presencia del Estado fue para detenerla, una respuesta punitiva para determinada condición social, de clase y de género.
Cuando llegó su excarcelación, empezó a trabajar todos los días en un merendero barrial y en un pequeño emprendimiento personal de venta de pan casero. Lo hizo mientras cursaba un embarazo avanzado.
No todo el Estado le dio la espalda. Daniela recibió un acompañamiento humano y empático de la trabajadora social del Patronato de liberados y de las referentes barriales. También de la jueza Graciela Garcete y de su defensora oficial Inés Lobillo, quienes durante la última audiencia realizada en diciembre del 2020 la motivaron a avanzar con los proyectos laborales y a seguir estudiando para ayudar a sus hijxs con las tareas escolares, cuando regresaran al hogar, algo que vislumbraban como posible.
Pero la muerte se interpuso a sus sueños: recuperar a sus hijxs y fundar un merendero para que les pibes del barrio no pasaran hambre. Hoy es remera y bandera de las pibas de su barrio. Su lucha flameará alto en cada Encuentro Nacional de Mujeres.
Propuesta
Soy acompañante de víctimas de violencia de género y vivo junto a ellas injusticias y dificultades todos los días. Es por eso que presenté a mediados del 2020 ante el Ministerio de Género y Diversidad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires un protocolo para poner en marcha de manera urgente alternativas para que aquellas mujeres que están en situación de arresto domiciliario no deban enfrentar situaciones tan inhumanas muchas veces insalvables por falta de empatía, conocimiento de la realidad de cada una y compromiso de las autoridades intervinientes en sus causas penales.
