Olvidémonos por un momento de lxs pibes amontonadxs en el parador cheto de Pinamar, de las fiestas clandestinas, del show de Lescano en Pinar de Rocha y de las filas en el Unicenter. Saquemos el ojo de ahí y pongámoslo acá
Tren Sarmiento. Fuente: Radio 10.
Así se viaja hoy, a un año del comienzo de la pandemia y apenas unos días después del arranque de la segunda ola. En realidad: así se viaja siempre, incluso antes de la pandemia. El covid no generó problemáticas sociales y económicas: las profundizó. Y de qué manera.
Que hayamos naturalizado viajar en el transporte público como sardinas enlatadas, resignar llegar temprano a casa, dejar pasar uno o dos trenes para viajar no tan pegadxs, sentir cómo la puerta del subte se cierra justo en la espalda, es una realidad que tiene décadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El AMBA: ese conglomerado gigante que integra a la Ciudad de Buenos Aires y a otras 40 localidades bonaerenses. Ese territorio que, según el censo del INDEC de 2010, tiene 14,8 millones de habitantes, lo que representa un 37 por ciento de todo el país. Y que hoy concentra más de 60 por ciento de los casos diarios de Covid-19
El transporte público como foco de covid es algo que escuchamos y leemos constantemente: en nuestros trabajos, en los medios, en las redes y en las conversaciones de WhastApp. Pero incluso antes: apenas empezó a tomar dimensión mundial la pandemia llegaban las noticias de los picos en Italia y de cómo el transporte había sido el principal foco de contagio. Desde el día uno nos dijeron que el colectivo, el tren o el subte eran lo que más había que evitar.
Hay una gran cantidad de gente que hoy está indignada por la imposibilidad de cumplir los protocolos en el transporte. Y es cierto: es imposible tomar distancia y, en muchos casos, también lo es la circulación del aire (como los colectivos con aire acondicionado que tienen esas mini ventanillas bien arriba).
Muchas de esas personas indignadas son las que reclaman que se cierre todo y se vuelva a Fase 1. Como si estuviéramos en marzo de 2020 y no en abril de 2021, después de varios meses de cuarentena estricta y de otro período más de grandes pérdidas económicas que dejaron más de un 40 por ciento de pobreza.
Podríamos decir que el Gobierno algo escuchó y el transporte fue uno de los focos a los que apuntó en el decreto que implementó nuevas restricciones para afrontar la segunda ola. Estableció que sólo lxs trabajadorxs esenciales pueden usarlo.
El primer problema está en quiénes son lxs trabajadorxs esenciales: el año pasado, cuando se decretó el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO) se consideró actividades esenciales a las sanitarias, a las de las fuerzas de seguridad, a las de producción de alimentos y a lxs trabajadorxs de prensa, entre otras pocas.
Pero a medida que las restricciones se fueron relajando, las actividades esenciales se fueron sumando y dependen de cada provincia.
Es decir que esta medida no tuvo demasiado efecto en la circulación: en el primer día de restricciones, según los datos analizados en Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el viernes 9 de abril circularon 2.030.351 personas por colectivos, trenes y subte en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En marzo, el promedio de viajes había sido de 2.422.061.
Las cifras demuestran que, a pesar de que ese día circularon 400 mil personas menos en el transporte público, el número no termina de ser significativo. Y las imágenes que se viralizan sobre los trenes desbordados, confirman lo mismo.
¿Qué pasaría si se redujera esa lista de trabajadorxs esenciales? ¿Y si se obligara a las empresas, otra vez, a implementar el home office y en los casos en que es imposible hacerse cargo del transporte privado de sus empleadxs? Reduciríamos mucho más la circulación, es cierto. Pero ¿está en condiciones el Gobierno de exigirle más a, por ejemplo, una pyme, sin nada a cambio? ¿Qué pasa con quienes trabajan de manera no registrada?
Y acá el otro problema: cuando empezó la cuarentena, el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinadx a las personas que están fuera de la economía formal. El IFE fue solicitado por 11.382.417 personas. Es decir: más de 10 millones de personas viven en la Argentina en la informalidad laboral.
En esta nueva ola el Gobierno Nacional llega con menos recursos para inyectar y la disyuntiva de cómo cuidar la salud sin golpear aún más la economía. Y, hasta ahora, todos los anuncios descartan la vuelta de la IFE.
¿Cómo viajan esas personas a sus trabajos informales? ¿Pueden exigir trabajar desde sus casas? ¿Pueden exigir algo? ¿Podemos exigirles que no se tomen ese tren atiborrado de gente?
La solución al hacinamiento en el transporte podría ser sumar unidades en el caso de los colectivos y frecuencias en el de los trenes y subtes. Un reclamo que, sabemos, tiene más años sin solución que la propia pandemia.
Mientras tanto, se apela cada vez más a la responsabilidad individual: un privilegio de pocxs. Parece obvio decirlo pero no todas las personas que se contagian son las que van a una fiesta clandestina. De hecho, no es casual que la tendencia de la franja etaria con más contagios esté cambiando y sean las personas de entre 40 y 60 años las más afectadas, como cuentan trabajadorxs de la salud en esta nota.
Estamos quienes podemos quedarnos en casa sin que eso modifique nuestra economía, ya sea porque hacemos home office o porque estamos licenciadxs. Pero también estamos las empleadas domésticas, lxs albañiles, lxs vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, lxs recepcionistas, lxs empleadxs de comercio, lxs trabajadorxs de la cultura, lxs gastronómicxs… un mundo de personas que si no sale a trabajar, no cobra un peso.
Por eso, quienes podamos cumplir con todas las restricciones sin que nos afecte el bolsillo, quedémonos en casa. Hagámoslo, también, por quienes no pueden. Es hora de sostenerlxs.
