Hace dos meses que a Facundo le cuesta dormir. Los últimos días en la sucursal de Garbarino de Río Cuarto, Córdoba, los pasó acomodando mercadería para trasladar todo al supuesto nuevo local. Desde la empresa les dijeron que se iban a mudar porque el alquiler les costaba muy caro.
Ni Facundo ni sus 13 compañerxs pensaron que se iban a quedar sin trabajo. La sucursal cerró el 13 de marzo y ellxs fueron a trabajar unos días más, con las persianas bajas, para acomodar la mercadería.
En el medio, el 16 de marzo Facundo fue papá de Faustina, su tercera hija. Unos días después se enteró, casi de casualidad, que la sucursal no iba a abrir más. Las 14 familias se quedaron en la calle. Sin un telegrama de por medio ni mucho menos una indemnización. “Nos tomó por sorpresa, no sólo porque nadie de la empresa nos avisó, sino porque siempre fuimos una de las sucursales más rentables del interior”, dice a Cosecha Roja Facundo Fernández, quien trabaja en la empresa hace 11 años.
La de Río Cuarto es una de las casi 40 sucursales que Garbarino cerró en los últimos meses, un 20 por ciento de los 240 locales que tiene en todo el país. Las más recientes fueron la de Río Gallegos, en Santa Cruz, y las cuatro que bajaron la persiana en la última semana en Rosario, Santa Fe.
La empresa que nació a mitad del siglo XX es una de las que más factura en la Argentina y emplea a alrededor de 4 mil trabajadorxs, de lxs cuales hoy 1.300 están suspendidxs. Garbarino cambió de dueño en 2020 y ahora está a cargo del empresario Carlos Rosales, quien encaró un plan de achicamiento y busca migrar la empresa a las ventas online. El ajuste implica deudas salariales, despidos encubiertos en retiros voluntarios, incumplimiento de protocolos covid y el abandono total de la compañía, que no establece diálogo con trabajadores ni gremios.
Mientras promociona ofertas de Hot Sale en su página, con descuentos de hasta el 30 por ciento, la empresa de electrodomésticos mantiene en vilo a sus trabajadorxs. En todas las sucursales se repite más o menos la misma lógica patronal: sin aviso, sin indemnización, sin respuestas o con evasivas.
El caso de Rosario es de los más representativos. La semana pasada, los cuatro locales estaban con las persianas bajas y un cartel que decía: “Local cerrado por medidas de higiene. Reapertura 10/05”. El lunes 10 a la mañana lxs trabajadorxs llegaron y las sucursales seguían cerradas.
“Lo denunciamos como lock out empresarial, porque la empresa tomó la decisión de cerrar con la excusa de la higiene, pero sabemos que no es así”, dijo a Cosecha Roja Juan Gómez, secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio sede Rosario. “No hubo comunicación a sus empleados, ni al Ministerio de Trabajo ni al gremio”, agregó.
Entre las cuatro sucursales, hay 56 empleadxs a la espera de respuestas.
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En Río Cuarto fueron lxs propixs empleadxs quienes mandaron telegramas a la empresa para que les informen su situación. Como les contestaron, la mitad se consideró despedido. El resto, sigue esperando una respuesta.
La incertidumbre de 4 mil familias en todo el país
La situación no es local ni regional. Es nacional. Las alrededor de 200 sucursales que aún siguen abiertas registran deudas salariales, suspensiones y retiros voluntarios. La semana pasada, en una audiencia virtual en el Ministerio de Trabajo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) reclamó que la empresa debe a sus empleadxs el 50 por ciento de los salarios de marzo y los sueldos completos de abril.
En realidad, hace varios meses que Garbarino viene pagando sueldos en cuotas y debe el bono de fin de año. Y a este incumplimiento se suman las suspensiones: lxs empleadxs autoconvocadxs aseguran que el 30 por ciento del total de trabajadorxs del país está en esa condición, es decir, 1.300 personas.
En varias jurisdicciones -como en Rosario- el sindicato de Empleados de Comercio acompaña y es parte de la lucha por el pago de los sueldos, la reincorporación de quienes se quedaron sin empleo y, fundamentalmente, que la empresa dé la cara.
Pero en otras, como en la Ciudad de Buenos Aires, lxs trabajadorxs no se sienten representadxs por el gremio. Así fue que surgió, en WhatsApp, un grupo de Autoconvocados de Garbarino que reúne a trabajadorxs de todo el país.
A través de ese grupo es que se mantienen informadxs de lo que va pasando en las sucursales. Y no se sorprenden de que la empresa se maneja de la misma forma en toda la Argentina.
Jonathan trabaja en una de las sucursales icónicas del país: la de Cabildo y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano. Estaba de vacaciones cuando se enteró por un compañero que su nombre figuraba en una lista de 12 personas suspendidas. Nadie lo notificó. Cuando preguntó, le mandaron por WhatsApp una foto de la lista.
Como al resto, a él también le deben el 50 por ciento del sueldo de marzo y la totalidad de abril. Hace 11 años que trabaja en la empresa.
Una compañera suya de sucursal prefiere no dar el nombre por miedo a represalias porque todavía no fue suspendida. “El año pasado estuvimos todos suspendidos cinco meses por la pandemia. Cobrábamos el 65 por ciento del sueldo, que era lo que pagaba el Gobierno con el ATP. Después volvimos a trabajar normalmente”, cuenta a Cosecha Roja.
“Las suspensiones fueron a partir del primero de abril, pero nadie recibió una notificación ni justificación. Incluso hubo compañeros que trabajaron una semana, cumpliendo su horario, sin saber que ya estaban suspendidos”, detalla.
El beneficio de cobrar el salario depende de la situación en la cual está cada uno: a lxs trabajadorxs que están activos les pagaron en siete cuotas el 85 por ciento del sueldo de marzo, les deben el resto de ese mes, abril y las dos cuotas del bono de fin de año. A lxs suspendidxs, les pagaron el 50 por ciento de marzo en cuotas, nada de abril ni de bonos. Al sector gerencial, les adeudan marzo, abril y bonos.
Lxs únicxs que están al día desde el 25 de abril son lxs empleadxs de Logística, que están afiliadxs al gremio de Camioneros. Es un sector fuerte y estratégico: si no hay pago, no hay entregas de productos.
La desprolijidad a la hora de comunicar se repite de punta a punta del país. Soledad trabaja hace 11 años en la sucursal del shopping Paseo del Fuego, de Ushuaia. Estuvo todo el año pasado sin trabajar por su condición de riesgo: es asmática. Este año, el médico le dio el alta, ella le envió el certificado a su jefe el 27 de marzo y éste le dijo que vuelva a su puesto de trabajo el 1 de abril. Ese día ella se presentó a trabajar y tuvo que volverse a su casa porque la suspendieron. Desde entonces, está en las mismas condiciones que lxs 1300 suspendidxs de todo el país.
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Carlos Rosales, el hombre que sueña con un Garbarino virtual
Garbarino está ubicada en el puesto 87 entre las 1.000 empresas que más venden en la Argentina. Estos datos se desprenden del balance de 2019, presentado en 2020. Su facturación es de 32.646 millones de pesos anuales. Es decir, 89 millones de pesos diarios.
Hace menos de un año, la cadena de electrodomésticos cambió de dueño. La familia Garbarino la vendió al empresario Carlos Rosales, presidente de la aseguradora PROF y protesorero de San Lorenzo de Almagro. Hace poco, además, Rosales compró Radio Continental.
En una entrevista con la revista financiera Forbes, el empresario se vanaglorió de haber aumentado en ocho meses la facturación en un 1000 por ciento. Del cierre de sucursales no dijo nada. Pero sí reconoció sus planes de reestructuración, que podrían explicar el vaciamiento actual: “Tenemos 4.325 empleados y hay mucho retiro voluntario con muchas personas cerca de la jubilación. Pero vamos a reorientar los nuevos empleos hacia lo digital”.
Lxs trabajadorxs de las distintas sucursales que consultó Cosecha Roja, todxs de más de 10 años de antigüedad en la empresa, coinciden no sólo en describir la misma situación de crisis salarial y laboral. También recuerdan los buenos tiempos, cuando ser empleadx de Garbarino significaba ganar bien, cobrar en tiempo y forma y recibir un trato humano. Algo así escribió Facundo, de Río Cuarto, en esta carta abierta a Carlos Rosales que se viralizó en los medios de Córdoba.
Sin protocolos por covid
La pandemia profundizó los destratos: “Ayer murió un compañero de Merlo por covid. La empresa no está pagando el hisopado y los tenés que hacer de manera particular, pero a muchxs compañerxs tampoco les están haciendo los aportes de la obra social”, cuenta la empleada de la sucursal Belgrano, en Buenos Aires.
“No tenemos ningún tipo de protocolo. La sucursal está abierta, la gente entra a mansalva, no se les toma la fiebre, hay una alfombra sanitizante pero que no tiene nada. No existe la distancia, sólo los cajeros tienen un acrílico, pero quienes estamos en ventas nos tenemos que cuidar solos”, dice.
El aislamiento por contacto estrecho, obligatorio en todo protocolo, tampoco está activo. “En Caballito murió por Covid un ex compañero, era el marido de una cajera. Desinfectaron el local un día y al otro día, todos tuvieron que volver a sus puestos de trabajo”, dice y agrega: “Nosotros propusimos que cada vez que haya un caso positivo o contacto estrecho, se avise a los clientes que fueron atendidos por esa personas. No nos permitieron hacerlo. No sólo ponen en riesgo a sus trabajadorxs, sino a la población”.
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ACTUALIZACIÓN A NOVIEMBRE DE 2021
A mitad de este mes, la cadena de electrodomésticos envió 1800 telegramas de despidos. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, lo que dejó sin efecto los despidos, y llamó a una nueva audiencia para el próximo miércoles 17 de noviembre. Todos los locales de la empresa están cerrados y desde hace ocho meses los cerca de 3.800 empleados no perciben sus salarios.
ACTUALIZACIÓN A JULIO DE 2021
El jueves 1 de julio la empresa dio la orden de cerrar los locales de todo el país por miedo a que, más allá de las tomas y manifestaciones, lxs empleadxs saqueen.
El lunes 5 de julio lxs trabajadores de distintos locales de la provincia de Buenos Aires hicieron una manifestación en la puerta de la aseguradora Prof donde Rosales tiene sus oficinas. De ahí marcharon a la Casa Rosada, luego al sindicato de Comercio, hasta terminar cortando la avenida 9 de Julio.
En Lanús y Avellaneda lxs empleadxs tomaron los locales y pasaron noches ahí.
En Tierra del Fuego las plantas están paradas hace 45 días por una medida gremial.
En Rosario, de las cuatro sucursales sólo hay una abierta.
La empresa continúa sin pagar los sueldos y aguinaldos adeudados y ahora se les sumaron los haberes de junio. En la mayoría de los casos, lxs más de 3 mil empleadxs de todo el país están en un limbo: no cobran su sueldo, nadie les asegura su futuro laboral, pero tampoco reciben telegramas de despido.
