Texto y fotografías por Darcy Borrero Batista
Pascual Rodríguez está sentado a la sombra, lleva gorra y un pañuelo que le cubre la nariz y la boca. Su silla, sobre la hierba rasa, se divisa sin dificultad desde ambos lados de la vía por donde pasan carros y peatones que hacen una parada para comprarle maní, aguacates o ajíes sin necesidad de salir del vecindario. Al final del día, el hombre de 91 años nacido en Ciego de Ávila, centro-este de Cuba, regresa a su casa, a seis cuadras de donde vende estos alimentos, en el Hometown América de Miami, una comunidad de casas prefabricadas en la zona suroeste de la ciudad.
—Estoy alquilado aquí con mi esposa Silvia, un hijo, y un nieto —dice Pascual, señalando en la dirección de la casa numerada con el 1450.
Cuando Pascual dice alquilado, en realidad quiere decir subrentado; significa tener que subir varios escalones para llegar a los dueños de la tierra. Pascual y otra familia (la traila está subdividida en dos) le pagan un alquiler al dueño de la casa, que es una casa rodante, y el dueño de la casa aún debe pagarle al dueño del predio. En torno a los verdaderos dueños de los terrenos se ciernen también los mitos: se los adjudican a “nativos americanos” aunque pertenecen a organizaciones capitalistas modernas que pueden decidir cuándo dedicar el espacio a otro negocio más rentable y motivar desalojos.
Pascual cumplirá 92 años en septiembre. Silvia Nicolasa tiene 85 y un marcapasos que le envía señales al corazón. Ambos tienen ciudadanía estadounidense. Por una casa rodante que comparten con su hijo y su nieto, que no es muy grande pero en la que caben todos, pagan 850 dólares al mes. Rentar una casa tradicional con la misma amplitud podría costarles, de acuerdo a su ubicación, entre 1000 y 2000. Por eso, aunque ambos comercian maní, no es sólo de la venta de donde sale la plata para la renta: “Yo tengo una pensión del gobierno por la edad que tengo. Soy ciudadano americano y me dan ayuda de alimentos, medicamentos, me dan bastante”, dice Pascual. Silvia también recibe pensión y otras ayudas. Entre los dos juntan 1000 dólares, y otros 600 de un programa de alimentación conocido como Food Stamps, exclusivamente para comida.
Pascual llegó a los 79 años y ya no tenía edad para trabajar, dice. Por eso sacó una licencia para vender alimentos y completar la pensión del gobierno. Mientras lo cuenta en voz muy baja, no deja de atender al movimiento de carros y posibles clientes entrando y saliendo del vecindario. Todas las casas son móviles como la suya, aunque en realidad están sujetas al suelo: una suerte de contenedores para estas personas que llegan a Miami con el sueño americano y, por alguna razón casi siempre económica, terminan viviendo en estos hogares ‘poco convencionales’. Los hispanos que las ocupan -en particular, cubanos- les llaman “trailas”, una derivación de su equivalente en inglés: trailers.
A doce años de haber llegado a Florida, Pascual es de los que prefieren vivir barato, tal como prometen los publicistas de esas trailas ancladas en la tierra. Pero las cosas han cambiado bastante. La población del estado sureño aumentó un 14.6% -con más de tres millones de nuevos habitantes superó los veintiuno- según el mapa del “Cambio porcentual en la población residente para los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico: 2010 a 2020”, y el costo promedio para rentar un techo aumentó a 1328 dólares, 292 más que cuando en 2009 arribó la pareja de ancianos.
—Me siento aquí a vender porque me aburro mucho en la casa. Yo soy un guajiro (campesino) y a mucha honra. Yo trabajaba de jovencito con los animales en el rancho de mi padre. Y lo que aprendí de lectura fue en el rancho. Aprendí a leer y a escribir un poquito. No mucho, pero sé leer algo y sacar cuentas.
Después de lo que considera años perdidos en la isla, Pascual halló en el 12835 SW 17th St, Miami, las coordenadas de su vida. No siempre es posible encontrarlo a la entrada del Hometown, donde otros vendedores también tienen sus puestos. Pero ningún otro tiene en la nuca 92 años ni se llama Pascual.
—¿Pascual? ¿El viejito que se pone a la entrada? No ha venido por aquí hoy. Allá ‘alante’, tres o cuatro trailas después del PARE, es donde vive —dice un vendedor desde la parte delantera de su camión.
—Yo lo vi que salió para el Market —secunda una señora que espera a la sombra un bus.
A veces, cuando la venta en el barrio está mala, Pascual sale a pie, arrastrando un carrito sin motor hasta la intersección de la 132 con la 8, a casi un kilómetro de la comunidad. Mientras el semáforo está en verde descansa, pero cuando cambia a rojo camina hasta el separador de la vía con frutas en las manos ofreciéndoselas a los viajeros.
Da fe de que esta zona de viviendas manufacturadas, llamada University Lakes, es bien ‘tranquilita’. Es una de las muchas comunidades de Hometown América, que además de en Miami, tiene presencia en Arizona, California, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island y Virginia.
Ni móviles, ni de bajo costo
Lo que se publicita como “casas asequibles a partir de los $60 mil”, es en realidad un lujo inalcanzable para Pascual y su familia. No son ni serán dueños de la traila donde viven. Todos estos años han estado desembolsando su dinero a la cuenta del dueño, un cubano que llegó antes que ellos y financió esa vivienda que entra en la categoría de propiedades de “bajo costo”. Aunque hay quienes le ponen delante un adjetivo: “relativo” bajo costo.
Existe la posibilidad de financiarlas o hacer un leasing, mediante préstamo directo del banco o a través de un concesionario. El comprador acepta pagar el monto financiado, y el cargo financiero acordado, pero no todos están dispuestos a endeudarse. “Aquí estamos cómodos, ya llevamos años en el Hometown. Pero no hay dinero para comprar casa. Antiguamente los trailers no valían nada. Hoy valen cantidad”, dice Pascual.
Las comunidades de casas móviles se rigen por el capítulo 723 de los Estatutos de Florida. Davalyn Suárez, especializada en servicios legales, considera que el concepto de casa móvil no es muy preciso porque han estado en un lugar fijo por años y cuesta moverlas. “Es una presentación falsa”, asegura.
En la web de la compañía de bienes raíces Florida New Dream, un artículo detalla que aunque los mobile-homes cumplen con estándares federales de construcción, no están regulados por los códigos de construcción locales ni estatales. Los construyen en una fábrica, igual que una cuna de madera, y luego los transportan al lugar donde son instalados. Es frecuente que se trate de un terreno donde exista una comunidad de casas similares, siempre propiedad de un tercero: por lo tanto, los propietarios de la casa móvil alquilan la tierra donde la instalan.
Suárez, que forma parte del Programa Social Justice Equality, piensa que para quienes atraviesan una situación delicada, en algún punto puede ser una solución. “Vivir en una casa móvil es una manera de tener un techo y un hogar sin tener que pedir ayuda del gobierno. Muchos son migrantes o ancianos retirados. Personas de bajos ingresos. Es un tipo de housing que debemos mantener en el condado porque las opciones de alojamiento son mínimas y están aumentando los homeless”, explica.
La renta y la subrenta
El número 12850 identifica la traila donde se montó la oficina de la sede de Miami de Hometown América. Afuera ondean tres banderas: la de Estados Unidos, la de Florida, y una tercera, blanca con barras azules, que representa a la empresa Hometown, dueña de parques de casas en varios estados del país. Alrededor deambulan gallos, pollitos, patos y gallinas. Un cachorro extraviado que se le echa encima al transeúnte. Pintada de carmelita y rodeada de árboles, la traila es amplia y tiene vista al lago. En sus ventanas de cristal se leen letreros sobre “requisitos para los amarres y aviso de preparación contra huracanes”, el horario de oficina y otras cuestiones relevantes para la vida en comunidad. La recepcionista, Odalys Juvier, es una mujer amable que explica en poco tiempo muchas cosas.
“Están en 1004 dólares los que tienen vista al lago y 979 los de interior”, informa sobre el precio de los lotes en University Lakes. La confirmación llega a través de un mail del gerente del Hometown, Franco Antia, quien precisa además que actualmente los 1153 lotes están ocupados. Un cálculo rápido señala que la compañía ingresa, mínimo, un millón de dólares al mes sólo por esta comunidad que ostenta “ubicación perfecta en el corazón de Miami” y les garantiza a sus miembros selectos un “vecindario ideal para crear recuerdos duraderos con su familia… ¡Los residentes de University Lakes disfrutan del equilibrio perfecto entre trabajo, familia y diversión! Con tres lagos relucientes, nueve parques, dos piscinas y cuatro áreas de juego, este encantador vecindario fue diseñado para ofrecer recreación para toda la familia. Excelentes escuelas, restaurantes y tiendas se encuentran justo afuera, sin embargo, se sentirá a kilómetros de distancia mientras se relaja en su nuevo hogar”.
El ambiente del barrio, desde la misma entrada, remite a Cuba. Tamales y guarapo a la venta, algo de música, y asado los fines de semana. Español cubanizado. Y gente como Pascual y Silvia, que abren las puertas de su hogar e invitan a pasar. Silvia cuela un café mientras explica que fue el encarecimiento de la renta de casas tradicionales lo que los trajo a esta traila donde se unen, en una misma pieza, el dormitorio-sala, inmediatamente seguido por la diminuta cocina y el baño. Un televisor de más de 40 pulgadas y una cama matrimonial, aunque bien distribuidos, se disputan el espacio con un sofá, otra cama más chica y cajas de alimentos para el consumo y para la venta. Todo limpio y ordenado con esmero, pese a que sólo ese interior —y no la traila ni el lote— les pertenece.
“El subarrendamiento es ilegal”, añade la recepcionista Juvier. “Sabemos que hay personas que subrentan su propiedad ilegalmente, pero es bajo su responsabilidad”. Algunos propietarios que tienen leasing con la empresa, insiste, firman en el contrato que no lo pueden hacer, pero incumplen la regla.
“Se supone que la persona que vive en la casa es la dueña de la propiedad y que tiene financiamiento con nosotros. Por eso es importante que si te subrentas, hagas contrato, para que tengas derechos que te amparen. Pues si mañana te quieren decir bye bye, cuando vayas a la Corte no te podemos representar porque no tenemos ningún acuerdo contigo”, recomienda la empleada al describir una dinámica que termina siendo parecida a los alquileres ilegales en Cuba.
A espaldas de Miami Beach, sombreado de un Downtown lleno de rascacielos con sus apartamentos encumbrados, las casas móviles podrían ser una solución alternativa al alto costo de la renta en la ciudad del sol. Pero, a largo plazo, ¿son una solución o un problema? Las Leyes de Florida regulan los derechos y obligaciones de los locatarios para el alquiler del lote, y también los del propietario del predio de casas móviles, que deben informar en un contrato escrito las normas y regulaciones del parque.
A los compradores se les recomienda una revisión cuidadosa para comprobar que la casa de “bajo costo” esté instalada de manera apropiada, con agua disponible, si las reglas de zonificación dan derecho a tener un negocio en casa o una granja de animales, y algunos expertos hasta aconsejan hacer un estudio de impacto ambiental para asegurarse del saneamiento: una indagación para confirmar la promesa publicitaria de un estilo de vida barato y en cierto modo aventurero.
Una aventura que fue bastante angustiante para Daina, cubana de 30 años que está subrentada en una de las trailas desde hace un año y ya experimentó la zozobra por el anuncio de un huracán. En 2020, ni la pandemia de covid-19 frenó la temporada ciclónica. Daina sacó sus cosas de la zona de trailas de Okeechobee Road y se trasladó a casa de unos amigos. Los propietarios de la traila donde vive —ubicada a 14 millas del Hometown donde residen Pascual y Silvia— le pusieron todo el peso posible a la estructura para fijarla más a la tierra. Esa vez, nada sucedió. No hubo daños. Pero aún perdura el temor de que la próxima sí pase. Sin embargo, el riesgo más temido por los propietarios no es que la tierra se mueva, sino lo contrario: que haya que desplazar la “casa móvil” después de tanto tiempo fijada al suelo.
El mito de la tierra
En Florida, muchos suelen atribuirle a la comunidad indígena de los Miccosukees la propiedad de las tierras donde se establecen los parques móviles de viviendas. No sólo University Lakes, sino también los de otras áreas de la ciudad como Hialeah y Homestead.
Odalys Juvier, la recepcionista, asegura que es un mito: “La comunidad es de una asociación de maestros de Chicago, es como un fondo de inversión. No es ni de Miccosukees ni de un dueño en específico porque cuesta muchos millones. La compañía (Hometown America, L.L.C., con ingresos anuales de unos $33.77 millones) es dueña de la tierra, no de las casas. El mito de que la tierra es de los indígenas es una explicación que surge por ignorancia”, sentencia.
Los medios han ayudado a que prolifere esta versión, al poner la mira en esta comunidad aborigen propietaria de casinos y hoteles como Miccosukee Resort and Gaming. Al estar protegida por el estado federal y eximidos sus miembros de pagar impuestos, la leyenda de sus riquezas y posesiones vuelve cada tanto a la prensa.
Procedentes de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, los Miccosukees fueron desplazados hace décadas a Florida, donde en 1957 fueron reconocidos como Nación y estado soberano americano. Irónicamente, en 1959 se reunieron con Fidel Castro y acordaron que el pasaporte miccosukee fuera reconocido en la isla de la que salen miles de cubanos en busca del sueño americano.
“El sueño mío era irme de Cuba, pasaba mucho trabajo”, coincide Pascual. Desde 1970 quería dejar el país con su familia, apelando al derecho de su suegro a recibir refugio o asilo político. Silvia asegura, sin demasiado detalle, que su padre estuvo preso por razones políticas en los ‘60 y desde los ‘70 comenzaron con el trámite del asilo. Pero la muerte de su padre lo complicó y no terminó hasta 2009, cuando pudieron llegar a Miami.
Durante los años de espera por salir de Cuba, relata Pascual, trabajó en ganadería, en una empresa de alimentos y por último en un hospital. Luego se retiró. “Y la chequera de jubilación fue de 85 pesos cubanos (menos de cuatro dólares). Ése es el problema: que en Cuba no pagan nada”.
Aunque tuvieran el dinero suficiente para comprar la traila y lo hicieran, Pascual y su familia tendrían que pagar mensualmente la renta de la tierra. No estarían autorizados a construir sobre ella porque no les pertenece. Pero además, si el contrato de arrendamiento finalizara o los dueños decidieran venderla, podrían exigirles que desalojen y se lleven “su casa” a la rastra.
“Considerando las dificultades de mover la estructura, el comprador querrá permanecer en el mismo sitio, pero el dueño de la tierra tiene la facultad de rechazar que un comprador ingrese a la comunidad”, explican los estatutos de Florida, donde el boom del desarrollo urbanístico presiona para el cierre de los parques de casas móviles. Con el crecimiento de la ciudad de Miami, se revalorizan los terrenos y empiezan a ser codiciados, por su ubicación, para nuevas construcciones.
En junio de 2019, la web Cuba en Miami advertía que “unas 50 mil personas que viven en casas móviles en el Sur de la Florida corren el riesgo de ser desalojadas”. Algunas familias afectadas, advertía el artículo, llevaban más de 40 años habitando en la comunidad. Muchas habían sido notificadas del posible desalojo y les daban un plazo de seis meses para abandonar el terreno.
La mayoría de las familias eran propietarias de sus casas móviles, las habían adquirido por unos 20 o 30 mil dólares, y pagaban unos 400 dólares adicionales para ocupar el terreno. “No es sencillo ni barato mudar esas casas móviles, ya que están ancladas a los terrenos, y trasladarlas a otro parque tendría un costo de 15 mil dólares”, explicaba Nejla Calvo a los medios locales, la asistente legal que les daba asesoramiento gratuito.
—Hay trailas inmensas, que son como casas porque ellos las anclan al suelo y le hacen una base —dice Daina, quien luego de salir de su Habana natal pasó meses en un centro de detención de migrantes en uno de los Estados fronterizos con México, antes de asilarse en la traila de Okeechobee Road—. La persona que me renta me dijo que si al dueño de la tierra le da por venderla para hacer un hotel, nadie va a poder llevarse las trailas porque llevan tantos años aquí que si se intentan trasladar, se van abajo como mazo de barajas. Conozco a alguien que le pasó eso y no pudo salvar nada”, detalla.
La abogada Davalyn Suárez explica que todos los parques tienen reglas comunitarias diferentes pero un marco regulatorio común. El Programa Social Justice Equality les da herramientas a los inquilinos para que se asocien y enfrenten los problemas de vivienda en conjunto. “Si es necesario ir a Corte en casos de venta de la tierra o aumento de renta, desde Social Justice los animamos a crear juntas de vecinos para hacerlo en colectivo, con más probabilidades de ganar que si fueran por separado”, dice.
La tensión entre habitantes de los parques, gobernantes y el mercado inmobiliario por posibles desalojos que llegó a los diarios en 2019, continúa hasta hoy. Legalmente, las ciudades no pueden cerrar los parques sin un estudio de viviendas alternativas para personas con bajos recursos en las zonas. Para proteger a las que ya tenían la casa móvil pagada y abonaban por el alquiler del terreno unos 500 dólares mensuales, Nejla Calvo, antecesora de Davalyn Suárez en Justice Equality, les proporcionó asesoría legal, alcance y educación a residentes de parques de viviendas móviles en todo el condado de Miami-Dade, donde —incluyendo al Hometown América y al de Okeechobee— se calcula que hay alrededor de 61 predios habitados por unas 50.000 personas. Amparándose en la ley, logró la formación de asociaciones de propietarios para proteger los derechos de los residentes y “mejorar las condiciones de estos parques, que son una fuente clave de viviendas asequibles sin subsidio en Miami”.
La comunidad donde vive Pascual no aparece en los registros de parques atendidos por Suárez y su equipo. “Es bueno que no sean clientes nuestros, porque significa que no están bajo amenaza de desalojo”.
La última mudanza
El hecho de no poseer la tierra sobre la que se levanta un hogar, genera una dinámica de poder desigual: sus residentes pueden ser desalojados si los propietarios del parque lo disponen, además de perder el lazo con la comunidad, y sin contar que sus frágiles viviendas podrían ser destruidas por la mudanza. Esas condiciones de vulnerabilidad los expone al aumento abusivo de los lotes, la falta de mantenimiento del parque o el desalojo. La llegada al barrio de las trailas se convierte, aunque muchas veces no tengan alternativa, en la última mudanza.
“Nuestra posición es que las casas móviles se mantengan, porque son para personas de bajos ingresos”, dice Suárez. “Si desmantelan todos los parques, la pregunta es adónde van a ir a parar esas personas. Son personas retiradas que cuentan con un presupuesto limitado”.
Pascual no tiene intenciones de comprar, sino de seguir subrentando. Sabe que lo más valioso es el terreno y las viviendas pierden valor con el tiempo: irónicamente, mudar la traila le costaría más que una nueva. “La dueña vive en México, es de mi pueblo en Cuba. Cuando vino la pandemia, nos preguntó si íbamos a pagar la renta y le dijimos que sí”, comenta. “No tuvimos problemas con eso en la cuarentena porque teníamos la ayuda del gobierno”, detalla Silvia, en referencia también a los cheques que envió a las familias estadounidenses el expresidente Trump, con su firma estampada.
Como quien traza un balance de una vida entre dos aguas, la de un inmigrante cubano en Estados Unidos que no es dueño de una casa ni de una tierra, Pascual concluye:
—Allá hay muchos cubanos que piensan que esto aquí es fácil. Nadie quiere trabajar en Cuba y aquí hay que trabajar. Hay que estar ubicado: el regado, el irresponsable, fracasa. Pero la gente se abre paso.
Este artículo es parte de El último techo, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado.
