Por Magdalena Bagliardelli en La Marea Noticias
Patricia se vistió elegante y entró por la puerta grande al edificio del Concejo Deliberante de Río Cuarto. Por las noches, suele habitar las calles para ofrecer sus servicios como trabajadora sexual, y de esa forma, garantizarse un plato de comida. Minutos más tarde de que en el recinto aprobaran por unanimidad la ordenanza de inclusión laboral trans “Eliana Alcaraz”, la mujer trans tomó el micrófono: “Hoy puedo llegar a mi casa y decirle a mis hermanos, que considero mis hijos, que jamás voy a volver a estar en una esquina, que hoy soy una trabajadora más”, dijo con la voz cortada y la firmeza necesaria para reconocerse trabajadora sexual frente a la pomposa sala del poder legislativo local. Durante ocho años se rechazó allí el proyecto enviado por la Mesa de la Diversidad, hasta que este jueves, la clase política abrió una oportunidad para un sector de la sociedad.
A nivel nacional, exactamente un año atrás, el 4 de septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández decretó el cupo laboral travesti-trans en los organismos del sector público estatal (DNU 721/2020). Un mes antes, en agosto, el Banco Nación salía al mundo como la primera entidad financiera que establecía un cupo mínimo del 1% para personas trans, y la hacía efectiva a partir del nombramiento de Thomas Casavieja. El varón trans, fundador de la asociación civil Capicúa Diversidad, fue convocado para el puesto de auxiliar en el sector de prensa, aunque su objetivo sería también “acompañar la política del cupo, llevar adelante las capacitaciones y ver qué cuestiones se pueden mejorar”.
El decreto presidencial reconoce las “dificultades” de las personas travestis-trans para “disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo” y el reconocimiento a que sus trayectorias de vida “están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática”, sin embargo la foto actual dista de la ilusión generada para este sector de la población. Retomando los mismos fundamentos, en julio el Congreso aprobó la Ley 27636 de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”.
Si bien al cierre de esta nota aún no se publicó el informe con los datos oficiales sobre las incorporaciones al estado nacional de personas travestis y trans, las organizaciones de la diversidad coinciden en que se logró menos de lo esperado, y que fundamentalmente, las convocatorias tuvieron más efecto en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires, por lo que piden “más federalización”.
Al respecto, el cordobés Lautaro Cruz, cofundador de Trans Argentinxs, señala a La Marea Noticias que a lo largo de este año hubo incorporaciones, sobre todo, en la Cámara de Diputados, «donde ingresaron más de 22 compañeres trans». “También hubo un avance en la mesa de trabajo que plantea el DNU en cuanto que se preparen los organismos estatales para recibir e incluir a las personas trans”, aunque reconoce que “hubo más reuniones que incorporaciones”.
Una de las críticas que realiza es que en general, las personas trans ingresan a trabajar en el escalafón más bajo, “lo que se traduce en los sueldos más bajos”.
El Decreto sancionado en septiembre del 2020 incluye el Registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero aspirantes a ingresar en el sector público a partir de cual, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tienen acceso a una base de datos y perfiles laborales para coordinar con el resto de los ministerios, los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles.
“Lo que vemos como organización es que de los nueve mil y pico de DNI rectificados, el 60% estaría dentro del cupo laboral travesti-trans. El resto son mayores de 40 o menores de 18, pero el grueso tiene entre 17 y 18 años, y 35”. Además, otro dato que advierten es que la inclusión laboral “está llegando a personas jóvenes y no a la población que está en emergencia”. En ese sentido, Lautaro considera que por un lado, “no se termina de entender que si bien la inscripción al Registro es voluntaria, de los datos puestos allí es que el Ministerio de las Mujeres te va a convocar”, y por otro, “se desconoce que hay personas que no tienen idea de cómo inscribirse en ese formulario”, indica el joven trans.
Además, sobre la posibilidad real de acceder a los puestos vacantes, Lautaro considera que se debería tener en cuenta la necesidad de la persona y la del rol que está disponible. “Hay pocos trans con título, entonces no lo podemos medir por los estudios alcanzados”. Al mismo tiempo, remarca la importancia de acompañamiento de los organismos del estado ya sea en el armado del CV como la formación necesaria para desempeñarse de la mejor manera en el trabajo asignado.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalan también que el DNU 721/2020 no logró un efecto cuantitativo de incorporación de personas travestis-trans a los organismos estatales, y los puestos ocupados por esta población, previo a la norma, no cumplen con las modalidades de contratación adecuadas. Además, advierten que la convocatoria a ocupar puestos vacantes se da en su mayoría en Buenos Aires, y que es necesario trabajar con la realidad de cada provincia. “El Registro funciona pero está explotado, y lo más probable es que te llamen para un trabajo en Buenos Aires, con lo complejo que es trasladarse, y lo que implica alquilar y vivir allá, además del desarraigo al que se somete a las personas”, explica el activista trans e integrante del área de Derechos Humanos del gremio, Eugenio Talbot Wright, a este medio.
“Creemos en la necesidad de relevar lo que pasa en los distintos territorios y darle trabajo a las personas que habiten en cada uno, y acompañarlas a que puedan inscribirse en el registro, aunque recordemos que no es la única vía posible de ingreso al mundo laboral”, sostiene.
Por otra parte, cuestiona que el DNU y la Ley de acceso al empleo pierden de vista la situación de las personas mayores que no están en condición de incorporarse al mundo laboral y falta que se les brinda una solución.
Por casa cómo andamos
En octubre del año pasado, Lara Godoy se incorporó como contratada a la Fiscalía Federal 1 del Ministerio Público Fiscal. A los 38 años, fue su primer trabajo formal.
Según un relevamiento realizado por ATE Córdoba, durante los meses de mayo y agosto, sólo tres personas travesti-trans fueron incorporadas en la ciudad de Córdoba en tres sectores (Tránsito Municipal de Córdoba, Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, y en la Secretaría de Agricultura Familiar) de los trece relevados, que agrupan a un total de 1532 trabajadoras/es. Lo que equivale al 0,2% del universo que se pudo relevar.
Cecilia “Cheku” Romero es una de las personas trans que comenzó a trabajar en abril en la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. “Se ve un panorama bastante complicado, porque una celebra el reconocimiento y avance de derechos, pero en lo concreto está faltando”, dice a La Marea Noticias. “La pandemia viene hace muchas décadas para la población travesti-trans”, añade.
Desde 2015 hasta ahora, la activista por los derechos humanos de personas travestis-trans estaba sin empleo. “Ingresé a trabajar con mucha expectativa y mucha intriga de volver a formarme dentro de un organismo. Para mí todo esto es nuevo, pero me tienen mucha paciencia de enseñarme y volver a explicarme. Es una experiencia muy linda… y la realidad es que el trabajo es ordenador de nuestra vida en este mundo capitalista”, opina.
Cheku estaba inscripta en el Registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero que se habilitó a partir del DNU y la convocaron para sumarse al organismo estatal que funciona en Córdoba. Sin embargo, cuestiona que hay muchas personas que desconocen la existencia de este formulario y hay que “militar y poner el cuerpo para que llegue información a todos los lugares de Córdoba, donde hay compañeras que desconocen del Registro”.
“No hay una bajada política concreta para que ingresen más compañeras en los organismos nacionales de cada provincia. Acá en Córdoba hay una mirada muy de clase y conservadora todavía”, dice.
En efecto, la provincia de Córdoba no adhirió aún a la Ley 27636 de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, sancionada en julio de este año, que establece que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo. “No quisimos adherir en este proceso de campaña para que no se utilice como slogan político”, expresa a La Marea, Ana Laura Torres Vera, presidenta de Córdoba Diversa, quien hace 18 años se desempeña en la Provincia como empleada pública. Además, dice que hay otras 22 personas incorporadas entre la planta de trabajadores con distintas modalidades de contratación, al igual que en el municipio cordobés, donde en los últimos dos años se incorporaron cientos de trabajadoras y trabajadoras trans a través de un programa de servidores urbanos, que es cuestionado por el gremio estatal y sectores de la diversidad.
“Son becarios o monotributistas en una cooperativa. Eso no es inclusión laboral, necesitamos una inclusión real al sistema registrado, donde tengamos aporte jubilatorio, obra social que reconozca nuestros cuerpos travestis-trans”, cuestiona la “Cheku”. Además, criticó que se enteraron de la propuesta por una nota publicada en un diario y que no contempla “ni la edad ni la salud de las compañeras” a quienes les toca realizar tareas no aptas para sus cuerpos. “Si ganás $17.000 no es trabajo. Es precarizar a una población precarizada”, concluye.
Vale recordar que el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba rechazó en octubre de 2019 el proyecto que contemplaba la incorporación de personas trans a la administración pública, con un cupo del 3%. En ese momento, la concejala Nadia Fernández, de Hacemos por Córdoba, fundamentó que el proyecto no estaba en condiciones de ser aprobado porque “no hay consenso” y porque “tiene que haber una incorporación de manera gradual en lugar de un cupo”. Actualmente, hay otra propuesta del oficialismo a cargo de la concejala Soledad Ferraro, pero para algunas organizaciones, sigue siendo una burla y alejada de la realidad de las compañeras, mientras que otras sostienen que está siendo un proyecto consensuado con todas.
“Vamos a ver cómo se aprueba en Río Cuarto, y espero que en todos los municipios empiecen a abrir la puerta y que haya una respuesta concreta y real”, dice la “Cheku”.
Río Cuarto abrió una posibilidad histórica
Es jueves 2 de septiembre, llueve y en el interior del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto se está debatiendo el proyecto de Ordenanza de inclusión laboral trans «Eliana Alcaraz», presentado por la Mesa de la Diversidad y la federación Argentina LGBT, que contempla el mínimo del 1% de inclusión laboral travesti-trans.
“Presentamos el proyecto hace 8 años y que hoy se discuta tiene que ver con la lucha de personas travestis y trans que logramos muchísimo para que se logre”, explica a La Marea Noticias, Sheila Bravo, vicepresidenta de la Mesa de Diversidad de Río Cuarto. La norma tendrá 60 días para ser reglamentada.
Entre la emoción de la victoria conseguida, y la expectativa por lo que se viene, la activista trans insiste en la necesidad de que la incorporación laboral en el sector público “llegue a cada lugar del país, a cada pueblo, a cada ciudad pequeña”.
“Río Cuarto es una ciudad muy chica pero están los compañeros esperando poder incorporarse a los organismos del estado nacional (como establece el DNU 721/2020) y ahora también al municipio, aunque también hay otros que no quieren trabajar allí, por eso en la ordenanza planteamos la posibilidad de acceder a capacitaciones en oficios y microcréditos para emprendimientos productivos”, expresa. Según datos provistos por la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto, habría cerca de 100 personas esperando una oportunidad laboral.
La ordenanza establece también el “fomento y concientización para la incorporación de personas trans al empleo privado y el cooperativismo”. “Creemos que primero es el estado quien debe dar el ejemplo en contratar a personas trans para que los privados también tomen la iniciativa y nosotras podamos demostrar que somos capaces de tomar responsabilidades, pero que si no lo pudimos hacer es porque no tuvimos la oportunidad”, afirma Bravo.
“Esperamos que el ámbito privado también tome la iniciativa. En 2017 pude trabajar en Rapipago y fue una oportunidad para mostrar las ganas que tenemos porque en Río Cuarto ha pasado siempre que por tu identidad de género te cierran las puertas”, cuenta Sheila, y a la vez remarca: “ojalá llegue un tiempo en que la contratación de personas trans deje de ser noticia”.
Antecedentes
En Huinca Renancó, a 198km al sur de Río Cuarto, a fines de agosto del 2020 se promulgó la ordenanza del cupo laboral trans, que implica que del total de la planta permanente de empleados de la Municipalidad, un 2% sea cubierto por personas transgénero. Alejandro Pallero fue el primer varón trans en ingresar a trabajar como inspector de tránsito en un municipio de la Provincia, por un cupo reglamentado.
Un mes después, un proyecto similar (con el 2% de cupo) se aprobó en Villa María, donde hoy son ocho las personas trans trabajando con un contrato en la Municipalidad, cuatro de las cuales fueron contratadas antes que se publicara el DNU de inclusión laboral e incluso de la aprobación de la ordenanza local.
“Ahora vamos por los ámbitos nacionales como establece el DNU y también empresas privadas”, cuenta Fanny Bustos, referente departamental de la población trans de dicha localidad a La Marea. Además, asegura que hay otras 10 personas en lista de espera para poder ingresar en el sector público a la brevedad.
Otros municipios como Oliva y Villa Dolores también modificaron sus cartas orgánicas para incorporar a la población travesti-trans a su planta de trabajadores.
