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Brasil llegó al 7 de septiembre con muchas preguntas y una inquietud inusual. La fecha cívica más importante del país marca el recuerdo de la proclamación de la independencia y suele celebrarse con algunos desfiles cívico-militares y declaraciones genéricas de patriotismo por parte de los políticos. Esta vez, en medio del entorno de incertidumbres que vive el país, instalado con el cambio de gobierno en 2018 y ampliado con las posturas gubernamentales durante la pandemia, fue diferente. El Día de la Independencia de Brasil se convirtió en el escenario del ascenso golpista de Jair Bolsonaro.
Luego de secuestrar los símbolos nacionales -la bandera y el verde y amarillo-, Bolsonaro también secuestró el 7 de septiembre para medir fuerzas con las instituciones democráticas. Semanas antes de la fecha cívica, el mandatario inició una secuencia de llamados a aliados y simpatizantes para que tomaran las calles de las principales ciudades del país en contra del Supremo Tribunal Federal (STF), encargado de velar por el respeto de la Constitución, y del Congreso Nacional.
A mediados de agosto, Bolsonaro envió mensajes por aplicación pidiendo un “contragolpe”, para demostrar que, junto con las Fuerzas Armadas, tendría la base para una ruptura institucional. Días antes del 7 de septiembre, dijo que la fecha sería un ultimátum para quienes están utilizando las fuerzas del poder en su contra, una amenaza indirecta para los ministros del STF, Luís Roberto Barroso y Alexandre de Moraes.
Y todo en medio de declaraciones constantes y cada vez más enfáticas en las que asegura que sólo dejará la presidencia, en el año electoral 2022, “en la cárcel, muerto o con victoria”.
La escalada de Bolsonaro se justifica porque el presidente está cada vez más acorralado y sufre sucesivas derrotas. Las últimas encuestas muestran que la aprobación del gobierno por parte de los brasileños se ha reducido al 24 por ciento, mientras que la desaprobación llega al 49 por ciento. Las encuestas de intención de voto muestran que Bolsonaro no sería reelegido en ningún escenario. Nuevas acusaciones apuntan a un esquema para contratar empleados fantasmas en las oficinas políticas de los hijos del presidente, que involucraría a toda la familia.
El Congreso votó en contra de la propuesta institución del voto impreso, ventilado por el presidente, mientras que el STF sumó su nombre a la investigación sobre la publicación de desinformación y ordenó el arresto de simpatizantes de Bolsonaro, el día antes del 7 de septiembre, por incitar a “exceder los límites” de la libertad de expresión en las movilizaciones por actos antidemocráticos.
En el ámbito de la vida cotidiana, el presidente tampoco es capaz de responder a las inquietudes de la sociedad. El país tiene cerca de 600 mil muertes por covid-19, consecuencia de la política de salud liderada por el jefe del Ejecutivo federal. La inflación alcanzó la variación más alta en un mes de julio desde 2002. La factura energética ha subido, ante la crisis del agua, y existe la amenaza de racionamiento energético en el país.
El combustible tuvo un incremento del 41,2 por ciento en 12 meses. El precio de la carne aumentó un 34 por ciento en el mismo período. Y menos de la mitad de la población en edad de trabajar está empleada. El escenario es de hambre, pobreza, desempleo e inseguridad financiera.
Bolsonaro acudió al 7 de septiembre para medir fuerzas y demostrar poder, lo que dejó a la parte progresista brasileña ansiosa por lo que podría suceder en los hechos programados para ayer. La promesa era de millones de personas en las calles, especialmente en Brasilia y São Paulo, donde hablaría el presidente. Eso no es lo que sucedió, los actos reunieron alrededor del 5 al 6 por ciento de la audiencia esperada en ambos lugares.
Por otro lado, la base leal asistió y representó los deseos del presidente. Cerca de 125 mil personas estuvieron en la Avenida Paulista, en São Paulo. La cuarta parte de brasileños que apoyan al presidente ofreció la fotografía que Bolsonaro necesitaba para fortalecer las pelea con las instituciones democráticas. En su discurso, dijo que “solo Dios” lo saca de Brasilia, criticó el voto electrónico, atacó nuevamente al STF y envió un mensaje al ministro del STF Alexandre de Moraes. “O el ministro encaja o pide irse”, en clara afrenta a las investigaciones en curso y a la Constitución.
Bolsonaro desafió a la democracia brasileña una vez más y de manera más agresiva. Parece que no se detendrá hasta el 2022. Brasil se despertó este miércoles 8 de septiembre anhelando una respuesta de la Corte Federal y el Congreso, para que no se quede atrás la sensación de impunidad. La respuesta no llega, incluso sobre las diversas solicitudes de juicio político que existen.
Pero para el brasileño en el umbral de la vida, quedan urgentes otras cuestiones. ¿Cómo alcanzar trabajo? ¿Cómo pagar las facturas? ¿Cómo poner comida en la mesa? El discurso presidencial en la fecha cívica más importante del país no habló de desempleo, vacunas y alimentación. No hablo de Brasil y sus reales necesidades.
