La última vez que Arcoiris fue a la escuela, hace un mes, su padre la estaba esperando en la puerta para llevarla a su casa. Arcoiris lloró, se resistió, se agarró fuerte del portón. Su padre la tironeó, la arrancó de las rejas y se la llevó arrastrando. Cuando Arcoiris volvió a la casa de su madre, le dijo:
—No quiero ir más a la escuela.
Arcoiris tiene 6 años y tampoco quiere ir más a la casa de su padre. En esa casa su abuelo paterno, un funcionario del Poder Judicial de La Rioja, abusó sexualmente de ella más de una vez. Y cada vez, Arcoiris se lo contó a su madre: “Fue el Lelo”.
Delfina es la mamá de Arcoiris y ya denunció cinco veces al abusador ante la Justicia de La Rioja. La primera fue en 2018, cuando su hija tenía dos años y ochos meses y, aún bajo amenazas, le contó que su abuelo la había tocado. Desde ese año el abusador tiene una restricción de acercamiento. Pero también desde entonces cada vez que la niña vuelve de la casa de su padre, dice que vio a su abuelo.
Hay otra denuncia en 2019 y tres más de 2021. En las primeras dos causas el denunciado fue sobreseído. La tercera fue archivada con argumentos falsos: mientras la pericia dijo que el líquido seminal no era suficiente para poder cotejarlo con ninguna persona, la causa se archivó dejando asentado que el análisis dio negativo.
“Una mentira más del Poder Judicial”, dice a Cosecha Roja Giselle Videla, abogada de la organización Justicia por Arcoiris. “Lo mismo sucede con la Cámara Gesell: esperan que la niña diga expresamente qué día, a qué hora y quién abusó de ella… Es ridículo teniendo en cuenta que en ese momento la nena tenía 4 años. Gracias que pudo contárselo a su madre”, detalla Videla.
Las otras dos denuncias siguen sin resolución, pero tampoco avanzan. Están cajoneadas. En ambas, el protocolo médico confirmó que hubo abuso sexual tipo 2.
Delfina decidió proteger a su hija y no enviarla más a la escuela (era el lugar donde el padre siempre la sacaba a la fuerza) ni mucho menos a la casa donde la niña todo el tiempo se encontraba con su abusador. Arcoiris sigue escolarizándose desde su casa.
La Justicia es lenta para escuchar a las madres protectoras. Pero no para criminalizarlas: Delfina tiene varias denuncias en su contra hechas por el padre de la niña. Todas son por impedimento de contacto con Arcoiris. “Las últimas son en concurso real con desobediencia a la autoridad, porque el juzgado la intima para que ella devuelva a la niña al padre, pero ella no lo hace, porque la protege”, explica Videla. “Por esto Delfina no sólo está imputada, sino que se pidió su detención. Mirá qué rápida la Justicia”, agrega. El pedido aún no está resuelto por la jueza a cargo.
El año pasado, Delfina estuvo seis meses sin ver a su hija: la Justicia dictaminó que el hogar permanente de Arcoiris era el de su padre y le prohibió a ella todo contacto. Gracias a las apelaciones de su abogada, Delfina pudo, de a poco, comenzar a revincularse con su hija a través de videollamadas primero y presencialmente después.
¿Por qué la Justicia no escucha a esta madre y a su hija abusada y sí avanza contra ellas? El acusado de abuso sexual, abuelo paterno de Arcoiris, es director de Despacho de la Justicia de la Rioja. “Hay un entramado político y evidentemente la orden de no soltarle la mano al abusador”, dice Videla. Sino, “no se entiende cómo salen notificaciones a las once de la noche, citaciones con menos de 12 horas”.
Y lo último (hasta ahora): un allanamiento este domingo a las 11 de la mañana en la casa de la periodista Manuela Calvo, quien no sólo sigue el caso, sino que realizó un documental sobre abuso sexual en la infancia. Hace dos meses Calvo fue intimada a no presentar ese trabajo y a no hablar sobre el caso Arcoiris.
El allanamiento lo ordenó la jueza María Eugenia Torres. Se llevaron celulares, computadoras y material de investigación y no le dejaron ninguna constancia.
Allanaron mi domicilio, se llevaron mis herramientas de trabajo y las de mi marido y no me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron. No se ni porque dieron esa orden, solo se que esta vinculado con un corto de dibujos animados de ficción que padeció censura previa
— Manuela Calvo (@lamanuc) June 5, 2022
El atropello contra la comunicadora se viralizó en las redes y cientos de organizaciones y periodistas se solidarizaron con ella. Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja consideraron que “bajo la supuesta desobediencia a la autoridad, que alega la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa en nuestro sistema democrático. Mucho menos considerando que el interés superior de la niña no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora”. Y recordaron que “el artículo 43 de la Constitución Nacional expresa claramente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística””.
GRAVE ATENTANDO DE LA JUSTICIA RIOJANA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja repudiamos y alertamos sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa
Abro hilo: pic.twitter.com/fLM4K3tyHz— 💚Antonella Sánchez Maltese 💚 (@asanchezmaltese) June 5, 2022
Aún cuando la Justicia de La Rioja intenta acallar las investigaciones periodísticas y barrer con los testimonios y pruebas, el caso de Arcoiris vuelve a resonar una y otra vez, gracias al trabajo de Justicia Por Arcoiris. La organización se formó oficialmente el año pasado después de que se hiciera público un video en el que el padre de Arcoiris secuestra a la niña en plena calle. Arcoiris caminaba de la mano de su abuela. El padre las estaba esperando en un auto estacionado junto al cordón. Cuando ellas pasaron por ahí, el hombre se avalanzó sobre la niña, que no soltaba la mano de su abuela. El padre la arrastró a ella y a su abuela. La subió al auto, arrancó -aún cuando la nena no soltaba la mano de su abuela-, chocó y una de las ruedas pasó por encima de la mujer. Por esto, el hombre quedó imputado por lesiones graves.
Aunque pasó hace un año, a la abuela de Arcoiris la llamaron recién hace dos meses para hacerle la pericia.
Hace un mes, más de 500 personalidades y organizaciones exigieron al asesor oficial de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público Pupilar, Pablo Cubillo; al juez de la Cámara Civil y Comercial, y a Jesica Diaz Marano, jueza de violencia de género y protección integral de menores de la Justicia de la Provincia “que tomen medidas urgentes de protección para cuidar la vida e integridad psicofísica de la niña”.
“Delfina está bien porque se siente acompañada y contenida, por las organizaciones. Pero no deja de estar sumamente preocupada por su situación judicial y mucho más por su hija”, cuenta Videla. “Es una situación real de vida o muerte. Ella tiene miedo de lo que pueda hacer la niña, que está realmente muy asustada”.
