O estás del lado del mercado inmobiliario o estás del lado de les inquilines. La ecuación parece fácil para cualquier ciudadano de a pie al que no le alcanza el sueldo, tiene un trabajo informal, no reúne las características para ser beneficiario de un crédito o todas las anteriores. Alquilar es una necesidad. Pero no estaría teniendo detrás un derecho (para alivio del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz).
Los números de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad hablan por sí solos: en 2006, en Buenos Aires había un 60,7 por ciento de familias que eran dueñas de su vivienda y un 27,7 por ciento de inquilinos. En 2020, esa proporción pasó a 34,8 por ciento de familias inquilinas y 53,5 por ciento de dueños. El resto, entre un 11,6 y un 11,8 por ciento, son personas que viven en casas prestadas, tenencias de hecho y otras excepciones.
No hay dudas sobre de qué lado están quienes defienden los derechos de les que menos tienen. Pero la firma de dos dictámenes completamente opuestos en la Cámara de Diputados complejiza el tema. ¿De qué lado están nuestros representantes?
El dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo, propone mantener la actual Ley de Alquileres (que se sancionó en 2020) y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas.
El dictamen de minoría impulsado por Juntos por el Cambio y que, paradójicamente, tiene más chances de obtener media sanción (porque hola, aliados liberales), propone dar marcha atrás con la ley vigente. Y parece más una ley para las inmobiliarias que para les inquilines.
Entre otros beneficios para las inmobiliarias, establece que el plazo de un contrato sea de 2 años (con la ley actual es de 3), que la actualización del precio del alquiler sea trimestral, que el propietario pueda pedir meses por adelantado. Y que el precio sea negociado por las partes.
Wow wow wow. Paremos un poco acá. ¿En serio consideran que un inquilino está en condiciones de igualdad con un propietario? ¿de verdad creen que no va a ser el propietario el que fije el precio y si al inquilino no le gusta deberá abandonar la vivienda aprovechándose de que la demanda es altísima y la oferta escasa y carísima? ¿De qué partes iguales habla este proyecto? Danila Saiegh explica muy bien los abusos de las inmobiliarias sin control del Estado en esta Carta abierta al pueblo inquilino.
No lo dice (sólo) Cosecha Roja, ni siquiera la Agrupación de Inquilinxs Agrupadxs, impulsora de la ley vigente que está a punto de caerse. Lo dicen los propios diputados: el radical de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace dijo: “Estamos expresando una visión del mercado de alquileres en este dictamen, y es que la intervención del Estado no debe darse a través de la regulación de los precios sino a través de los incentivos para incrementar la oferta”. Son la visión del mercado. No de les inquilines. Clarísimo.
¿Quién regula los precios de los alquileres? ¿Cuáles son los gastos extras que tiene que afrontar el inquilinx? ¿Cuánto duran los contratos? ¿Cuál es un precio “lógico” para pagar?
La actual ley de Alquileres vino a responder estas preguntas y a ubicar a lxs inquilinxs en un lugar de beneficio con respecto a las empresas inmobiliarias. Entre otros puntos, extendió el plazo mínimo de los contratos de alquileres de dos a tres años; dispuso una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE); estableció que todos los contratos deben registrarse en AFIP; fijó que el depósito en garantía sea de sólo un mes y con un monto no mayor al primer mes de alquiler, y que las expensas extraordinarios sean abonadas por el propietario.
¿Cómo llegamos a esto? A la ley de alquileres actual le jugó una mala pasada lo mismo que a todo el mundo: la crisis desatada por la pandemia. A pesar de la vigencia de la ley e inmediatamente después de que venciera el decreto presidencial que estableció la prohibición de aumentar los precios de los alquileres por la situación de pandemia, empezaron los problemas. O aumentaron. La falta de regulación sobre las especulaciones inmobiliarias y la carencia de un control de la aplicación de la ley derivó en aumentos impagables: según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, desde la sanción de la norma hasta abril de este año, los alquileres aumentaron entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires y 135% en la Ciudad de Buenos Aires. Más que la inflación, que acumuló un 103 por ciento en ese mismo período.
El aumento desmesurado y las avivadas del mercado inmobiliario hicieron lo suyo. Desde diferentes sectores -especialmente desde Juntos por el Cambio- se puso en cuestionamiento la Ley y se presentaron varios proyectos para derogarla y reemplazarla por otras.
Cosecha Roja habló con varixs inquilinxs y muchxs coinciden en que con la nueva ley “se descalabró todo”. ¿Entonces es esta ley la que no sirve? Para Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, hay otra explicación: “El vínculo más directo que tienen los inquilinos con la ley de alquileres es la inmobiliaria, no es el Estado”, dice. “El mercado inmobiliario desplegó todas las estrategias posibles en contra de la normativa. Sobre todo, mucha desinformación, planteando que como ahora tenes la ley de alquileres, vas a tener que pagar más caro o como ahora está la ley de alquileres vas a tener que pagar tal cosa”.
Todo esta campaña contra la ley funciona, dice Muñoz, porque en Argentina el Estado se retiró completamente de garantizar los derechos de los inquilinos. “Nosotrxs que militamos desde hace mucho tiempo sabemos que si hubiese un gobierno que controlase la ley, que difundiese los derechos, la defensa de la ley sería más grande. Pero la mayoría de los inquilinos todavía no conoce todos los derechos que se conquistaron con la ley”.
Hace años que gran parte de la sociedad renunció al sueño de la casa propia: ni la inflación, ni los sueldos, ni los precios delirantes de las propiedades, ni las exigencias imposibles de los créditos hipotecarios permiten comprar. Alquilando se juega a la casa propia por los años que dure el contrato pero tirando la plata a las inmobiliarias. Sin la regulación del Estado y dejando todo librado al mercado, los precios de los alquileres superan a la inflación y en un sueldo promedio significa hasta el 50 por ciento del salario. Más las expensas.
¿Cómo se vive con estos números? No dan las cuentas. Ni para alquilar.
