Saulo Rojas tenía 23 años cuando lo internaron por consumos problemáticos, en 2013, en la Fundación Programa San Camilo de Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires. Su madre, Miriam Lucero, presentó un amparo en Mendoza, donde ellos vivían, y la única opción que le dio la Justicia fue esa fundación. El 14 julio la llamaron y le avisaron que su hijo había muerto de un infarto. Era mentira: Saulo se había ahorcado luego de que lo encerraran y aislaran como método de castigo.
El juicio oral y público por la muerte de Saulo marcó un antes y un después: fue el primero que expuso delitos cometidos en una institución terapéutica. Y también es la primera condena por una muerte dudosa en una institución terapéutica. Ángel Súñez, ex responsable de seguridad de San Camilo, era el único imputado: este lunes en el Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro lo condenaron a una prisión efectiva de tres años más diez de inhabilitación por homicidio culposo.
Súñez recibía órdenes del ex dueño y director de la comunidad, Martín Iribarne, y el exdirector terapéutico y psicólogo, Alejandro Jacinto. Pero ninguno de los dos llegó a este juicio: ambos obtuvieron la suspensión del juicio a prueba. El juzgado de primera instancia se los había negado, pero la Cámara se los concedió. Según trascendió, lo último que decidió el juez que entiende la causa sobre ellos es que sean investigados por tortura.
La causa obtuvo impulso a raíz de la intervención del abogado de la familia de Saulo, Yamil Castro Bianchi, del grupo Grupo de Litigio Estratégico, que actuó como querellante, y del periodista Pablo Galfré, que recogió testimonios de usuarios y empleados de la comunidad terapéutica y fueron plasmados en el libro “La Comunidad: Viaje al abismo de una granja de rehabilitación” y también participó en la causa.
“Era un dispositivo -la institución- que se presentaba como Atención a las Adicciones, pero en realidad era un lugar clandestino, que no estaba habilitado para la cantidad de pacientes que tenía, sin un abordaje terapéutico con fundamento científico, atendido por ex adictos recuperados, como es usual ver en la provincia de Buenos Aires, sin control de ningún orden por parte de las autoridades del Ministerio de Salud”, explicó Augusto Infante, director de los programas de Intervenciones Complejas y Colectivas, y de Salud Mental de la CPM.
Infante advirtió que “el riesgo a que esto acontezca nuevamente está latente, porque estos lugares siguen funcionando en toda la provincia, en las mismas condiciones que funcionaba esta comunidad”. San Camilo, en particular, funcionaba con dos unidades, una en Presidente Derqui y la otra en Del Viso. Esta última fue denunciada como un establecimiento con un modo carcelario impuesto, con malos tratos, torturas y encierros forzados.
El caso de Saulo
Según Infante, a Saulo le habían avisado que lo iban a llevar a Del Viso. Él ya había pasado por ese lugar. sabía de los malos tratos que recibían los pacientes. “Cuando lo notificaron, lo encerraron, engomaron (jerga carcelaria que significa “aislado e incomunicado”), en un lugar de aislamiento individual y solitario. Era una pieza, una habitación que estaban construyendo en uno de los patios”, contó Infante.
“Había un colchón en el piso, paredes sin revoque, una ventana sin el vidrio, solo una reja, sin cielo raso. Lo dejan aislado en pleno tratamiento, con problemas serios, a parte él también era diabético y necesitaba insulina”, detalló y agregó que además de estar abandonado a su suerte, lo dejaron “con un cinturón y los cordones de los zapatos”.
Súñez “no revisó y no le sacó el material lesivo”. “Ahí es cuando en esa situación de extrema soledad y aislamiento, que está prohibido en el caso de salud mental, la ley lo prohíbe como tratamiento terapéutico, toma la trágica decisión de colgarse”, continuó. “A todo esto, a la madre le dicen que tuvo un paro cardíaco y que murió por eso, ni siquiera le dicen que pasó en realidad. Da cuenta de la perversidad y del manejo de la información”, remarcó.
El director de la CPM consideró que había “un claro interés económico de las personas que manejaban estos espacios, con derechos gravemente vulnerados, con condiciones materiales deplorables, de aislamiento, un abordaje fundado en un método anticientífico por personas sin capacitación, y con maltrato de ese tipo, aislamiento solitario, golpes, malos tratos en general” y afirmó: “Todo eso llevó a Saulo a quitarse la vida”.
Infante advirtió que esto no fue un hecho aislado, que muchas clínicas están en situaciones similares y que no existe un correcto control por parte del Estado.
Cabe destacar que la comunidad terapéutica San Camilo fue clausurada en 2017, a raíz de la denuncia periodística realizada por Galfré y, además, la CPM había presentado un habeas corpus colectivo el 16 de julio de ese mismo año ante el Juzgado de Garantías 7, con asiento en Pilar, y una denuncia penal en la Fiscalía 4 de la misma ciudad.
