Sair Buitrago y Carlos Francisco Fernández. El Tiempo.-

Con las pruebas que tiene en contra de Javier Velasco Valenzuela, la Fiscalía pedirá 60 años de prisión por el asesinato, la violación y la tortura de Rosa Elvira Cely.

En entrevista con EL TIEMPO, el vicefiscal general de la Nación,
Jorge F. Perdomo, dice que sus fiscales tienen instrucción de no negociar pena con los responsables de delitos sexuales y revela que se ordenó una veeduría especial de los dictámenes de Medicina Legal, para evitar que se repitan historias como la de Velasco, condenado por homicidio y violación en el 2002 y que quedó libre por sus supuestos problemas mentales.

¿Casos tan aberrantes como el de Rosa Elvira Cely deben llevar a que se suban las penas de los responsables de estos crímenes? 

Estos delitos son un problema de Estado y así los estamos enfrentando. Con el presidente Santos se acordaron estrategias para que todas las instituciones trabajen para proteger a las mujeres y a los niños de los abusadores. Particularmente, para la Fiscalía todos los casos son importantes y, aunque hay dificultades de logística, desde el primer día se dio una directriz para que se le diera prioridad a la investigación de los delitos sexuales. Ahora bien, las penas que hoy están vigentes son suficientes; lo que pasa es que hay que aplicarlas. En el caso de la señora Rosa Elvira, vamos a pedir la máxima pena, 60 años. La Fiscalía no es partidaria de nuevas reformas de la ley sino de ser efectivos en el cumplimiento de las normas que hoy tenemos (Lea también: ‘Estaba como poseído por el Diablo’, dice familiar de Javier Velasco).

¿Qué garantiza que los violadores no terminen con beneficios y rebajando esas penas?

Los beneficios no pueden poner a la justicia en tela de juicio. Si tenemos un buen caso con pruebas y evidencias claras, la instrucción es no llegar a preacuerdos o principios de oportunidad (vea también: 60 años de prisión pedirá Fiscalía si Velasco resulta culpable).

¿Cómo evitar que se repita el caso de Velasco, que gracias a un dictamen de Medicina Legal terminó en libertad tras ser declarado inimputable?

A eso le vamos a poner la lupa. Esos exámenes deben ser realizados con todo el cuidado y la supervisión, para que se ajusten a la realidad. Lo claro es que el Estado debe garantizar los centros de rehabilitación para que delincuentes que han sido declarados inimputables permanezcan bajo tratamiento, pero con todas las medidas de seguridad para proteger a la comunidad.

¿Se debía pensar en medidas como empadronar a los autores de delitos sexuales que quedan en libertad, como se hace en otros países donde las comunidades son advertidas de su presencia? 

Con eso hay que tener mucho cuidado, porque las personas, a pesar de las condenas, mantienen sus derechos. Hay que recordar que aquí se intentó imponer lo de los ‘muros de la infamia’, y la Corte Constitucional consideró que esa medida no era proporcional. Colombia no puede utilizar el derecho penal para generar más violencia.

¿Pero ante situaciones como esta no deben primar los derechos de las víctimas sobre los de los victimarios?

La directriz es clara: no vamos a tolerar delitos sexuales contra las mujeres y los niños, los reprochamos y condenamos. Pero no por eso vamos a pasar por encima de los derechos de las personas.

Para eso está la justicia: hay unos valores constitucionales que rigen los procesos penales. ¿Cómo tendrían que ser reparadas las víctimas de estos delitos?

La reparación debe ir más allá de lo económico. Tenemos que lograr que el victimario garantice la no repetición y que la víctima obtenga una reparación frente a los daños psicológicos y personales.

‘Supe del asesinato 6 días después’

Bogotá. Ésmer Mauricio Ariza, un santandereano de 29 años, pasó de ser uno de los posibles sospechosos por el crimen de Rosa Elvira Cely, la mujer que fue brutalmente asesinada en el parque Nacional, a uno de los testigos claves para esclarecer el caso.

Él acepta que estuvo hasta momentos antes del asesinato con Rosa Elvira y con Javier Velasco tomando cerveza. Sin embargo, asegura que solo seis días después se enteró de la brutal muerte de Rosa. “El jueves (al otro día del asesinato), me saludé con Velasco y le pregunté cómo les había acabado de ir; él me respondió que bien”, dice. Ariza tiene a su favor las palabras de la misma Rosa Elvira, quien antes de morir señaló a Velasco como el culpable.

“Esa noche, ellos hablaban animados y se reían. No los vi besarse o tomados de la mano”, relató. Y aseguró que se despidió de ellos a las 12:15 de la noche.

Cuando supo que era requerido se presentó en el búnker. Medicina Legal le practicó exámenes de ADN y pruebas en el vestido y la moto para determinar si estuvo en el parque.

Velasco: ¿enfermo o criminal?
Análisis de Carlos Francisco Fernández, Asesor médico de EL TIEMPO

Inimputable. Con base en este concepto, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal en julio del 2002, Javier Velasco quedó en libertad tras 15 meses de prisión por el asesinato de Dismila Ochoa, ocurrido en una bodega del barrio 7 de Agosto, en Bogotá (vea perfil sicológico de Velasco).

Casi diez años después, y cuando Velasco vuelve a estar involucrado en otro asesinato, el de Rosa Elvira Cely, surgen cuestionamientos sobre el dictamen del Instituto de aquella época, que lo sacó de la cárcel.

Ateniéndose a las condiciones que Velasco presentó en ese momento (adujo, por ejemplo, no acordarse del asesinato de Ochoa) y a la evaluación practicada por peritos en psiquiatría forense, el Instituto consideró que se trataba de un caso de inimputabilidad.

Faltó seguimiento

De acuerdo con la definición adoptada por Medicina Legal, un inimputable es un individuo incapaz de comprender el contenido y alcance social de su conducta y está “en inferioridad de condiciones psíquicas para autodeterminarse”. En otras palabras, en ese momento Velasco fue declarado enfermo, lo cual, según la misma definición, “requiere que el Estado y la sociedad lo rodeen de ciertas condiciones para que se rehabilite y pueda así equilibrarse con los demás”.

Beatriz Caamaño, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dice que esta recomendación de la justicia debió haberse engranado con el sistema de salud, algo que, en teoría, debe suceder: “Si se hubieran dado los seguimientos indicados a Velasco, quizá se habrían identificado factores y antecedentes y se hubiera detectado que debía estar aislado de la sociedad”, afirma.
Caamaño advierte, no obstante, que “una persona puede ser inimputable hoy, frente a un delito, pero plenamente responsable en otros”.

Rodrigo Córdoba, psiquiatra y expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, asegura que algunos inimputables pueden progresar en su deterioro, “al punto de que pueden llegar a cometer delitos de los que sí son conscientes, que planean y preparan; disfrutan cada vez más con el sufrimiento de sus víctimas, y siempre buscan más”. En este punto, asegura, se convierten en asesinos en serie. “Frente a esos casos -precisa Caamaño- la ciencia no ha encontrado una respuesta; ellos mantienen esa conducta a lo largo de su vida y para eso no hay posibilidad de rehabilitación. Por eso es fundamental mantenerlos aislados, para proteger a la sociedad. En ningún lugar del mundo a los sociópatas se los considera no culpables”.

La psiquiatra infantil Olga Albornoz sostiene que estos sociópatas muestran señales tempranas de su condición, incluso desde la infancia: “Son niños que no cumplen las reglas, desafiantes y oposicionistas en extremo; gozan con el maltrato de animales, con el irrespeto a sus pares y mayores, mienten permanentemente y cometen robos que van en ascenso”. Albornoz insiste en que si existiera un sistema que privilegiara la salud mental infantil, casos como el de Velasco podrían detectarse a tiempo “y no cuando la sociedad tiene que enfrentarse a delincuentes”.