Cosecha Roja.-

En Argentina, desde el año 2000, 1.893 personas murieron en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. Casi la mitad, 49%, fueron baleados por policías que estaban en servicio. Las cifras, divulgadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), indican que cada tres días un ciudadano es asesinado por agentes estatales.

Ese ciudadano, blanco de la violencia institucional, suele reunir tres características: joven, varón y habitante de un barrio pobre. Pero su muerte es apenas la consecuencia de una larga trayectoria de estigmatización: la sociedad lo ve como culpable de todos los males y lo asocia siempre a asesinatos, robos, problemas de drogas y prostitución.

Con los ojos puestos en tal situación, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, lanzada el 12 de junio, busca generar un debate público en torno a crímenes cometidos por personal de las fuerzas de seguridad adscritos a las provincias y al ámbito federal.

El diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, promotor de la iniciativa, explica otras tipologías del fenómeno: “Violencia institucional también es detener a un pibe sólo por su aspecto, es hostigar a los jóvenes de los barrios. Violencia institucional es encubrir y tener una actitud corporativa ante hechos delictivos dentro de la propia Fuerza”.

Algunos de los casos más emblemáticos son la masacre de José León Suárez y los homicidios de Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, Lucas Rotella y Lautaro Bugatto. De estos nombres que trascendieron en los medios de comunicación bajo rótulos de “gatillo fácil”, varios no pertenecían a la mayoría señalada como habitante de barrio pobre, pero sus muertes ocurrieron por errores policiales, originados en la falta de capacitación, o por uso desmedido de la fuerza en circunstancias que no ameritaban el empleo de armas.

La campaña tiene en cuenta las causas diversas de la violencia institucional, así como sus diferentes responsables. De acuerdo con el diputado Grosso, el propósito es doble. “La idea, por un lado, es generar conciencia de la magnitud de la problemática y mostrar cómo los distintos casos de violencia institucional son parte de un sistema que debemos reformar entre todos. Por otro lado, queremos poner en funcionamiento una red territorial, donde en cada distrito haya un responsable de la campaña, que pueda registrar los casos de cada barrio y que esté capacitado para dar una respuesta urgente”.

Acerca de esta red territorial, la campaña se enfoca en la capacitación. El 12 y 19 de junio, el CELS asesora abogados y estudiantes de Derecho en cómo reconocer y actuar en casos de violencia institucional. Luego se prevé formar a los responsables distritales, primero de la Provincia de Buenos Aires y después de otras jurisdicciones, para que sepan cómo usar en cada localidad los protocolos para posibles abusos policiales. Finalmente, se incluirá la figura de los voluntarios, quienes estarán alertas ante cualquier caso de violencia institucional. Según la campaña, “se trata de constituir un modelo de seguridad ciudadana con participación democrática”.

– Leonardo Grosso, diputado nacional. “La violencia institucional tiene que ver con la vulneración de derechos de la población masculina, joven, de los barrios más humildes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país”.

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– Marcela Perelman, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional en el CELS. “Entendemos la violencia institucional, en el marco de la campaña, como diferentes tipos de interacciones abusivas entre agentes del Estado y ciudadanos”.

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– Pablo Ferreyra, convocante de la campaña Contra la Violencia Institucional. “La campaña intenta visibilizar los casos de violencia cometidos por la policía federal y las policías de las provincias, para que se conozcan, se tomen medidas estatales y puedan evitarse otros nuevos”.

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