María Florencia Alcaraz – Cosecha Roja.-

-Andá a buscar una bolsita a ver si el pibe habla- gritó el policía.
Estaban en una comisaría de Florencia, un pueblo en el norte de Santa Fé, Argentina. El compañero del policía que gritaba volvió con una bolsa de plástico y se la puso en la cabeza al chico de 18 años al que estaban golpeando. Esperó hasta el límite de dejarlo sin aire y se la sacó. El pibe llenó sus pulmones desesperado y, de repente, otra vez la bolsa estaba en su cabeza. El mismo procedimiento se repitió una y otra vez.
Roberto no podía creer lo que estaba pasando. Lo había visto en alguna película. Había leído sobre el tema en la escuela, cuando estudiaron la última dictadura militar. El chico sabía lo que era un submarino seco. Pero no entendía por qué ni cómo eso le estaba pasando a él. Hoy, en el 2012, lo estaban torturando.
Un abogado le dirá después que se trató de un caso de “apremios ilegales”. Los medios titularán que lo torturaron. Él no sabrá ponerle nombre al martirio que vivió durante una semana en una Comisaría del norte de Santa Fé.
El 13 de mayo, Roberto Gustavo Valenzuela dormía una siesta en su casa en Florencia, un pueblito de 7.000 habitantes más cerca de la provincia de Chaco que de la capital santafesina. De repente, un grupo de efectivos policiales irrumpió en su casa y en el sueño del chico.
Los uniformados buscaban unas motocicletas robadas. Estaban seguros que Roberto era el responsable de esos delitos.
-Mi hijo no anda robando con armas, oficial-salió a defenderlo Susana, su mamá. Ella misma les entregó la moto que estaba en la casa.
De ahí lo llevaron al calabozo de la Comisaría 9º del pueblo. Roberto tenía antecedentes y eso lo convertía en el sospechoso ideal.
-Hablá pibe-le gritaba el oficial mientras lo golpeaba en el estómago. Acá se perdieron muchas cosas además de motos. Hablá y decí qué tenés y dónde.
Junto con Roberto fueron detenidos otros dos jóvenes sospechados de los mismos delitos: Lucio Prieto y Martín Gómez, los dos de 19 años.
Los policías los culpaban de todos los males del pueblo. Necesitan encontrar culpables. Transformarse en héroes a cualquier precio.
La tortura duró 7 días. Incluyó amenazas, golpes y también el uso de una picana eléctrica que les aplicaron en las nalgas y en la lengua.
Durante una semana estuvieron incomunicados y no tuvieron acceso a un abogado, aunque lo pidieron.
Los chicos estaban todos juntos en una misma celda. Cuando no dormían los obligaban a hacer fuerzas de brazos. Los hacían bañarse juntos y besarse. Uno de los policías los filmaba con un celular.
-¿Tienen Facebook? Vamos a subir el video así ven como se besuquean-bromeaba el oficial.
Entre los uniformados que torturaron a los tres jóvenes también había una mujer.
Por la madrugada los sacaban de las celdas y los torturaban de a uno. Después de los golpes o de asfixiarlos con una bolsa de nylon, los inducían a firmar papeles que, a esa altura, ni siquiera entendían.
El caso llegó a la Corte Suprema de Santa Fé, de la mano del diputado provincial Eduardo Toniolli, quien presentó un habeas corpus para preservar la integridad de los jóvenes. El recurso fue acompañado también por el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón.
“Si la fuerza policial toma declaraciones sin la presencia de abogados se le da la potestad para estos tipos de apremios. Esto no puede seguir pasando. Es una situación de extrema gravedad institucional”, denunció Toniolli.
El juez, Virgilio Palud, que actuó en la causa que se les abrió a los jóvenes, tomó como válidas las declaraciones firmadas por ellos bajo tortura, a pesar de ver las marcas que había dejado la violencia policial.
La única intervención del magistrado fue citar a Roberto Valenzuela para declarar sobre el supuesto hurto del cual se lo acusaba. Roberto se presentó ante el juez Palud con las orejas rojas y los labios morados, producto de la tortura.
Una vez que el caso tomó estado público aparecieron múltiples denuncias de jóvenes que habían pasado por el mismo tormento.
Semanas antes de que detuvieran a los tres chicos, dos jóvenes que estaban trabajando en la cosecha de algodón habían sido subidos a un móvil policial a los golpes, conducidos hacia la misma comisaría y obligados a firmar declaraciones donde se hacían cargo de una serie de robos que habían ocurrido en la localidad.
Hasta el presidente de la Comuna de Florencia, Rubén Quaín, salió a denunciar que su hijo de 21 años había sido víctima de las torturas de la Comisaría 9°. Después de un incidente a la salida en un boliche bailable, el joven había sido detenido y sometido a distintos vejámenes puertas a dentro de la institución policial.
Después de la denuncia presentada por Toniolli comenzó una investigación de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fé. Dos jefes y dos suboficiales de la Comisaría 9° de Florencia fueron trasladados a otras dependencias.
Roberto Valenzuela, uno de los detenidos, reconoció al policía que lo habría golpeado. Se trataba de Pablo Fantín. El padre del uniformado amaneció el 20 de junio encadenado a un árbol de la plaza del pueblo denunciando que su hijo era inocente y repudiando el traslado de su hijo a otra comisaría del norte.

, , , , ,