Proceso.-

La zona de la Merced mantiene el primer lugar de América Latina en trata de menores con fines de explotación sexual, de acuerdo con un informe presentado hoy por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

De acuerdo con el segundo Informe en Respeto a los Derechos Humanos en Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, la mayoría de las víctimas (80%) son mujeres y de éstas, 50% son menores de edad.

El informe, presentado hoy en el auditorio Digna Ochoa de la CDHDF, señala también que los proxenetas obtienen ganancias de alrededor de 53 mil dólares al año por cada mujer explotada sexualmente.

Por esa razón, el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, señaló la necesidad de abordar la trata de personas como un fenómeno de mercado dentro de las múltiples formas del crimen organizado.

Señaló que es necesario concienciar a los consumidores de sexoservicio del proceso de “objetualización” (sic) del que son víctimas las mujeres al ser tratadas como mercancía.

Hay que “generar esta conciencia en quienes consumen, como si se tratara de cualquier mercancía: hay que tener muy claro que hablamos de personas, que los daños producidos son acumulativos; estamos hablando de la integridad psicosocial de mujeres y niñas, en la mayor parte de los casos”, apuntó.

El estudio elaborado por el Observatorio Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, busca establecer medidas y políticas públicas que permitan atacar el problema e ir más allá del debate “que ha producido más obstáculos que beneficios entre las posiciones prohibicionistas, las reglamentaristas y las que median entre ambos polos”, subrayó el ombudsman local.

“El tema de la migración y del mercado de drogas son también temas interrelacionados y que convergen en las personas víctimas del fenómeno de trata, a quienes hasta ahora los sistemas de procuración de justicia y las políticas públicas sólo han revictimizado”, concluyó.

Finalmente González Placencia señaló que para combatir efectivamente la trata de personas con fines de explotación sexual, es necesario enfrentar decididamente a la corrupción de autoridades que permiten este cáncer social.