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El combate al crimen organizado en México ha agravado “la creciente violencia” de género en el país, por lo que la ONU recomendó al gobierno revisar sus estrategias de seguridad pública, según observaciones difundidas hoy aquí.

Las recomendaciones forman parte del documento final emitido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

El comité “está gravemente preocupado de que la estrategia de seguridad pública de combate al crimen organizado, combinada con una persistente impunidad y corrupción, ha contribuido a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia” de género.

Indicó además que los patrones discriminatorios tienen su raíz en “actitudes patriarcales” que han hecho asimismo que el fenómeno de la violencia contra las mujeres padezca de “minimización e invisibilidad” en el país.

El comité, formado por 23 expertas que revisaron un informe entregado por México, señaló además su preocupación sobre “los crecientes niveles de diferentes tipos de violencia de género” perpetrados tanto por actores del Estado como por criminales.

Entre estos tipos de violencia citó los ataques domésticos, las desapariciones forzadas, la tortura y los homicidios. Por ello, el comitpe “urgió” a México a que “revise su estrategia de seguridad pública para combatir al crimen organizado, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos” y para terminar con los “altos niveles de inseguridad y violencia” en el país.

También afirmó que a las mujeres indígenas la estrategia contra el crimen organizada las ha afectado especialmente, incrementando los altos niveles de violencia que padecen, “incluyendo feminicidios a menos de fuerzas de seguridad”.

Por ello pidió “investigar, procesar y castigar” a los responsables de los ataques contra las mujeres ya sean actores del Estado o criminales comunes, así como establecer mecanismos de compensación a las víctimas.

Llamó a ofrecer entrenamiento sistemático en derechos humanos, y en particular en referencia a las mujeres, a todas las fuerzas del orden involucradas en operaciones de seguridad pública. Además, instó al gobierno, a que tome todas las medidas para crear un sistema estandarizado para la recolección de datos sobre la violencia de género en el país, así como de las desapariciones de mujeres que ocurren en el territorio nacional. En ese sentido, se dijo “preocupado por la información que indica que hay una conexión entre el creciente número de desapariciones de mujeres, en particular niñas en todos el país, con el fenómeno del tráfico de personas”. Expresó su consternación, además, por los informes que sostienen que “la mayoría de los casos” de ataques contra defensoras de los derechos humanos y periodistas mujeres han sido cometidos por agentes del Estado, y que no han sido resueltos ni los responsables procesados.

La delegación mexicana, encabezada por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán, entregó el informe anual a la CEDAW el 17 de julio con el fin de destacar sus avances respecto a la promoción de los derechos de la población femenina. El informe destacó además los desafíos del gobierno en materia legislativa, institucional y de políticas públicas destinados a promover el goce efectivo de las mujeres en materia de derechos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/31-07-2012/317099.