A los guardiacárceles “se les fue la mano” con Barros Cisneros

María Florencia Alcaraz – Cosecha Roja.-

“Se mandaron la cagada del siglo. Parece que se les fue la mano a los compañeros”, escuchó Miguel Gallego de la voz de otros guardiacárceles de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). “La mano” se les había ido con Patricio Barros Cisneros, un joven de 26 años que cumplía condena ahí. Estaba tirado en el piso todo golpeado con las manos atrás atadas. Lo habían matado casi diez agentes en una sesión de tortura que duró entre 5 y 15 minutos, según los propios acusados.

Hoy, en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín, comenzó el juicio contra seis penitenciarios acusados del crimen del joven, el 28 de enero de 2012. Ese día su novia lo había ido a visitar. Como hacía calor y ella estaba embarazada de cuatro meses, él pidió un lugar con sombra. Los guardiacárceles le respondieron con gas pimienta, patadas y trompadas.

En un primer momento los funcionarios del SPB dieron una versión inverosímil: contaron que Patricio se había suicidado golpeando su cabeza contra una reja. Las pericias y los testigos dijeron todo lo contrario. Sólo en la cabeza, el forense que hizo la autopsia del cuerpo contó alrededor de 30 golpes. La novia es la principal testigo de la causa, pero también había otros presos y los propios guardiacárceles –con contradicciones- asumieron que había sido una maratón de tortura.

“La ausencia de Patricio se siente todos los días”, dijo Lorena Barros Cisneros a Cosecha Roja tras la primera audiencia. “Hoy fue muy fuerte. Llegamos al juicio después de tres años muy difíciles de pelear contra el Poder Judicial que no quiere ver lo que pasa en los penales”, dijo Lorena, la mayor de los nueve hermanos. La mujer se puso al frente de la búsqueda de Justicia. Esta mañana tenía una remera con la foto de su hermano.

La muerte de Patricio es emblemática por la brutalidad y por haber llegado a la instancia de debate oral. Según los datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 67 por ciento de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1 por ciento llegó a un juicio.

La primera jornada fue formal: como en todo inicio de debate se hizo la lectura de la acusación. También se leyeron las declaraciones indagatorias de los seis imputados. Y se anunció que el juicio continuará el próximo jueves cuando tres testigos de identidad reservada aporten su versión de lo que vieron y escucharon el día de la muerte de Patricio. Son tres detenidos que se están a disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense por lo que se tomarán cuidados específicos para resguardarlos.

La audiencia comenzó a las 10.30 y terminó pasadas las 14. Adentro, además de la familia de Patricio, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que los patrocinan, los jueces y la fiscal Paula Leiva, estaban los seis penitenciarios señalados por el crimen. Hoy por primera vez, los familiares del joven asesinado se vieron cara a cara con ellos. “Queremos que se haga Justicia por mi hermano. Queremos que se llegue a la verdad”, reclamó Lorena.

Héctor Aníbal Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Miguel Gallego, Claudio Keem y Juan Liberto se sentaron en el banquillo de los acusados. Los penitenciarios se enfrentan a una condena perpetua por torturas seguidas de muerte. César Raúl Benítez es un séptimo acusado, que está prófugo y con pedido de captura internacional. Durante la instrucción hubo otro hombre señalado, Víctor Silva, quien se ahorcó en su celda de la Alcaidía de Avellaneda.

Afuera de los Tribunales esperaban militantes y representantes de organismos de Derechos Humanos que se acercaron para acompañar a la familia de Patricio como la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura. Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, estuvo en el inicio del juicio.

También participaron el diputado del Frente para la Victoria y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y el coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Leonardo Rebolino. “Creemos que se tienen que juzgar a todos los acusados bajo la figura de coautor. Por más que uno le pegó, otro vigiló que no viera nadie y cada uno tuvo un rol: lo mataron entre todos”, dijo Rebolino a Cosecha Roja.

Al lugar, además se acercaron los familiares de Walter González, otro joven asesinado en la Unidad 46. “Fue un año después de la muerte de Patricio en el marco de una pelea. Se llevó a juicio a los mismos presos, pero estamos acompañando porque se tiene que discutir la zona liberada del penal que permitió que se produzca esa pelea. Y el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene que asumir responsabilidades”, dijo Rebolino.

El acompañamiento del CELS

A Patricio lo mataron un sábado. Dos dias desués los abogados del CELS, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y Juan Manuel Casolati -en ese momento secretario de Ejecución Penal de San Martín- entrevistaron a más de 100 presos que les confirmaron lo que la novia del joven había denunciado: lo habían matado los penitenciarios. Desde entonces el organismo patrocina y acompaña a la familia. “Todos los detenidos que entrevistamos sostenían que no se había suicidado. La autopsia lo confirmó. Tenía golpes apergaminados, que son durante el proceso de la muerte. No se pueden auto infligir”, explicó a Cosecha Roja Mariano Lanziano, uno de los abogados que representa a los hermanos de Patricio como querellante.

Los detenidos que fueron testigos del crimen recibieron presiones para firmar la versión oficial. Cuando fueron trasladados a unidades del Servicio Penitenciario Federal contaron cómo había sido la brutal golpiza. A partir de estos testimonios y de la declaración de la novia de Patricio, el fiscal ordenó la detención de los agentes. Sin embargo, el día anterior varios de ellos se fugaron.

El primer fiscal de la causa, Carlos Insaurralde, fue separado. Además de haber creído en la versión oficial, permitió otras irregularidades. Por ejemplo, no secuestró la ropa de los penitenciarios. Todavía hay sumarios abiertos y una investigación que está detrás del encubrimiento.

Fotos: Facundo Nívolo