El jueves 2 de septiembre Virginia Santana llegó a su casa a eso de las cuatro de la tarde después de trabajar en un comedor en Concepción, en la provincia de Tucumán.
-Limpiemos rápido que ya va a llegar el abuelo para ir a ver a Rocío- le dijo a una de sus hijas.
Virginia vive a nueve cuadras de la Brigada Femenina de Concepción, una comisaría donde hacía siete meses y medio estaba detenida otra de sus hijas, Rocío Micaela Mendoza. De lunes a lunes, con lluvia o con sol, Virginia la iba a visitar. Le llevaba ropa y comida. En la Brigada a las presas no les daban nada: apenas unos colchones desparramados en el piso de una celda de tres por tres metros, un bañito y un patio pequeño. Hacía un tiempo Rocío le pedía que le llevara más comida para compartir con sus compañeras. Es que las otras familias vivían lejos -dos de ellas en San Miguel de Tucumán, a más de 60 kilómetros- y no podían ir todos los días a visitarlas.
Todavía no habían terminado de limpiar, cuando una vecina llegó corriendo a la casa. Estaba llorando.
-¡En la brigada hay un incendio!
Virginia dejó todo como estaba y corrió las nueve cuadras. Cuando llegó, se metió entre la decena de policías que rodeaba el lugar. Uno la paró y le dijo que esperara, no podía pasar.
En el incendio en una celda de la Brigada Femenina de Concepción murieron cuatro mujeres carbonizadas. Una de ellas era Rocío. Las otras tres se llamaban Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán y María José Saravia. Estaban cumpliendo condenas de entre 3 y 6 años en un lugar sin condiciones para alojar a personas presas. Hace meses esperaban ser trasladadas a la única cárcel de mujeres de la provincia: la Unidad 4 de Banda del Río Salí. Pero esa unidad carcelaria está colapsada.
“No me dieron información de nada. Todo el mundo sabía que mi hija estaba muerta, menos yo”, dice Virginia a Cosecha Roja. Es que la noticia de que cuatro mujeres habían muerto calcinadas empezó a circular por los medios locales y hasta lxs vecinxs del lugar lo escribían en sus redes.
Virginia tuvo la confirmación a las nueve de la noche, en la puerta del hospital de Concepción.
“Murieron las cuatro abrazadas. Con la celda cerrada con llave y candado”, dice.
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Morir presas, carbonizadas y abrazadas en una celda
“Las llamas impidieron a los policías acceder a la celda”, repiten la mayoría de las notas que salieron en los medios locales y nacionales. Virginia dice que es mentira: “En el hospital vi a las tres policías que estaban de guardia ese día. No les vi un sólo rastro del fuego en sus uniformes”. Ella esperaba que alguna se le acercara a explicarle. “No entiendo cómo ninguna se acercó a decirme, por lo menos, que no pudieron hacer nada. Lo único que hicieron fue bajar la cabeza cuando me vieron”.
La Brigada está a la vuelta del destacamento de Bomberos voluntarios y a 200 metros de un hospital. Pero el pedido de ayuda no salió de adentro. Fueron los vecinos quienes, al ver humo, llamaron a los bomberos para pedir auxilio.
Cuando la ayuda llegó ya era tarde.
Ninguna de las víctimas llegaba a los 30 años. Rocío tenía 22. Estaba cumpliendo una condena por robar un celular. En un juicio abreviado -al que llegó en prisión preventiva- la sentenciaron a 5 años de cárcel. La pena tenía que cumplirla en la Unidad 4. Pero pasó siete meses y medio a la espera del traslado.
Rocío tenía consumos problemáticos y pasó varias internaciones. Su mamá cuenta que cuando la detuvieron pesaba 30 kilos. “Ahora estaba en 69. Que estuviera detenida significaba para mí no estar en la calle y que no se drogara. Ella pensaba que cuando la trasladaran iba a poder estudiar mientras cumplía su condena”, agrega. Rocío había terminado el secundario hacía poco y quería estudiar Enfermería.
Desde la Brigada, la versión oficial es que una de las víctimas inició el incendio. Las familias de las mujeres lo niegan y dicen que las dejaron morir: se preguntan cómo puede ser que no se hayan dado cuenta del incendio hasta que llegaron los bomberos.
La jefa de la Brigada y tres efectivas subalternas que estaban de turno fueron pasadas a disponibilidad. La causa quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, de la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de Concepción.
Cárceles colapsadas
En Argentina las cárceles hace años que están colapsadas. Y en 2020 la pandemia agravó la situación de sobrepoblación y crisis carcelaria. En abril del año pasado la CIDH recomendó a los Gobiernos reducir la población carcelaria para garantizar el distanciamiento social. También pidió proveer productos de higiene y protección para evitar la propagación del virus, garantizar la atención médica y facilitar la toma de muestras para la detección del virus, tanto para las personas encarceladas como para el personal penitenciario.
En marzo de este año varias organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH una audiencia pública por la situación específica de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria. Ni las leyes, ni la Justicia, ni las políticas públicas tienen una perspectiva de género interseccional que contemple el contexto en el que llegan las mujeres y LGBT a ser detenidas: situaciones de vulnerabilidad, pobreza, violencia que se agravan en el contexto de encierro.
