Texto y foto por Daniela Díaz Rangel*
Éramos tres desconocidas en una sala fría color blanco hueso. Por momentos me perdía en sus voces. Luego sus llamados de aliento me devolvían al mueble aséptico donde me retorcía. Pasó quizá una hora en medio de contracciones fuertes, anécdotas distractoras y ansiedad. Llegó el momento: por fin la enfermera anunció mi nombre. No sabía que me esperaban los peores 30 minutos de mis recuerdos más recientes.
Les insistí en que no sentía la anestesia. Lloraba y vomitaba. Me preguntaba por qué a mí no me había ido tan bien como a otras. Pese a que fue una decisión consciente y de la que no me arrepiento, me recriminaba estar en esa situación, mientras casi me desmayaba del dolor. En voz del doctor escuché: “Terminamos”. El tiempo volvió andar, me vestí y salí abrumada.
Después del procedimiento en una clínica médica de renombre en Bogotá, dolorida y emocionalmente devastada por la operación, empecé a presentar complicaciones. Las enfermeras dijeron que en un par de días podría retomar mi vida normal. No fue así. El sangrado era escandaloso, el dolor insoportable. Le pedí al médico tratante hacerme unos controles posteriores, a los que no asistió y me remitió a otra médica. Le conté llorando que habían pasado varios días pero seguía sin sentirme bien. Al revés, mi cuerpo me decía que algo andaba mal. Ella solo atinó a recomendar dosis más altas de analgésicos en un tono condescendiente.
Al igual que yo, según cifras de la Secretaría de Salud, alrededor de 64 mil personas se practicaron un aborto en Bogotá entre 2013 y 2018. Datos no menores cuando en Colombia interrumpir un embarazo no deseado es un derecho y a la vez un delito. Se puede abortar bajo las causales de riesgo para la vida o salud de la gestante, malformación del feto y violación, pero también se puede ir presa según lo establecido en el artículo 122 del código penal.
Muchas clínicas privadas aprovechan esa ambigüedad legal para hacer abortos bajo la causal salud, que es entendida de manera integral por la OMS y por eso se contempla la salud mental. No es un derecho para todas. Hay que pagar unos 200 dólares o que la clínica haga un enlace con la empresa prestadora de salud para que lo cubra, algo que pasa poco porque demoran semanas en responder. Y el tiempo corre. Después de abortar si necesitamos hacer controles en otra Entidad Promotora de Salud (EPS) tenemos que mentir para no correr el riesgo de ser denunciadas.
Según un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, desde el 2006 la criminalización de quienes acceden a un aborto fuera de las causales ha tenido un aumento significativo: hay un promedio de 400 personas procesadas anualmente por esta practica y tres de cada cuatro son denunciadas por el personal de salud.
Eso puede estar a punto de cambiar. Gracias a una demanda interpuesta por CAUSA JUSTA, un movimiento que recoge a más de 80 organizaciones sociales, en este momento la Corte Constitucional de Colombia estudia sacar al aborto del código penal.
Manifestaciones en el Día de Acción Global por el Aborto Libre, Bogotá.
Las dosis más altas de analgésicos nunca sirvieron. Seguí sangrando varios meses, paralizada varias veces por el dolor. Acudí a médicos particulares, fui a urgencias, mentí para que me atendieran en mi EPS, usé métodos naturales, agoté mi salud física y emocional. Me preguntaba qué había hecho mal y me recriminaba estar en esa situación. ¿Era mi culpa el trato negligente que había recibido?
Un día salió el tema en una charla informal entre mis amigos más cercanos. María, era nueva en el círculo de amigos y no hablaba mucho. De repente cambió y se desahogó. Unos años antes había sido víctima de tratos violentos en la misma clínica. Contó que mientras pasaba por intervención la doctora le hacía comentarios para hacerla sentir culpable por haber quedado embarazada y daba a entender que merecía ese dolor. Pude reconocerme en esa rabia con la que hablaba.
María y yo fuimos violentadas por personal de salud pero contábamos con privilegios que nos permitieron sobrevivir. Muchas no los tienen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de 67 mil mujeres que mueren cada año por abortos mal practicados. Entre ambigüedades y burocracia, miles de mujeres paren obligadas, arriesgan su vida abortando en la clandestinidad o viven con el miedo latente de terminar con un proceso judicial a cuestas por decidir cómo quieren vivir.
Aún cuando la legislación en Colombia es de las menos restrictivas de la región, las interrupciones en Colombia siguen sujetas, entre otras, a interpretaciones personales y prejuiciosas de quienes las hacen o son obstaculizadas con trabas que imponen las empresas prestadoras de salud.
La despenalización social y legal del aborto es un asunto de salud pública. La estigmatización y la ambigüedad de las leyes han generado fallas profundas y graves en el sistema de salud que ponen en riesgo la vida de las personas gestantes.
Mientras Latinoamérica camina hacia normativas más progresistas en la región como pasó en Argentina, México y Chile, en Colombia se siguen permitiendo leyes que limitan, violentan y restringen la ciudadanía plena y la autonomía de las mujeres y personas gestantes. Es una prueba más de que las maternidades deseadas son transgresoras e inconvenientes en una sociedad patriarcal donde históricamente se ha sometido a las mujeres a la crianza obligatoria y a las labores no remuneradas de cuidado. Más atroz aún cuando el 13 por ciento de las mujeres criminalizadas por abortar en Colombia son menores de edad.
El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos ha desbordado las normativas y no se ha limitado por el sistema judicial que busca disciplinar. Las mujeres y cuerpos gestantes han acompañado abortos y se los han practicado legal e ilegalmente en los contextos más adversos: el 97 por ciento de las mujeres denunciadas por abortar en Colombia son de zonas rurales. Y seguirán abortando. El deber del Estado es garantizar condiciones dignas para hacerlo o seguirán condenando a las mujeres, niñas y personas gestantes a maternidades obligatorias o a riesgos incalculables a su salud.
En esta lucha por el aborto legal me gusta recordar mi experiencia más allá del trauma que la ilegalidad fortalece. Me gusta atesorar cómo en esa clínica las mujeres le plantaban cara al miedo, a la estigmatización, a los mandatos sociales y religiosos. No solo adentro. Afuera otras tantas acompañaban y esperaban por horas en el frío la salida de sus hermanas, amigas e hijas para abrazarlas y decirles que todo iba a estar bien.
Todas ellas, quizá sin saberlo plenamente, se convirtieron en una grieta en el sistema, en un motor para la lucha colectiva, en una batalla contra la penalización social. Transitar y enunciar el aborto como una categoría política afirmativa que transforme la narrativa que prohíbe elegir bajo qué reglas, cuándo y cómo maternar es clave para acercarnos a experiencias de interrupción cuidadosas, amorosas y sanas.
Desde los 80 ya se escuchaban resonar fuerte en las calles las exigencias de las feministas. Cuarenta años después soy parte de su declaración y de sus exigencias: “Yo declaro ser una de ellas. Yo declaro haber abortado. De la misma manera que nosotras reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre”.
*Fotoperiodista radicada en Bogotá enfocada principalmente en temas de cine, género, paz y movimientos sociales.
