Por Natalia Di Marco*
Foto: Lara Otero
En la madrugada del 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sellando así el reconocimiento estatal de un derecho largamente reclamado por el movimiento de mujeres y feminista de Argentina. Ese día quedará en la historia como un gran hito en la lucha: como decíamos en nuestros cantos, finalmente “el aborto es ley”.
Mientras transcurría el debate parlamentario, la “marea verde” colmó las calles de cientos de ciudades y pueblos con una vigilia masiva, en un gesto colectivo que desde 2018 no ha dejado de repetirse cada vez que este reclamo demandó nuestra presencia y nuestra voz.
Esta marea del color de los pañuelos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, alberga una enorme diversidad de sectores, generaciones y territorios, extendiéndose para teñir los barrios populares, las aulas y escuelas, las plazas, los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas y toda la vida cotidiana. Un caudal cuya genealogía puede rastrearse en la construcción política paciente y sistemática de los feminismos, del movimiento de mujeres y de la diversidad que durante décadas, a fuerza del tejido sostenido día a día de redes de resistencia y acompañamiento, logró transversalizar luchas y reclamos.
Este logro, además, impulsó a las feministas de todo el continente a la lucha por el derecho al aborto y fortaleció las redes que nos abrazan con compañeras hondureñas, chilenas, bolivianas y con todas aquellas que desde cada realidad y territorio pugnan por un derecho que cuestiona las raíces más profundas del patriarcado y del capitalismo en nuestros cuerpos.
Ya en esos días, cuando todavía podíamos sentir en la piel los resabios del encuentro y la alegría compartidas, señalamos los límites del texto de la ley aprobada en relación a algunos aspectos del proyecto de la Campaña. El más debatido fue la inclusión de la objeción de conciencia sin excluir explícitamente la objeción de conciencia institucional ni incorporando cláusulas que garantizaran la práctica en todos los hospitales y centros de salud. También se cuestionó la exclusión del artículo que establecía la incorporación del derecho al aborto como contenido de la ESI, y la penalización de las IVE realizadas más allá de la semana 14 salvo “cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta”.
A seis meses de la sanción de la ley 27.610, el derecho al aborto avanza. Pero lo hace a tranco lento, mucho más lento que la marea que lo impulsó. Aunque se han dado pasos importantes, su efectiva implementación sigue siendo irregular y continúa descansando sobre las redes y los cuerpos cansados de profesionales y socorristas comprometidxs con el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. La objeción de conciencia actúa como un serio impedimento para quienes necesitan acceder a las interrupciones voluntarias del embarazo. Empresarios de la salud y profesionales fundamentalistas la utilizan para negar el acceso al derecho, generando malos tratos, demoras y otras vulneraciones. En un contexto en el que la pandemia profundiza la crisis del acceso a la salud integral, estos condicionamientos se tornan determinantes.
De acuerdo a diversas investigaciones, a lo largo y ancho del país hay más de 700 presas por abortar. Junto a la exigencia de su libertad, sigue siendo necesario cuestionar el artículo de la ley que deja a criterio de lxs jueces del sistema judicial patriarcal la penalización o no de los abortos realizados después de la semana 14. Esto afecta especialmente a las personas gestantes en situación vulnerable, y es otra expresión de los mecanismos de disciplinamiento y criminalización que se despliegan sobre la vida y los cuerpos de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries.
La ley 26.150 cumple 15 años y siguen siendo escasas las políticas desplegadas para garantizar que la educación sexual integral sea un derecho pleno para todxs lxs niñxs y adolescentes. A pesar de la insistencia de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto y de la demanda de lxs docentes de formación al respecto, el pedido de la inclusión de este derecho como contenido de la ESI no fue escuchado en el Congreso. Quienes habitamos las aulas sabemos que para que la consigna #NiñasNoMadres se concrete es necesario que las niñas conozcan sus derechos, accedan a información y acompañamiento. Su ausencia en las currículas escolares y en los documentos del Ministerio de Educación profundiza la responsabilidad del Estado frente a las decenas de miles de niñas y adolescentes que año a año son forzadas a parir.
En este escenario resulta indispensable ratificar la autonomía del movimiento feminista y de mujeres del Estado y de los gobiernos para no cesar en la exigencia respecto de la implementación efectiva de la ley en todo el territorio nacional, la asignación del presupuesto necesario, y su difusión por parte de los organismos del Estado. Como movimiento debemos estar fuertes y en las calles para detener las pretensiones de avance de los fundamentalismos e iglesias que siguen esparciendo discursos de odio de la mano de los poderes políticos y económicos del continente.
Sin embargo, no hay que perder de vista el porqué de la centralidad de la lucha por el derecho al aborto para nuestros feminismos plurinacionales, rebeldes y populares. Se agita en esa lucha un grito que reclama autonomía y libertad. Pero no en los términos de un individualismo liberal que reivindica una libertad para pocas, desanclada de territorios y de pueblos. Nuestro grito por la legalización del aborto es un grito colectivo, un grito proferido como sujetas políticas desde lo hondo de realidades atravesadas por el patriarcado y el capitalismo extractivista y colonial que sigue devastando nuestras vidas. Un grito que recupera la politicidad y radicalidad de nuestros cuerpos, de nuestro(s) deseo(s), de nuestra(s) sexualidad(es) que resisten. Un grito que hizo pie en nuestras redes ancestrales de cuidado y sostén. Un grito que no cabe en las fronteras establecidas por funcionarixs y regulaciones.
El aborto es ley en Argentina porque la marea empujó los márgenes mucho más allá de lo que creíamos posible hace tan solo unos años. No seremos nosotras quienes pongamos el límite de “lo posible” a las revoluciones que soñamos.
*Docente, activista feminista y anticapitalista, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, de Feministas del Abya Yala y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
