Aborto: si el Estado no acompaña, los médicos se sienten criminalizados

Por Luciana Sánchez

Que la provincia no adhiera al protocolo de interrupción del embarazo va a tener un impacto negativo en todo el trabajo de capacitación que se venía haciendo con los distintos profesionales, en particular con los de Atención Primaria a la Salud para que pudieran garantizar el acceso a abortos legales y a las consejerías de abortos.

Las médicas y los médicos están súper pendientes de qué dice el gobierno sobre las cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva porque sienten que están expuestos y expuestas a ser criminalizados. Es muy impactante ver a profesionales formados aterrorizados porque el propio Estado al que pertenecen los persigue. La no adhesión es una clara señal de que no están respaldando a los profesionales de la salud que brindan cotidianamente el acceso a las mujeres a sus derechos de salud sexual y a los abortos legales.

La Ley de Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, que incluye una sobre el aborto, está vigente desde 2015 pero tampoco ha sido implementada. Además, a pesar de que la provincia de Buenos Aires cuenta con varios laboratorios para la producción pública de medicamentos, no está produciendo ninguno que tenga relación con la salud de las mujeres.

Buenos Aires es, históricamente, la provincia que tiene más muertes por abortos mal practicados, por abortos clandestinos y más de un tercio de esas muertes corresponde al ámbito bonaerense. De hecho, la provincia tiene una condena internacional del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el caso LMR, que ocurrió en 2006. LMR era una chica que tenía un problema de salud mental, quedó embarazada y le fue negado sistemáticamente el acceso al aborto legal. Lo hizo en la clandestinidad y la ONU condenó a la provincia de Buenos Aires por haber obstaculizado el acceso de esta niña a la salud. El año pasado, se le pidieron disculpas públicamente en un acto en el que participaron autoridades de la Nación y de la provincia, promovido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La otra cuestión es que en la provincia de Buenos Aires hay una gran influencia del Colegio Público de Farmacéuticos, que ha dictado distintas resoluciones en contra de lo que dice la ley, inventa requisitos para las farmacias que venden las pastillas de Oxaprost, un medicamento que ya no se consigue en ciudades y pueblos del interior. Eso implica un grave riesgo en la Salud Pública ya que se trata de la provincia más poblada del país.

Lamentablemente, las últimas cifras de mortalidad que están disponibles son de 2013 y venían a la baja. Desde entonces no hay información oficial, ni siquiera después del cambio de gobierno.

Esta semana Argentina está rindiendo cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, (CEDAW). Espero que tenga recomendaciones fuertes respecto de este accionar anti-mujeres y anti-derechos.