Lucía no quería comer ni tomar el té que le servían en ese hospital de Tucumán. Y mucho menos que se acerque el cura que le repetía la historia de la Virgen de Guadalupe:
–Tenés que querer a tu bebé– le decía.
–No lo quiero–contestaba ella.
El cura se le arrimaba igual y con su dedo índice le marcaba la cruz en la frente. Lucía sólo quería llorar.
Lo que Ginés González García acaba de actualizar es un protocolo que defiende a niñas como Lucía. No es algo nuevo: desde 1921 el código penal dice que la violación o los riesgos para la salud de la persona gestantes causales de aborto no punible. El nuevo protocolo explica que un embarazo en una niña menor de 15 es en sí mismo un riesgo para la salud.
A los 11 años, Lucía tenía un embarazo de alrededor de 18 semanas, producto de una de las tantas violaciones del novio de su abuela. Aunque su mamá pidió la Interrupción Legal del Embarazo en el hospital Eva Perón, médicos, funcionarios provinciales y hasta la Iglesia complotaron para dilatar la práctica un mes.
Intentaron convencerla, la inyectaron para forzar la maduración del feto y le dijeron que podía morir desangrada si abortaba. Cuando el gobierno provincial autorizó la ILE, tuvieron que practicarle una cesárea. Una cesárea en un cuerpo de 11 años.
Son los mismos que hoy se quejan de la aplicación de una ley que tiene casi un siglo. Tucumán es una de las siete provincias que, hasta ahora, no adhiere al protocolo de ILE. Jujuy es una de las 11 que sí.
Una nena de 12 llegó al hospital Guillermo Paterson, de San Pedro de Jujuy, con un embarazo de 23 semanas. Su vecino no sólo la violó sino que la amenazó de muerte. Ella habló igual: escribió una carta junto a su mamá y pidió que se respete su derecho a un aborto legal. Tampoco la escucharon. Lo dilataron y le practicaron una cesárea.
Las familias de Lucía y de la niña jujeña hicieron lo que establece la ley y reafirma el protocolo nacional: exigieron su derecho a interrupción legal del embarazo por causal violación. Médicos y funcionarios hicieron todo lo opuesto.
Cuando una provincia no adhiere al protocolo, cuando adhiere y no lo cumple, cuando profesionales de la salud no ofrecen la información adecuada sobre derechos sexuales y reproductivos, cuando funcionarios frenan derechos, cuando médicxs dilatan un aborto legal, cuando grupos religiosos y antiderechos se plantan en un hospital para impedir que se practique una ILE, los cuerpos de esas niñas vuelven a ser ultrajados. Porque si no son dueñas de sus cuerpos, los dueños son otros.
