Belén estuvo casi 900 días presa por un aborto espontáneo hasta que la justicia tucumana la absolvió, en marzo. El caso, que se hizo conocido por presión de las abogadas, algunos medios y la militancia feminista, mostró la realidad sobre el aborto en Argentina: no sólo sigue estando criminalizado sino que no la mayoría de las provincias argentinas no cuenta con datos oficiales sobre interrupción legal del embarazo. En Tucumán, por ejemplo, sólo se registraron doce casos en los últimos tres años. Los 500 mil abortos clandestinos que se realizan cada año son sólo una aproximación. “No hay información producida por parte del gobierno de forma sistemática. No hay datos precisos y confiables sobre fertilidad y reproducción y eso impacta en la estimación de los abortos”, explicó a Cosecha Roja la directora de Amnistía Argentina, Mariela Belski.

El aborto y el embarazo adolescente son algunas de las problemáticas que más preocupan en relación a la salud de las mujeres argentinas. A pocos días de la marcha por #NiUnaMenos y ante la conmemoración del día internacional de acción por la salud de las mujeres, Amnistía publicó una serie de informes para poner en discusión la salud sexual y reproductiva. “La salud de las mujeres es un tema de Derechos Humanos y no hay una política consistente de Derechos Humanos en el gobierno”, dijo Belski. Y agregó: “Es importante que el gobierno entienda que el Ni Una Menos es una interpelación a su gestión en muchos temas”.

La falta de estadísticas e información repercute en la vida de las argentinas. No se trata sólo del aborto sino de los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo, parto y puerperio, la menstruación y la menopausia. “Si como gobierno querés tener una política de salud sexual y reproductiva efectiva que proteja y cuide a las mujeres, necesitas generar datos sobre la salud”, dijo Belski.

Según los informes de programas de salud reproductiva publicados por Amnistía, entre 2013 y 2016 las provincias registraron estos datos sobre aborto no punible:

  • En 2015, solo 11 provincias reportaron datos sobre la cantidad de interrupciones legales del embarazo realizadas.
  • En 2013, 18 provincias declararon tener al menos un profesional que presta servicios de aborto legal. Ese número se redujo a 8 provincias en 2014.
  • En 2013, 8 provincias informaron obstáculos para la prestación de servicios de aborto legal.
  • En 2014, 834 efectores a nivel nacional brindaban servicios de aborto legal.

¿Por qué no hay datos sobre aborto? El código penal establece que practicar una aborto es legal cuando salva la vida de la madre o cuando el embarazo es producto de una violación. Aún así, durante más de 90 años no fue una práctica sanitaria disponible en hospitales. En 2012 la Corte Suprema dictó el Fallo Fal, que reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir los embarazos cuando lo permita la ley. Pero las pocas cifras existentes (muertes y egresos hospitalarios) tampoco diferencian los no punibles de los clandestinos ni los que se realizan en instituciones privadas.

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Según Amnistía Argentina, los registros sanitarios tienen deficiencias. La tarea corresponde a los profesionales de la salud y no siempre se realiza de manera adecuada por la carga laboral o por la falta de capacitación. Otro problema es que muchos médicos se niegan a practicar los abortos, a veces por convicción, otras por temor a ser criminalizados o por la presión de algún sector de la sociedad.

Juana tenía 12 años cuando la violaron ocho hombres en Salta. La niña de la comunidad wichi fue obligada a cursar un embarazo hasta los siete meses de gestación: la Justicia nunca dictó el aborto no punible y le practicaron una cesárea porque el bebé no tenía expectativa de vida.

Los temas de la salud sexual y reproductiva son parte de la agenda legislativa aunque no siempre los resultados son los mejores. Por ejemplo, hace años que se intenta aprobar en el Congreso de la Nación una ley para legalizar el aborto sin éxito, y la ley de Parto Respetado tardó doce años en reglamentarse. En 2017 otras líneas de abordaje llegaron a las legislaturas nacional y provinciales como los proyectos sobre menstruación. Según contó a Cosecha Roja Agostina Mileo, de Economía Feminista, muchas adolescentes y mujeres faltan a la escuela y al trabajo porque no tienen métodos para gestionar y transitar esos días. Las iniciativas de ley buscan eliminar impuestos de los productos de gestión menstrual y repartirlos en centros de salud.

La producción de información sobre la salud es responsabilidad del Estado. Si no se aplica, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y no se dictan los programas en las escuelas, es probable que eso tenga consecuencias en las vidas sexuales de los niños, niñas y adolescentes. “Estamos preocupados, vemos un retroceso de la implementación de la ley ESI en las escuelas”, explicó la directora de Amnistía.

La tasa de fecundidad adolescente de Argentina está por encima del promedio mundial (65,6 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años) y por debajo de la media de América Latina y el Caribe (79 por mil). En 2013, nacieron en nuestro país 117.386 bebés de madres menores de 20 años en el país: 114.125 de adolescentes de 15 a 19 años y 3261 de menores de 15, según datos de Amnistía. Y entre 2003 y 2011 la fecundidad adolescente aumentó en un 20 por ciento. No siempre esos embarazos son planificados.

La información les sirve a los jóvenes “para cuidar sus cuerpos” y para “disminuir la discriminación”. La Fundación Huésped lanzó una plataforma para acceder a los servicios para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de acuerdo a la ubicación del usuario. #Dónde permite buscar los lugares más cercanos para hacerse el test de VIH y acceder a la entrega de preservativos, métodos anticonceptivos e información sobre aborto seguro e interrupción legal del embarazo. “Queremos saber la realidad del aborto en Argentina”, dijo Belski.

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