Foto: Maru Rocha Alfaro
A fines de agosto una mujer de 21 años viajó 50 kilómetros desde Salvador Mazza, al norte de Salta, para abortar. Llegó al Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, y la atendió la única médica que en varios kilómetros a la redonda garantiza el cumplimiento de un derecho que es legal en Argentina desde hace más de 100 años: el aborto no punible por causales.
La mujer estaba embarazada de 22 semanas y la interrupción se hizo porque estaba en peligro su salud, una de las causales que permite el Código Penal desde 1921 y que sigue vigente después de la sanción de la ley 27.610 que habilitó el aborto voluntario. Una semana después, este viernes 3 de septiembre a la mañana, la médica fue detenida. Lo ordenó el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta por el pedido que hizo el fiscal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
La causa contra la médica empezó porque otro médico del hospital de Tartagal violó el principio de confidencialidad y de secreto profesional que existe para cualquier tratamiento de salud: sin tener en cuenta la decisión de la mujer, se comunicó con un tío de ella y le contó que su sobrina estaba internada y había pedido un aborto. La familia denunció a la médica y el fiscal inició una investigación en su contra.
“Antes de que se aprobara la ley eran las mujeres que abortaban las que iban presas, ahora van por los equipos de salud que garantizan el derecho. Este hostigamiento es un modo de acallarnos, amedrentarnos y apretar a quienes están garantizando el derecho”, dijo a Cosecha Roja Verónica Cuevas, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta.
Apenas salió la noticia, se encendió la alerta feminista. Organizaciones y activistas de todo el país salieron a defenderla y a pedir que sea liberada. Desde la Red y otras organizaciones feministas, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, organizaron acciones de apoyo y manifestaciones en distintos puntos del país para exigir la liberación de la médica. En Salta, hicieron un pañuelazo frente al Ministerio Público Fiscal de Salta y en el Hospital Público Materno Infantil de Salta. En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria fue a las 15 frente a la Casa de la provincia de Salta.
Medio día después, la médica fue liberada. La alerta sigue encendida.
Una detención anunciada
La detención de la médica salteña puso en debate cómo se está aplicando la nueva ley de IVE en la Argentina. Desde que fue promulgada, la mayor preocupación está en que en cada lugar del país haya equipos amigables que garanticen el derecho a decidir interrumpir el embarazo. Pero, se sabe, en muchas provincias contar con esos equipos es difícil. Antes de la sanción de la ley, un tercio de las provincias no había adherido al protocolo de ILE, es decir, no estaba dispuesta a garantizar las causales vigentes desde 1921.
Salta fue hasta hace poco una de esas provincias.
En los últimos tres años, las interrupciones legales del embarazo aumentaron en un 1.000 por ciento, según un informe que el Ministerio de Salud Pública de Salta presentó en la Cámara de Diputados provincial este año.
Sólo de 2018 a 2020, las ILE pasaron de ser 77 a 948. Recién en 2018 la provincia adhirió al Protocolo Nacional de las personas con derecho a la ILE. Hasta ese momento, desconocía la normativa nacional con un decreto que establecía un protocolo propio: fijaba un tope de 12 semanas para acceder a un aborto legal por causales (cuando en el Código Penal no hay límite en el periodo de gestación) y pedía una declaración jurada en vez del consentimiento informado. La presión de las organizaciones feministas logró que ese decreto se derogara y el Gobierno adhirió al protocolo. Es decir: antes de la adhesión los abortos se practicaban pero de manera clandestina.
Cuando el Estado está ausente, los abortos legales los garantizan organizaciones feministas, como la Red de Profesionales de la Salud. Pero no alcanza.
El caso de la médica detenida habla de que en 50 kilómetros a la redonda una sola profesional no es objetora de conciencia. Y las autoridades lo saben.
A principios de agosto de este año, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación mandó una carta a las autoridades sanitarias de Salta haciendo un llamado de atención por los “problemas recurrentes” en el cumplimiento del acceso a la ILE y a la IVE en la provincia.
La carta fue enviada al secretario de Servicios de Salud, Martín Perazzone, y a la directora de Materno Infancia, Susana Velazco. Decía que había “una cantidad importante de llamados” en la línea 0-800- 222-3444 para acceder a las prácticas IVE/ILE y el 25 por ciento eran re-llamadas. Es decir, eran usuarias “que no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma”. A partir de ese dato, la Dirección concluyó que Salta no tiene personal suficiente para la atención total de los casos ni para la gestión del acceso a ambas prácticas.
También desde Nación dijeron que son insuficientes los turnos asignados ante la demanda local. En la ciudad Capital existen sólo cuatro centros donde se puede abortar y dan 40 turnos semanales. De ese número, el Hospital Público Materno Infantil sólo da ocho. “Las solicitantes esperan en ocasiones hasta 4 semanas para poder acceder a la práctica”, dijeron, algo que va en contra de la Ley 27.610, que da un plazo de 10 días.
Además, el Ministerio reportó fallas en el circuito de atención de la provincia, porque para acceder a una consulta los centros de salud de la provincia suelen derivar a la línea nacional 0-800, lo que hace que haya demoras en los recorridos de gestión de turnos por IVE.
La detención de la médica salteña parece, en ese contexto, una detención anunciada. Mientras las autoridades nacionales sabían que la provincia no cumplía con la ley, la provincia no hacía nada con el llamado de atención que recibía. En el medio, están les profesionales como la médica detenida: defendiendo el derecho a abortar sin garantías, en un clima hostil y en soledad.
Un abusador en tu camino
Un detalle que llamó la atención es que el abogado patrocinante de la familia denunciante es Andrés Rambert Ríos, el mismo que representa a un ginecólogo denunciado por abuso sexual. Es Marcelo Cornejo, que también trabaja en el Hospital Juan Domingo Perón y en mayo de este año fue imputado por ese delito contra una paciente de 15 años. La adolescente que lo denunció contó que en 2020 ella cursaba un embarazo cuando fue a una consulta con Cornejo en su consultorio privado. Él le ofreció practicarle un aborto por 20 mil pesos o, en caso de que no pudiera pagar, que aceptara tener relaciones sexuales con él tres veces por semana.
Además de la denuncia de la adolescente, un grupo de profesionales de la salud del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal presentaron una carta a la gerencia de ese hospital denunciando a Cornejo por otras situaciones de abuso similares. Una de las médicas que firmó esa carta es la profesional que hoy está detenida. Cornejo sigue trabajando en el hospital.
