Fotos M.A.F.I.A.
Luz Aimé Díaz es una estudiante trans de 24 años del Bachillerato popular Mocha Celis. Viajó de Salta a Buenos Aires a finales del 2017 y desde agosto del 2018 estuvo detenida sin pruebas. Está casi ciega, no hay testigos en su contra y varias pericias indicaron que alguien con su contexto físico y cognitivo no podría llevar adelante el “intento de asesinato agravado” del que la acusaron. Tribunal Oral N°8, después de escuchar los alegatos, la absolvió.
“No tengo elementos para sostener una acusación formal contra la acusada. El tribunal debe dictar su absolución”, dijo la fiscal María Luz Castany en una exposición que duró una hora, donde hizo un repaso de las pruebas vistas durante las tres audiencias del juicio.
La abogada de Luz, Luciana Sánchez, hizo una exposición muy breve. Se limitó a decir que estaba en línea con el pedido de la fiscal y se la notó emocionada, con lágrimas en la voz.
Los zoom de las audiencias en el juicio de Luz parecían una clase sobre géneros: su defensa armó una estrategia que incluyó a voces expertas para educar al Tribunal Oral N°8 sobre la exclusión estructural que vive la población T.
“Hay una naturalización de la violencia que es cotidiana y una terrible desconfianza en el sistema de justicia respecto de ellas”, dijo la antropóloga feminista Josefina Fernández. En su declaración, Fernández -gran amiga de la activista Lohana Berkins y autora de su biografía- explicó a los jueces qué significa el rol de las “madres” que acompañan a las más jóvenes, y el prejuicio de asociar ese madrinazgo a un pupilaje criminal: “Pensar esa asociación es igualar travestismo y prostitución a delito”.
Luz perdió la vista casi por completo a los 13 años, cuando en Salta, expulsada de otras posibilidades, se inició en la prostitución para sobrevivir. El varón con el que tuvo intercambio sexual no le quiso pagar y frente a su reclamo recibió una golpiza.
“A partir de ese momento ella decidió no reclamar nunca más nada. Ese episodio tuvo un impacto disciplinador”, dijo Fernández, que tuvo varias entrevistas con Luz y explicó al tribunal escenas que demuestran el carácter pacífico de la acusada: “Mientras sus compañeras corrían con la llegada del patrullero, o discutían con la policía para que no las llevaran presas, ella prefería entregarse pasivamente porque tenía en su memoria el temor de perder la poca visión que le quedaba de su ojo derecho”.
Según dijo a Cosecha Roja Sánchez, que defendió a Luz con la ayuda de asesorxs legales como la activista trans Lara Bertolini y Alan Swiszcz, la incorporación de Fernández colaboró para que el tribunal llegara a una decisión justa.
“En un estado de derecho las personas deben ser juzgadas por sus acciones independientemente de su género, de su identidad de género”, dijo Sánchez. “El testimonio de Josefina como experta ofrece una mirada no criminalizadora del colectivo travesti trans de CABA, y es información útil para que el tribunal pueda fallar sin estar sujeto a una mirada sesgada que ve a las mujeres trans y travestis como sujetas peligrosas, y no como compañeras en peligro”.
Para la abogada y feminista lesbiana, el avance y reconocimiento de derechos de la comunidad trans genera respuestas disciplinadoras. La justicia penal es una de las instituciones que reacciona en ese sentido: “Buscamos contextualizar la historia del genocidio travesti trans, ya que durante décadas se sostuvo desde la ley y los tribunales que las personas travestis y trans eran criminales solo por su identidad de género. Que estaban genética y psíquicamente predispuestas a ser criminales”.
El Tribunal estuvo conformado por Alejandro Sañudo, presidente del Tribunal Oral N°8, Ana Dieta de Herrero y Luis Salas. Estos últimos originalmente integrantes del Tribunal Oral N°9 comenzaron ser parte del proceso tras la recusación de los jueces Luis Rizzi y Javier Anzoátegui: la Cámara de Casación entendió que estaban en contra de la “ideología de género” y negaban la identidad de género de Luz Aimé, en una clara violación a la ley 26.743.
El 19 de agosto de 2018 Luz estaba haciendo parada en la zona de Godoy Cruz, en Palermo, cuando la rodearon y la subieron a una camioneta de la Policía Federal. Le llevó muchas horas entender de qué la estaban acusando: el video que el fiscal de instrucción Andrés Madrea consideró suficiente para acusarla la muestra entrando a un edificio el 23 de junio de 2018 junto a dos hombres. Ella cuenta que esa noche la habían contratado en la calle para un servicio que cumplió en el departamento, y que después de hacerlo volvió a pararse en la misma esquina.
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No tenía idea de que en un cuarto del mismo lugar había un hombre con las manos atadas y una mordaza. Los que contrataron a Luz habían entrado al edificio un rato antes, solos, y es probable que no haya sido la primera vez, porque la filmación muestra que después de hablar al portero eléctrico les abrieron sin bajar. La justicia no se ocupó de ellos: no fueron buscados como los potenciales responsables ni declararon en el juicio.
“Luz fue arrestada dos meses después de la sentencia por el travesticidio de Diana Sacayan, donde se reconoció también esta violencia que es letal y estructural: el travesticidio. A pesar de ser una persona discapacitada, en una evidente situación de profunda vulnerabilidad social, el fiscal la acusó de un homicidio triplemente agravado, cometido en una escena donde hay una intencionalidad de hacerla pasar por la misma escena donde fue asesinada Diana”, explicó Sánchez, que fue abogada en el juicio Sacayán donde por primera vez un fallo incluyó la palabra travesticidio. “En el caso de Luz, en cambio, la escena pone a la mujer trans en el lugar de la imputada por el solo hecho de haber sobrevivido”.
En principio Luz estuvo detenida ocho meses en el penal de Ezeiza, donde vivió varias violencias. En mayo de 2019 consiguió la prisión domiciliaria, aunque el derecho a esperar el juicio en libertad lo debiera haber tenido de entrada: el inciso C del artículo 32 de la ley 24.660 ampara a las personas que presentan una discapacidad. Además, el relator contra la tortura de la ONU recomendó a la Argentina que las personas trans no estén detenidas en establecimientos penitenciarios.
Si no fuera porque existe el Hotel Gondolín, un espacio en Villa Crespo administrado por y para personas travestis y trans, es probable que Luz nunca hubiera salido en Ezeiza. Desde que le dieron prisión domiciliaria hasta hoy tuvo una tobillera que la dejó en cautiverio, sin generar recursos económicos propios, por lo que dependió de sus compañeras y del apoyo del activismo LGBT+ para sobrevivir.
El director del bachillerato travesti trans Mocha Celis, Francisco Quiñones, contó en la tercera audiencia que tienen un vínculo estrecho con Luz desde marzo de 2018, cuando se acercó para terminar sus estudios secundarios. “El promedio de vida de 35 años caracteriza tristemente a la población”, dijo Quiñones y explicó que desde el Mocha se realizaron varios informes: “Tienen que mudarse constantemente por el valor de los alquileres y su educación empieza a ser fragmentada, algo que se agrava con la persecución policial”.
El tribunal resolvió en su veredicto absolver a Luz de todos los cargos y ordenó su libertad inmediata.
