MB hizo todo para rechazar el acoso constante de Lucas Gonzalo D., su superior en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1° de la ciudad de Santo Tomé, en Santa Fe. Era 2018 y ella tenía 21 años. Le dijo que no todas las veces que la invitó a cenar, ignoró todos los comentarios y mensajes con doble sentido y los cientos de whatsapp que le mandaba. Lo hizo porque no quería perder el trabajo. El capitán cambió de actitud: además de acosarla fue contra ella.
Un día el sistema informático del Ejército sufrió un problema genérico a nivel nacional. MB no pudo cargar unos datos administrativos. El capitán le dijo que la iba a sancionar con arresto por diez días.
MB entró en crisis. Sabía que al otro día no podía ir a trabajar en ese estado. Tenía vergüenza y miedo de contar que su superior la acosaba. Entonces armó un plan: si tomaba suficientes analgésicos para descomponerse, desde el Batallón le enviarían un médico a su casa, él confirmaría la indigestión y eso justificaría la ausencia.
Su cálculo falló. Tomó pastillas de más y se desmayó. Su pareja la llevó al Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde le dijeron que estaba atravesando un pico de estrés.
Cuando le dieron el alta la entrevistaron médicos del Ejército y no le permitieron volver a trabajar. Le dieron una licencia médica por quince días y la derivaron al Hospital Militar Regional de Paraná. Una psicóloga y una psiquiatra estuvieron a cargo del tratamiento: en un informe dejaron en claro que MB estaba muy ansiosa y angustiada y que su estado estaba directamente relacionado al acoso que vivía en el trabajo.
En 2019 las profesionales le dieron el alta médica: estaba apta para reintegrarse a su trabajo. Pero el diagnóstico no conformó al Ejército.
En abril de ese año la citaron a una Junta Médica Militar en Buenos Aires, donde fue entrevistada por seis médicos varones. Ellos la declararon incapacitada para todo servicio porque su estado nada tenía que ver con el acoso y el maltrato.
Este diagnóstico sí conformó al Ejército: en diciembre de 2019 el teniente general Claudio Ernesto Pesqualini firmó la baja de MB. Desde entonces, ella está sin trabajo. Vive con su pareja y sus dos hijxs, de uno y dos años.
No pasó lo mismo con el superior que la acosó hasta dejarla sin trabajo. El capitán Lucas Gonzalo D. solo fue trasladado a otro batallón, en Curuzú Cuatiá, Corrientes. No importaron el informe de las profesionales del Hospital Militar de Paraná ni la declaración de MB ante los médicos de la Junta Militar.
MB lo denunció en la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe. En julio de este año el fiscal Walter Rodriguez imputó al militar por abuso de autoridad y maltrato. Y lo citó a una declaración indagatoria que será el próximo 17 de noviembre.
Consultado por Cosecha Roja, Rodríguez reafirmó lo que dijo en el dictamen: “Hay una prueba muy contundente para demostrar que los padecimientos sufridos por ella están ligados con el comportamiento del imputado”.
Para el fiscal federal fue determinante el informe de las profesionales del Hospital Militar de Paraná. En su dictamen Rodríguez dio detalles de cómo Lucas Gonzalo D. maltrató y perjudicó arbitrariamente a MB “mediante la reiteración sistemática de actos hostiles y humillantes mientras él desempeñaba su autoridad superior jerárquica”.
Una de las pruebas que figuran en el expediente son los mensajes que Lucas Gonzalo D. le mandaba por WhatsApp todo el tiempo. La invitaba a cenar, a tomar un café y la obligaba a quedarse con él después del horario laboral.
El pedido de reparación
El mes pasado Rodríguez pidió al Ministerio de Defensa de la Nación que MB sea reincorporada al Ejército. La presentación va en paralelo a la causa penal y está dirigida al ministro Jorge Taiana. El fiscal pidió también que le paguen todos los sueldos que no cobró en estos 2 años y que no pierda el grado ni antigüedad.
Para Rodríguez es novedoso que dentro de una causa penal se introduzca un pedido de reparación por violencia de género. “Teniendo en consideración los nuevos paradigmas de la necesidad de tener perspectiva de género en casos penales, existe la necesidad de darle un trato a la víctima que contemple la posibilidad de una reparación. Y está contemplado en normativas internacionales, como la Convención de Belém Do Pará”, dijo a Cosecha Roja.
No es un caso aislado
Una de las cosas que tuvo en cuenta el fiscal para imputar a Lucas Gonzalo D. es la cultura organizacional del Ejército Nacional Argentino. “Presenta ciertos rasgos que agravan las situaciones de acoso laboral para las mujeres. Los actos se encuentran determinados por la condición de mujer. Los comentarios y actitudes por parte del acusado se referían precisamente a características físicas de la corporalidad femenina y a cuestiones que culturalmente constituyen roles estereotipados”, puso en el dictamen.
El de MB no es un caso aislado. Por nombrar sólo algunos, en 2018 una mujer soldado denunció que fue violada por un colega en un depósito del mismo batallón de Santo Tomé, donde ambos obedecían las órdenes de doblar uniformes.
Ese mismo año un grupo de mujeres acusó de acoso sexual al vicecomodoro de la base de la Fuerza Aérea de Río Gallegos. El escándalo habilitó a que otras sumaran testimonios. Todas aseguraron que los altos mandos estaban al tanto de la situación, pero nadie hizo nada. Y en Neuquén, un suboficial del Ejército fue detenido por abusar sexualmente de una joven de 17 años en el Casino de Suboficiales del Regimiento de San Martín de los Andes.
Este año Ivana Módica, de 47 años, apareció estrangulada en La Falda, Córdoba, después de estar ocho días desaparecida. Su pareja confesó el femicidio. Era piloto de la Fuerza Aérea y fue expulsado cuando quedó vinculado a la causa.
