Sólo el diez por ciento de los adolescentes privados de la libertad recibió una condena. La mayoría de ellos fueron acusados por robo o tentativa de robo y tiene entre 16 y 18 años. El 10,5 por ciento restante no llega a la edad de imputabilidad pero está preso, según un informe publicado por UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). “El sistema penal de menores es totalmente arbitrario y necesita una reforma que garantice los derechos de los chicos”, dijo a Cosecha Roja Karina Valobra, integrante de Asociación Civil Juguete Rabioso.
Los datos provistos por 118 instituciones nacionales y provinciales muestran que en 2015 hubo 3.908 jóvenes alojados en establecimientos punitivos (cárceles, institutos, programas ambulatorios). “Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país”, dice el informe. Más de la mitad (50,6 por ciento) fueron acusados por delitos contra la propiedad y la mayoría no portaban armas.
El informe de UNICEF destaca que la Argentina no cumple con los estándares internacionales para la protección de los menores de 18 en conflicto con la ley penal: “las medidas de privación de libertad se deberían aplicar en ultimísima instancia” recomienda el informe. La Declaración Universal por los Derechos de Niñas, niños, adolescentes y mujeres (que tiene un rango constitucional en la Argentina) señala que la privación de la libertad debe ser considerada el último recurso del Estado y aplicada durante el período más corto posible.
El 89,5 por de los chicos acusados no tiene una sentencia y está detenido por “medidas tutelares” dictadas por la Justicia. “Es un sistema completamente irregular y abusivo: el juez tiene facultades extraordinarias, la defensa es débil y el Estado mantiene una mirada inquisitiva”, dijo Valobra.
El marco legal actual (Régimen Penal de la Minoridad, ley 22.278) fue sancionado durante la última dictadura. Entre otras disposiciones, fija la edad mínima de imputación en 16 años y otorga facultades extraordinarias a los jueces: por ejemplo disponer de la libertad de los niños y adolescentes por un tiempo indeterminado -para que no entorpezca la investigación o por situación de vulnerabilidad-. “Esta es una de las razones de la baja incidencia de las sentencias, los jueces no están centrados en el delito sino en la peligrosidad supuesta de los adolescentes”, contó Valobra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al país en julio de 2013 por la vulneración de los derechos de cinco adolescentes que recibieron una pena perpetua por delitos que habían cometido a los 15. Uno de ellos murió ahorcado en la cárcel en un episodio que todavía genera dudas a los organismos de Derechos Humanos. La CIDH dijo que habían recibido “un trato cruel e inhumano”, exigió liberarlos, reparar a sus familias y ordenó que el régimen legal se adapte a los derechos del niño.
Entre las conclusiones del informe, UNICEF advierte que el Estado argentino debe “impulsar una legislación y un sistema de justicia penal juvenil que respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. La discusión aún es lejana. “Cuando se intenta introducir un proyecto que actualice el marco legal, que reconozca los derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantice el derecho a la defensa y la mínima intervención punitiva del Estado, hay una presión mediática y política que clama por bajar la edad de imputabilidad”, dijo Valobra.
UNICEF y SENNAF recomiendan que la justicia “expanda las ofertas alternativas” a la privación de la libertad. “Si el chico necesita educación que se refuerce la educación, si necesita un asistencia, becas, trabajo que se refuercen las políticas específicas. Como estrategia contra el crimen, la cárcel es un fracaso, la puerta de acceso al mundo tumberil. En la mayoría de los casos, se trata de la primera política del Estado hacia los chicos en situación de vulnerabilidad”, dijo Valobra.
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