Agresiones físicas y aislamiento, las torturas más comunes en las cárceles

Anita Aliberti – Cosecha Roja.-

A Brian Núñez lo torturaron en la cárcel y pasó 40 días en silla de ruedas: este año la justicia condenó a cuatro penitenciarios a la pena perpetua. A Patricio Barros Cisneros lo mataron a golpes delante de la novia en un penal de San Martín y un tribunal encarceló con perpetua a cinco agentes. En junio un tribunal le dio a un policía diez años de prisión por torturar a Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador. A pesar de las resoluciones judiciales el Registro Nacional de la Comisión Provincial por la Memoria sigue documentando historias: en 2014 fueron casi 7 mil casos de tortura y malos tratos en cárceles y comisarías.

“¿Quiénes son los torturadores? ¿Por qué lo hacen? ¿Vamos a poder desarticular este sistema? Tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas”, dijo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en la presentación. El informe de la CPM registró 6.843 casos de torturas y/o malos tratos a 2.074 víctimas: 1.911 son varones (92,1 por ciento), 161 son mujeres (7,8) y dos personas trans. “Hay un cambio de gobierno y mucho por trabajar. La ausencia de los Derechos Humanos en la nueva agenda política es un olvido intencionado”, agregó.

Noemí Santana conoció la Comisión cuando a su hijo Maxi de 32 lo encerraron casi dos días en un “buzón” de Florencio Varela, herido de cuatro puñaladas y sin ningún tipo de atención médica. Alguien le recomendó que hablara con Roberto Cipriano García, director del Comité contra la tortura de la CPM. “Es el único que te puede ayudar”, le dijeron. Seis horas más tarde pudo sacar a su hijo.  Como Maxi, la mayoría de las víctimas son varones y tienen menos de 34 años. Las agresiones físicas son las más frecuentes, a las que les siguen la práctica del aislamiento, las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiencia alimenticia, la no asistencia a la salud y las amenazas.

Maxi padece insuficiencia hormonal y su mamá viaja desde Las Ranas -un barrio de Villa Ballester- todas las semanas para llevarle la medicación. Hace siete años que ningún médico lo revisa. “Me doy cuenta si le tengo que reforzar el tratamiento cuando lo veo muy cansado, con mucho sueño”, contó a Cosecha Roja.

El informe registró en la provincia de Buenos Aires 866 víctimas y 3677 casos de torturas y/o malos tratos: a cada víctima la torturaron al menos cuatro veces. Otra vez, la mayoría son varones (91,5 por ciento) y el promedio de edad es de 29 años. El 84 por ciento de las víctimas bonaerenses padeció aislamiento. El 81,1, malas condiciones materiales (hacinamiento, falta o deficiente acceso a sanitarios, falta de agua, falta de calefacción/refrigeración, entre otros) y el 75,8 falta o deficiente alimentación.

Noemí fundó junto a otras cuatro mamás de detenidos la cooperativa textil Esperanza. Se conocieron en los pasillos de los juzgados y la mayoría se había quedado sin trabajo: “nos dimos cuenta de que organizándonos podíamos ayudar a nuestros hijos y a otras mamás. No sirve de nada quedarse en la casa, pero cuesta mucho salir y decir que tenés un hijo en la cárcel”.  Hoy son 43 personas las que integran el taller, entre familiares de víctimas de la violencia institucional y personas que recuperaron la libertad.

Las agresiones físicas representan una de las prácticas de tortura más extendidas: en 2014 fueron 302 las víctimas que las padecieron por parte de las fuerzas de seguridad y de custodia de la Provincia de Buenos Aires. Seis de cada diez lesiones fueron intermedias o severas.

“Los informes son necesarios para que se visibilice la violencia. Con más razón ahora que con este nuevo gobierno viene más policía, más persecución, más represión”, dijo Sandra Gómez. Es la mamá de Omar Cigaran, un pibe de 17 que asesinó la policía en 2013. Hacía tres años que los oficiales de la comisaría Primera y Segunda de La Plata lo hostigaban. Habían intentado que vendiera drogas y robara para ellos y cuando él se negó, se la juraron: lo detuvieron varias veces, lo golpearon, lo amenazaron y cumplieron. Hace poco Sandra tuvo que presentar junto a la CPM un Habeas Corpus para que la policía local que opera en el barrio dejara de hostigar a su otro hijo de 18 y su grupo de amigos. Entre ellos está el hermano de Ezequiel Heredia, un pibe que mató la policía en 2009. No los molestaron más, pero Sandra los vigila día y noche, “a cuatro ojos”.

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-Por favor, necesito trabajar. El cuerpo no me aguanta más de que me lleve la policía.

Así vienen a pedirle trabajo a Pelagio los pibes que salen de la cárcel y no tienen oportunidades  laborales. Están mutilados, tienen costillas rotas y balas en el cuerpo. Pelagio es albañil y papá de una de las víctimas de la Masacre de Quilmes y los toma, aunque no necesite peones. “El mayor problema está en que salen de la cárcel, nadie les da trabajo y tienen que robar porque los hijos les lloran de hambre”, dijo a Cosecha Roja.

Elías, el hijo de Pelagio, murió por asfixia en la comisaría Primera de Quilmes. Era menor de 18, lo ‘levantaron’ en la calle y lo detuvieron en una celda junto con otros seis adolescentes. Después de una requisa violenta los jóvenes incendiaron colchones a modo de protesta y los policías ‘tiraron algo’ por debajo de la puerta que avivó el fuego. Tardaron quince minutos en abrir la reja y cuarenta en llamar a los bomberos. “La tortura no es sólo que les peguen: es que no se cumplan sus derechos ni adentro ni afuera de la cárcel, que no tengan oportunidades”, dijo Noemí en el cierre de la presentación del informe.

Cómo hicieron el informe

El informe analiza once tipos de tortura y/o malos tratos: Agresiones físicas, Aislamiento, Amenazas, Traslados gravosos, Traslados constantes, Malas condiciones materiales de detención, Falta o deficiente alimentación, Falta o deficiente asistencia de la salud, Robo de pertenencias, Impedimento de vinculación familiar y social y Requisa personal vejatoria.

Los integrantes de la CPM, junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) hicieron trabajo de campo en más de 50 instituciones de encierro. Éstas concentran el 60% de los presos de todo el país: 19 unidades penales, cuatro alcaidías penitenciarias y tres unidades neuropsiquiátricas del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un instituto de menores de la Provincia de Buenos Aires. Ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, cuatro comisarías de la Policía Federal y una de la Policía Metropolitana. También relevaron otras 15 Unidades Federales y alcaldías judiciales, unidades de Servicios Penitenciarios provinciales, además de centros de detención de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Nota publicada el 16/12/2015