Después de dos años y dos meses desde que comenzó el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, el debate entró finalmente en la etapa final con el primer alegato a cargo de la fiscalía. En este juicio el Tribunal Oral Federal 2 deberá determinar si los imputados desviaron y ocultaron pistas de forma deliberada para tapar la verdad de lo ocurrido en Pasteur 633.
Entre los familiares y amigos de las víctimas, quienes como querellantes se ubican del lado izquierdo de la sala de audiencias, había expectativa pero también duda. Se preguntaban si, tal como ordenó el Tribunal Oral Federal 2, se presentarían los trece imputados del juicio. Nunca estuvieron todos presentes: Carlos Menem jamás concurrió.
El interrogante se evaporó cuando, acompañado por dos abogados y tomado del brazo de su letrada de llamativa cabellera fucsia, apareció en la sala el ex presidente, considerado uno de los principales responsables de que a más de 23 años del ataque terrorista no se sepa qué ocurrió.
Mientras Menem se acomodaba a paso lento, en el banquillo de los acusados Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, intercambiaba unas palabras con Carlos Telleldín, vendedor de la camioneta usada como coche bomba. En eso, ya con un inicio demorado, llegaban Eamon Mullen y José Barbaccia, los ex fiscales de la causa, Juan José Galeano, entonces juez, y Jorge “Fino” Palacios. En la última fila ya estaban sentados el ex agente de la SIDE Patricio Finnen, el ex almirante también de la SIDE Juan Carlos Anchezar y el ex comisario Carlos Castañeda. Víctor Stinfale, entonces abogado de Telleldín, llegó después y hubo que esperar a Ana María Boragni, la ex pareja del vendedor de autos, para dar inicio formal al debate.
El único ausente por un “dolor abdominal intenso” fue Hugo Anzorreguy, quien presidió la Secretaría de Inteligencia del Estado menemista y debió seguir el debate por videoconferencia. Semanas atrás, los jueces, en base a peritajes médicos, rechazaron un pedido del ex jefe de Inteligencia para ser excluido de la causa por su salud deteriorada.
En simultáneo, el edificio de la avenida Comodoro Py 2002 se rodeaba de cientos efectivos, unidades móviles policiales e infinidad de cámaras, micrófonos y periodistas amontonados contra las rejas. Si un extranjero pasaba en ese momento por allí, hubiera pensado que había una guerra. A menos que un líder narco estuviera por ahí, podría pensarse que el despliegue estuviera relacionado a la presencia de tan poderosos personajes en el subsuelo del edificio, donde se realiza este juicio por irregularidades.
Cuando el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, hizo entrar a la prensa para que capture los rostros de Menem y compañía, ingresó apenas un grupo reducido de fotógrafos y camarógrafos. No, no eran para el juicio por encubrimiento las cámaras amontonadas en la puerta, como no lo han sido en dos años en el marco de un desinterés intencionado de los medios hegemónicos por este proceso judicial. “Cuando los intentos de llegar a la verdad molestan al poder, los medios también poderosos intentan ocultarlos. Y además este juicio no da votos”, dijo Diana Wassner, referente de la asociación de familiares Memoria Activa, querellante en la causa.
Los periodistas estaban unos pisos más arriba esperando que Cristina Fernández de Kirchner saliera de declarar por la firma del memorándum con Irán (que nunca se aplicó) en el juzgado de Claudio Bonadio. El mismo juez que, casual o irónicamente, tuvo a su cargo la causa encubrimiento cinco años y fue apartado por la Cámara Federal en 2005 por haber ocultado sus vínculos con el todavía imputado por encubrimiento Carlos Corach (fue su subsecretario de Legal y Técnica) y por haber cajoneado la causa.
En ese contexto, la querella de Memoria Activa impulsó un juicio político contra el magistrado pero el líder oficialista del Consejo de la Magistratura en su momento, Miguel Ángel Pichetto, lo evitó.
Al parecer, no importa que este juicio podría sentar un precedente histórico. No importa que sea una oportunidad de la justicia federal de poner a prueba su imparcialidad sobre funcionarios de todos los poderes e incluso de sí misma. No importa que se trate de los responsables de desviar deliberadamente una de las causas más importantes del país.
Primeras irregularidades
El alegato por fin comenzó y estuvo a cargo de uno de los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación, Miguel Yivoff.
Habló primero del fracaso de la investigación por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994: “un fracaso del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y también del Legislativo”, dijo. Y describió a la causa como “un laboratorio de irregularidades” manejada por los acusados, quienes “optaron por sacrificar la verdad de lo ocurrido”.
Dada la complejidad de la causa y la cantidad de cargos contra los trece acusados, comenzó por describir las primeras irregularidades, que son las presiones que ejerció el entonces juez Galeano contra el primer detenido tras el atentado, Carlos Telleldín, vendedor de la Trafic que explotó en la AMIA.
Nombró los arrestos y extorsiones al círculo íntimo de Telleldín, incluida su madre, como una forma de ejercer presión para que éste hablara. Y el ofrecimiento a Telleldín concretado a través del genocida Héctor Vergez, quien colaboraba con la SIDE, para que inculpe a dos libaneses a cambio de un millón de dólares.
Todas estas medidas por demás irregulares, sostuvo Yivoff, se tomaron con el conocimiento y consentimiento de quienes tenían que fiscalizar la causa, Mullen y Barbaccia, de la Secretaría de Inteligencia e incluso del entonces presidente de la DAIA, Beraja.
Esa serie de delitos cometidos “en bloque” por los hoy acusados, según sostuvo el integrante de la UFI, fueron el presagio de uno de los hechos clave que aquí se juzgan: el pago de 400 mil dólares a Telleldín a cambio de que declarara contra agentes de la Policía Bonaerense liderados por el ex comisario Juan José Ribelli.
“La fiscalía dio por probado el delito de peculado: que se usaron 400 mil dólares de las arcas del Estado para pagarle el 5 de julio y el 17 de octubre de 1995 a la pareja de Telleldín, Ana Boragni”, sostuvo contundente Yivoff y agregó: “Fue ejecutado por la Secretaría de Inteligencia en un operativo a cargo de Patricio Finnen”. Todo esto, dijo después, con el “apoyo de Beraja al juez (Galeano) antes y después del pago”.
En su declaración indagatoria, el ex juez Galeano reconoció haber realizado el pago que, para él, “era legal y lo volvería a hacer”. El fiscal retomó esa declaración y la puso en jaque: “Si la operación era legal como dice Galeano, ¿por qué entonces en los videos de la negociación entre él y Telleldín hablan de un libro para no mencionar la declaración?”.
Y como pregunta final, anticipando la segunda parte del alegato que continuará el lunes 30 de octubre, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó: “¿Para qué se le pagó a Telleldín? ¿Por una mentira o por información nueva?”.
Si se considera lo que el doblador de autos finalmente declaró ni bien recibió el dinero (que le entregó la Trafic a policías bonaerenses), la segunda opción se descarta. “Lo que dijo Telleldín no era nuevo. Ya lo había dicho por los medios de comunicación y se lo dijo a la camarista María Luisa Riva Aramayo”.
Queda por analizar entonces si la compra fue por “determinada versión de los hechos”, que era falsa. “Hay indicios importantes”, contó Yivoff, que demuestran que no era verdad, tal como sentenció el TOF 3 al absolver a los policías bonaerenses, e incluso lo reconoce el mismo Telleldín en el presente.
Lo cierto aquí, concluyó el fiscal cerca de las cinco de la tarde, es que aún sin una búsqueda deliberada de culpables falsos tampoco se lo intentó comprobar: “La prueba nunca apareció ni antes ni después de la declaración”.
Cuando la fiscalía termine de alegar, será el turno de la querella que representa al Estado argentino a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y luego de las agrupaciones de familiares. Los abogados calculan que la sentencia se dictará en abril del año próximo, momento en el que los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel darán respuesta a una pregunta clave: ¿Será la Justicia capaz de juzgarse a sí misma?
Ilustraciones: Débora Kirno – Agustina Galarraga, integrantes de de Dibujos Urgentes en el Juicio de encubrimiento del Atentado a la Amia, Tribunales Federales de Retiro, 2015 – 2017.
