Cada tanto, pasa. Nos levantamos, abrimos el celu y todes están hablando de Amalia Granata, de Viviana Canosa y de las barbaridades que dicen en un canal de televisión abierta sin ningún tipo de costo. El blanco siempre son las mujeres, las lesbianas, las trans, las travestis y toda la población LGBT+.
Mujeres que tienen el privilegio de informarse, de llegar a lugares de tomas de decisión hablando en contra de otras mujeres y diversidades. Mujeres que hicieron su carrera (y sus sueldos) de eso.
Siguiendo con la línea del “vayan a laburar” que Viviana Canosa nos dedicó a quienes marchamos el 8M en todo el país, esta semana Granata se despachó contra las trans. Primero dijo que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley y se preguntó si cuando se habla de ampliar derechos, entonces, no se está buscando un “privilegio por ser mujer”. “Lo mismo con los (sic) trans”, dijo. Y ahí se sumó la conductora Carmen Barbieri:
—¿No les pagan un sueldo por ser trans?
La pregunta quedó en el aire y Granata no contestó pero fue más allá.
—Sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios un tratamiento de hormonización. Nosotros desde el Estado no podemos pagarle un tratamiento de hormonización a un trans que puede ir a trabajar tranquilamente porque su manera de percibirse trans no le permite ir a trabajar.
Los tratamientos de hormonización de los que habla Granata están garantizados desde hace 10 años por la Ley de Identidad de Género. ¿Por qué? Porque la identidad sexual autopercibida es un derecho ¿Cuánto le cuestan al Estado? Unos 2 mil pesos por mes. Aún así, en cada provincia es una pelea burocrática acceder.
Y ahora vamos a la primera falacia del discurso de Granata. No, en Argentina las personas trans no pueden ir a “trabajar tranquilamente”. ¿Por qué? Porque el 73 por ciento no tiene acceso a la educación básica. Y entre las pocas que acceden, hay un gran porcentaje de deserción: según un estudio de la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros Argentina, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonaron en el nivel secundario. Y no, no abandonaron porque les pintó. Abandonaron porque no pudieron soportar la discriminación y la violencia que sufrieron en las aulas.
Tampoco es verdad que pueden “trabajar tranquilamente”: el 98 por ciento no tiene un trabajo formal y registrado. Lo que lleva a desarmar otra falacia:
—Hoy hay libertad, hoy se contrata un (sic) trans. Antes tenían que hacer la calle. Tenían que prostituirse para poder vivir— dijo Barbieri muy suelta de cuerpo.
Googleen el informe “La revolución de las mariposas”. Les sorprenderá saber que el 90 por ciento de las personas trans que tienen entre 18 y 29 años está en situación de prostitución o se considera trabajadorx sexual.
¿De qué libertad hablan? ¿De elegir entre la prostitución como única salida o morirse de hambre? ¿De salir a patinar o dormir abajo de un puente? ¿De salir de tu casa con la promesa de un trabajo de mozo y no volver nunca más? Googlen Tehuel.
Una de las grandes vulneraciones hacia la población travesti trans es que no existen datos oficiales. Recién este año el censo incluyó las identidades en el formulario. Pero las organizaciones LGBT+ y de derechos humanos viven haciendo informes, encuestas, trabajo de campo sobre las condiciones en las que viven y la mayor fatalidad: la esperanza de vida, que hace años no se mueve de entre los 35 y 40 años.
En nuestro país tenemos una excepción a esa carencia de estadísticas oficiales. Y justo viene de la provincia que representa la diputada Granata. La primera Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans la realizó en 2019 el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la Subsecretaría de Diversidad Sexual de ¡Santa Fe!. Y los datos confirman lo dicho por las organizaciones no gubernamentales: casi la mitad de las 1.200 personas trans de la provincia no logra completar el nivel inicial, primario o secundario. Y casi la mitad también sufrió violencia por parte de la policía.
¿Cómo es que una diputada, a la que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos (ja!) desconoce estos datos que nos cansamos de repetir? ¿No googlea? ¿No lee antes de hablar?
Y sobre todo ¿no se hace preguntas? Porque nosotras tenemos un montón: ¿Cómo se vive más de 35 años sin educación, sin un trabajo formal, sin obra social, sin la esperanza de una jubilación? ¿Cómo se llega a los 35 viviendo en una sociedad que todo el tiempo te expulsa, te dice que para vos no hay nada en el reparto? ¿Cómo se sobrevive si cuando vas al médico te maltratan, si cuando vas a la escuela te discriminan hasta los profesores, si cuando entrás al baño de un bar te dicen que ese baño no es para vos porque tenés pito, si la Policía te lleva detenida cada vez que te cruza por la calle? ¿Cómo se soportan las cargadas, el maltrato, la violencia constante y la criminalización?
Dijimos que el 90 por ciento se dedica a la prostitución o se reconoce trabajadxr sexual. En la Argentina el trabajo sexual no es considerado delito. Pero en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 16 provincias los códigos de faltas y contravenciones se vuelven herramientas punitivas para que las putas sean criminalizadas y violentadas por las fuerzas de seguridad todo el tiempo.
De acuerdo a un relevamiento que hizo AMMAR en 2016, dentro de los castigos más comunes en los códigos contravencionales están los que multan o arrestan a las trabajadoras sexuales por el sólo hecho de serlo. Las provincias que lo castigan de ese modo son: Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán y Misiones.
No es casualidad ni romanticismo barato que a las trans y travestis que superan la barrera de los 40 las llamen sobrevivientes. Sobreviven a una sociedad que las discrimina, las maltrata, las violenta, las expulsa. Un sistema que todo el tiempo les está diciendo que algo en ellas está mal. Que no merecen lo poco o mucho que tienen las personas cis.
¿Que si el Estado les paga un sueldo por ser trans? Bien podría pagárselos, ya que es el responsable de tanta exclusión. Pero, ¿cómo se contabilizan los años de discriminación y violencia que sufrieron desde la niñez hasta ahora? ¿Cómo se reparan los años que no pudieron vivir después de los 35 años? ¿Cuánto vale el travesticidio social?
En Santa Fe, la provincia que representa Granata, hubo un primer paso: en 2019, más de 30 mujeres trans y travestis de esa provincia fueron reconocidas como víctimas de la última dictadura militar a través de la reparación histórica contemplada en la ley provincial 13.298. Lo lograron después de presentar un recurso en la Justicia para ser consideradas presas políticas por su identidad de género. Las organizaciones LGBT+ buscan ampliar la pensión más allá de la dictadura. Es que las detenciones y apremios no terminaron con el gobierno de facto.
Hasta 2010 los códigos contravencionales permitían a la Policía llevarlas a la comisaría bajo figuras como travestismo, exhibicionismo o merodeo. De aprobarse, Santa Fe será la primera provincia en reparar la violencia policial de la que fueron víctimas y sacará de la pobreza a alrededor de 220 personas, un cuarto del colectivo trans.
¿Y a nivel nacional? Granata y Barbieri se van a caer de culo cuando se enteren de que el año pasado la diputada Gabriela Estevez presentó en el Congreso el proyecto “Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans”. Pide otorgar una pensión a todas las personas travestis y transexuales de más de 40 años, hayan o no realizado la rectificación registral del acta de nacimiento y DNI.
La cultura del trabajo de Granata
La diputada abanderada de la cultura del trabajo no vive ni recorre la provincia donde es representante legislativa. Desde que volvió la presencialidad en octubre, va poco a las sesiones de la Legislatura de Santa Fe. Su justificación: vive en Buenos Aires.
Es sabido que Granata llegó a ser diputada por su discurso antiderechos. También por una alianza con un sector de las iglesias evangélica y católica de la provincia. Esa alianza le garantizó llegada territorial, mientras ella se movía en la arena que le queda más cómoda: los programas de chimentos. Mientras en campaña electoral no iba a ningún debate de candidatos, no atendía a medios de su provincia y usaba poca cartelería, garantizaba su triunfo polemizando en LAM, el programa de Moria y otros espacios de la TV donde siempre tiene un espacio.
Apenas entró a la legislatura se peleó con los cinco compañeros de bloque y quedó sola. Hoy es un monobloque atendido desde el zoom en Buenos Aires. En la página de la Legislatura hay cargadas sólo dos intervenciones de ella. Presentó 233 expedientes, la mayoría de pedido de información al Poder Ejecutivo. En más de dos años, sólo ocho iniciativas fueron de ley y la mayoría son de modificación de artículos de leyes ya existentes. Es decir, pocas propuestas nuevas. Toda una cultura del trabajo bancada con plata del Estado santafesino.
El dilema de la visibilidad
Cada vez que personajes como Granata o Canosa escupen contra las mujeres y la población LGBT+ nos vemos en una disyuntiva: ¿les contestamos? ¿las ignoramos? si les contestamos ¿no sumamos a la visibilidad que buscan? si nos llamamos a silencio ¿no estamos dejando un espacio vacío y desaprovechando el momento de desarmar sus discursos antiderechos? En definitiva, la visibilidad ya la tienen. Por mucho que hablamos y machacamos con la perspectiva de género en los medios y en la sociedad, la mayoría de los medios nos siguen dando la espalda: les dan minutos a estos personajes, permiten que digan barbaridades sin chequear, que insulten y llamen a la violencia y censuran a compañeras (como Mariana Iglesias, editora de género del Diario Clarín) que salen a contestarles.
Es interesante lo que plantea Astromostra en este post sobre la responsabilidad de informar que tienen los medios de comunicación que reciben pautas millonarias del Estado. En este caso, la desinformación también es una violación a la ley de Identidad de Género. Y la podemos denunciar.
¿Entonces? ¿Cómo seguimos? Haciendo periodismo. Porque para fake news, ya están ellos.
