A un año y medio del comienzo del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, el Tribunal Oral Federal 2 citó Claudio Lifschitz, testigo clave y uno de los primeros en denunciar las irregularidades que cometieron Juan José Galeano, entonces juez de la causa, Hugo Anzorreguy titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Policía Federal y el gobierno de Menem, para desviar la investigación.
El inicio
Durante la primera audiencia, Claudio Lifschitz aún no había entrado a la sala de Comodoro Py, cuando el abogado de la Asociación de Familiares Memoria Activa, Rodrigo Borda, pidió la palabra. Todos se imaginaron que hablaría sobre la renuncia de los dos abogados titulares de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por haber recibido “presiones” por parte del ministro de Justicia Germán Garavano para cambiar el perfil de la querella a una más “pasiva” y alejada de los familiares. “Quiero manifestar la preocupación de esta parte por la gravedad de lo denunciado en las renuncias presentadas por Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, donde mencionan haber sido impedidos de trabajar con ‘libertad y probidad’ y plantean la posibilidad de que el Ministerio termine representando intereses opuestos a la búsqueda de justicia”, dijo Borda.
La denuncia de los familiares de las víctimas excedió las formalidades de los Tribunales. “El Gobierno busca encubrir a los encubridores”, dijeron en una carta abierta abierta al Presidente Macri ya que, entre los 13 acusados del juicio por encubrimiento, son varios los que tienen v{inculos con el macrismo. Jorge “Fino” Palacios, elegido para encabezar la Policía Metropolitana, Rubén Beraja, ex DAIA, jefe del ahora ministro de Justicia, Claudio Avruj, y alineado con la actual dirigencia comunitaria afín al Gobierno, y José Barbaccia, entonces fiscal de la causa que trabajó en el Juzgado Federal 4 junto a Germán Garavano y a Miguel Inchausti, el abogado que, por orden del Ministro de Justicia, lidera la querella.
La misma semana de la renuncia de Stilman y Strajman, Mario Cimadevilla, Miguel Pichetto (FPV) y Ángel Rozas (UCR) presentaron en el Senado un proyecto de ley para que se juzgue a los iraníes acusados por el atentado en juicio en ausencia, algo que familiares y prestigiosos juristas rechazan desde hace meses. Al día siguiente, se publicó un decreto en el que Macri ordenó desclasificar algunos archivos de la causa y otorgó poder sobre los mismos a la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y a la Agencia Federal de Inteligencia, el mismo organismo que mantuvo esos documentos ocultos y abandonados todos estos años. Como consecuencia se le quitó el control a la Unidad Fiscal AMIA, organismo que se ocupa de la organización y digitalización de archivos.
“Quieren cerrar la causa de nuevo”, volvieron a denunciar los familiares.
El testigo clave
De traje, puntual y sereno, Claudio Lifschitz se presentó durante cinco días a declarar sobre lo que vio, escuchó e hizo dentro del juzgado que encubrió el atentado a la AMIA. Los abogados de los 13 imputados usaron su pasado de policía y sus vínculos con Inteligencia -fue abogado del ex SIDE y dueño de prostíbulos Raúl Martins- para restar credibilidad a sus testimonios. Pero Lifschitz fue claro y concreto. Representó diálogos casi exactos y recordó hechos que involucran especialmente al ex juez, los ex fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, y al personal de la SIDE.
Lifschitz trabajó como prosecretario desde 1995 en el Juzgado Federal 9. Según dijo se dedicaba a labores “más de inteligencia”. El entonces comisario de la Federal Jorge “Fino” Palacios, quien tenía una muy buena relación con Galeano, fue quien lo llevó a Tribunales desde la División Inteligencia de la Policía. Allí estuvo dos años, hasta 1997 cuando las irregularidades quedaban a la vista y “el juez no hacía nada con la información que yo aportaba a la causa”.
Una vez afuera del juzgado, Lifschitz vendió todo y viajó a los Estados Unidos a escribir un informe detallado con las ilegalidades cometidas en la causa AMIA. Ningún legislador de la Comisión Bicameral, especialmente creada para seguir el caso, quiso recibir el texto. Quien lo terminó difundiendo fue el periodista Rolando Graña en su programa de televisión. Lifschitz le dio al informe formato de libro. Una vez publicado, le costó amenazas y ataques contra su vida a tal punto que mientras escribía la denuncia, dejó el material a cargo de dos personas con quienes firmó un acuerdo de confidencialidad y compromiso de publicar si a él le ocurría una eventualidad. “Una de esas personas, de quien no puedo decir el nombre, es casualmente ministro del gobierno de Macri”, dijo.
Las irregularidades
Recién ingresado al juzgado, el prosecretario debió revisar desde cero el expediente que el ex juez Galeano comenzó a construir el 18 de julio de 1994. “No se había hecho nada. Elementos fundamentales como las agendas que se secuestraron de detenidos no habían sido revisados ni se le prestaba atención a los pocos teléfonos intervenidos”, expresó en referencia a los objetos de Carlos Telleldín, quien armó la camioneta que llevó la bomba, y de Alberto Kanoore Edul, empresario amigo de la familia Menem, sospechado por el atentado a quien apenas se investigó tras un llamado de Munir Menem a Galeano para que abandonara esa pista.
“El responsable de ese análisis era el sector 85 de la SIDE. El juez no tenía idea y mi advertencia llevó a que se reuniera con Marta y Gabriela, de Inteligencia”, recordó Lifschitz. Y aclaró que el jefe de ese sector de Inteligencia era Jaime Stiuso, quien entregó pruebas falsas para desviar el caso.
“Lo que querían ocultar, y lo hicieron a través de una causa paralela en un juzgado de Lomas de Zamora, es que la SIDE tenía infiltrada la célula terrorista iraní que puso la bomba y se les escapó”, le explicó Lifschitz a cada uno de los abogados que se lo preguntó.
En ese legajo mellizo, que estaba a cargo del juez Santamarina, el jefe de los espías Hugo Anzorreguy ocultaba intervenciones telefónicas a iraníes antes, durante y después del atentado. “Tienen hasta la foto de Mohsen Rabbani con la Trafic en Jet Parking”, agregó. Dijo que como le contaron los agentes de Inteligencia “Sala Patria” hubo una orden por parte del ex presidente Carlos Menem de retirarse de esa célula dormida iraní. “Fue una mala decisión política. Ahí a la SIDE se le perdió la camioneta, ocurrió el atentado e intentaron tapar todo”.
Todo grabado
En relación a las cámaras ocultas del juzgado de Galeano, Lifschitz dijo que todos sabían que se grababan declaraciones de imputados y testigos y “se usaban para coaccionar a personas para que declararan lo que el juez pedía sobre la pista de la Policía Bonaerense”. Ofreció un careo con otros empleados judiciales y aclaró: “entiendo que tienen miedo de decir la verdad”. Minutos después, marcó en un plano del juzgado la ubicación de las cámaras, los despachos y cada uno de los personajes a los que se refirió. “Acá es donde se filmó el video en el que Telleldín le señala al juez las fotos de los agentes bonaerenses a quienes se les imputó el atentado”, dijo. “Yo estaba parado afuera de esta pequeña oficina donde estaba el monitor, cuando vi a Galeano mostrarle a Beraja el video para pedirle los fondos que Telleldín requería por declarar contra los policías”, dijo moviendo el dedo índice. Explicó que, como Beraja no se los dio, le mostró la filmación a Brousson (agente de Inteligencia ya fallecido) “y ahí la SIDE le dio la plata”.
La DAIA
Lifschitz dio detalles de la participación del ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en los arreglos de Galeano y Anzorreguy para encontrar culpables y cerrar la causa. “Beraja y los abogados de la DAIA estaban al tanto de todo, incluso de la causa paralela de Lomas de Zamora porque me preguntaban cómo iba”, dijo. Fueron todos esos expedientes de la Sala Patria de la SIDE los que Lifschitz revisó. También Beraja y los abogados de la DAIA podían acceder a la totalidad de la causa AMIA que Galeano tenía organizada en legajos separados. “Era para ocultarle cosas a las partes. (Los trabajadores del juzgado) teníamos la orden de no mostrar los legajos a León Smolianksy, abogado de Memoria Activa”, dijo.
“La relación de Rubén Beraja con Galeano excedía lo normal. Compartían rondas de whisky a altas horas de la noche en el juzgado junto a personal de Inteligencia”, contó Lifschitz a la abogada del entonces presidente de la DAIA Valeria Corbacho.
-¿Usted sabe que mi defendido tiene contraindicada la ingesta de alcohol?, intentó rebatirlo Corbacho.
-No. Y tal vez Beraja no tomaba el whisky, algo que sí vi hacer a Galeano. Estoy seguro, por ejemplo, de que Beraja venía a fumar habanos, le respondió Lifschitz.
El representante de la querella de ex policías, Juan Manuel Ubeira, ironizó: “Señor presidente, tengo contraindicadas muchas cosas pero eso no quiere decir que lo cumpla”.
Lifschitz ubicó, porque estuvo ahí, al ex DAIA junto a los fiscales, Galeano, Anzorreguy y agentes de la SIDE en una reunión en la sede de Sala Patria el 17 de julio de 1994, un día antes del acto aniversario en el que los familiares responsabilizaron al Estado por la impunidad en la causa. “Querían estar seguros de que en el discurso del día siguiente no dijeran nada contra la investigación y Beraja los dejó tranquilos. Después vi como Anzorreguy hablaba por teléfono con Menem y se lo pasaba después a Beraja”, repitió ante las preguntas de abogados defensores.
La causa inventada
Si la idea era encontrar culpables creíbles, aunque falsos, la pista de los policías bonaerenses, según le dijo el secretario Javier De Gamas a Lifschitz, no se pudo probar. “Pero que cierra, cierra”.
El principio fue una reunión entre Telleldín y la fallecida camarista María Luisa Riva Aramayo, en la que, según los acusadores, se comenzó a arreglar la declaración del doblador de autos contra los policías bonaerenses. “Después de esa reunión, Galeano me dio a mí y a la prosecretaria Ana Sverdlik un blanco donde Telleldín decía que le había dado la camioneta Trafic a las brigadas de Lanús y de Vicente López, que lo extorsionaban por sus negocios, aunque no tenían nada que ver entre sí”. Según Lifschitz esos elementos eran muy poco creíbles pero, tras un encuentro que mantuvo Galeano con el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, el ex juez ordenó seguir esa pista “y cerrarla en tres meses”.
“A medida que investigaba, contó el testigo, quedaba más claro que los policías no habían tenido nada que ver. Pero en las declaraciones, a testigos o imputados, los secretarios omitían lo que no encajaba e intentaban, coacción mediante, relacionar el atentado con Juan José Ribelli”, ex comisario de Lanús considerado cabeza de la conexión local. La causa AMIA arrastraba a todo el mundo. Así Galeano podía tener a quien quisiera”, explicó el ex prosecretario.
Como ejemplo, Lifschitz recordó que probaron que los teléfonos a nombre de Ribelli habían estado tres meses antes y tres después del atentado en la zona de la casa de Telleldín. “Pero pero por decisión del juez, según me dijo la secretaria Susana Spina, sólo se dejó constancia en la causa de que habían estado el día de entrega de la camioneta”.
Para completar círculo del desvío, llegó el pago ilegal a Telleldín de 400.000 dólares provenientes de fondos reservados de la SIDE para que éste finalmente volcara en una nueva declaración indagatoria la relación de los Bonaerenses con el atentado y trajera preparados a testigos que avalaran sus dichos. “Sabíamos que Telleldín quería plata para declarar pero que eso se hizo me enteré mucho después”, dijo Lifschitz.
Con esas “pruebas” el caso llegó en 2001 a juicio oral y público ante el TOF 3, que terminó por absolver a los policías además de ordenar investigar las irregularidades. El plan encubridor de los tres poderes del Estado menemista terminó en ese juicio pero en el camino, le quitó por ocho años la libertad a inocentes y privó a los familiares de las víctimas de verdad y de justicia.
Ilustraciones: Eugenia Bekeris, integrante de Dibujos Urgentes en el Juicio de encubrimiento del Atentado a la Amia, Tribunales Federales de Retiro, 2015 – 2017.
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