El juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA duró tres años y seis meses y declararon más de 140 testigos. Para la Justicia, los ex funcionarios judiciales y de inteligencia fueron responsables de desviar la investigación. Pero no hubo responsables políticos: el ex presidente Carlos Saúl Menem, acusado de ordenar el pago de 400 mil dólares para no investigar la pista siria, fue absuelto.
En el banquillo había trece acusados, responsables de los diferentes poderes del Estado: el ex juez Juan José Galeano recibió una pena de seis años; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, dos años; el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, cuatro años; el exsubsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchézar, tres años; y el ex comisario Carlos Castañeda, dos años.
El reducidor de autos Carlos Telleldín fue condenado a 3 años y 5 meses de cárcel. Su ex esposa, Ana María Boragni, a dos. Su abogado, Víctor Stinfale, fue absuelto. También fueron absueltos el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y el ex agente de la SIDE Patricio Finnen.
“Fueron penas mucho más bajas de las que pedimos las querellas y de las que merecen los imputados. De todas maneras, se probó el peculado, el encubrimiento y la privación ilegítima de la libertad de los policías bonaerenses, tal como venimos denunciando hace años”, explicaron desde la Asociación de Familiares Memoria Activa.
En septiembre de 2004 terminó el juicio oral por la causa AMIA, en la que se juzgaba la conexión local del atentado que apuntaba a un grupo de policías bonaerenses. La causa había sido instruida por el ex juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes interrumpieron el seguimiento de la pista siria, que apuntaba a la familia sirio libanesa Kanoore Edul, cercana a los Menem. En la investigación participaron la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Policía Federal.
El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos los imputados y declaró nula la causa por tratarse de una “maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. La investigación estaba plagada de irregularidades. Durante el debate quedó en evidencia que los policías habían sido acusados por el doblador de autos Carlos Telleldín a cambio de 400 mil dólares que fueron pagados con fondos reservados de la SIDE.
El Tribunal ordenó investigar el encubrimiento. Galeano y los fiscales fueron removidos de la causa. El entramado de corrupción y encubrimiento también incluía al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y a otros dos agentes de inteligencia; al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; a los ex comisarios de la Federal Jorge Fino Palacios y Carlos Castañeda; a Telleldín, su pareja y su abogado, Víctor Stinfale.
El juicio por encubrimiento comenzó el 6 de agosto de 2015, a cargo del Tribunal Federal Oral 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Néstor Kostabel y Karina Perilli. Intervinieron 31 querellas unificadas en seis grupos: las asociaciones de familiares Memoria Activa, 18J y Apemia, AMIA-DAIA, los policías bonaerenses acusados falsamente en el primer juicio y el Estado nacional a través de la Unidad Amia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Menem estaba acusado de haber ordenado a Galeano que interrumpiera la investigación contra la familia Kanoore Edul. El ex juez tuvo la causa en sus manos durante una década. A partir de las supuestas órdenes del ex presidente, suspendió la investigación de la pista siria y apuntó hacia la conexión local de ex policías. En una cámara oculta grabada en sus despachos se ve cómo negocia con Telleldín el pago de los 400 mil dólares para que cambie su declaración y diga que él le entregó la Traffic blanca a un grupo de policías. En el pago intervino la SIDE, que aportó los fondos.
Para la acusación, quienes ejecutaban las órdenes de Galeano eran los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda. El ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, además de estar sospechado del pago, estaba acusado de destruir escuchas que involucraban a la familia Kanoore Edul.
Para las querellas Mullen y Barbaccia sabían del pago de la coima para el desvío de la investigación. El propio Barbaccia fue quien firmó la nueva declaración de Telleldín en la que incriminaba a cuatro policías. Según la acusación, el entonces titular de la DAIA, Rubén Baraja, también estaba al tanto del soborno y lo consintió. Incluso intentó evitar la difusión del video grabado en el despacho de Galeano.
Hoy, después de cuatro años de juicio y a casi 25 años del atentado, fueron condenados algunos de los responsables de la impunidad del atentado. Para la justicia, los jueces, fiscales y agentes de inteligencia fueron responsables de desviar la investigación. Pero no hubo responsables políticos.
El dibujo que ilustra esta nota perteneces a Eugenia Bekeris, integrante de de Dibujos Urgentes en el Juicio de encubrimiento del Atentado a la Amia, Tribunales Federales de Retiro, 2015 – 2016.
