Cámaras ocultas ilegales, diálogos que no se registraban en actas, robo y destrucción de videos del juez en la parrilla de uno de sus secretarios, una pista que no termina de cerrar y el famoso “no lo recuerdo”. Esos fueron algunos de los temas de la audiencia 51 del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA: a más de un año de su inicio, va bajando el ritmo. “Con la cantidad de testigos que hay, a esta velocidad tenemos para mínimo un año y medio más”, dijeron los familiares de las víctimas, que hace 22 años esperan justifica.
Esta vez, el único en declarar en la audiencia que duró poco más de dos horas fue Agustín Gamboa, hoy secretario general de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
De traje y cargando un pesado morral, el funcionario ingresó a la sala de los Tribunales Federales y evitó intercambiar mirada con quien fue su jefe durante diez años: el ya destituido juez Juan José Galeano, presente en el banquillo de los acusados desde el primer día del debate.
Si bien Gamboa ingresó a trabajar en el Juzgado Federal 9 en 1993, recién tuvo contacto con la causa AMIA en 1995, cuando le asignaron la investigación de pistas internacionales. Entre ellas estaba la llamada “pista siria”, interrumpida -según se debe probar- por orden del ex presidente Carlos Menem.
“Tomamos cientos de declaraciones sobre esa pista”, contó el testigo. Pero lo más importante, las fechas o al menos los años en que se investigó, no lo pudo precisar. “Ay, me matás con el año”, le contestó a uno de los abogados de la querella cuando le preguntó por la agenda del sospechoso Alberto Kanoore Edul, en donde estaba el teléfono de Monsen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán. Si la intención de las querellas era probar el abandono de esa pista, la poca memoria de Gamboa no fue de mucha ayuda.
Lo ilegal era “una metodología de trabajo”
Tal como se desprende de las declaraciones de otros empleados del juzgado de Galeano, con el testimonio de Gamboa se termina de confirmar que aquello que era ilegal o por lo menos “anormal” para el cotidiano de los Tribunales Federales, no lo fue bajo las órdenes del exjuez.
Las cámaras ocultas en las oficinas de los secretarios de Galeano, utilizadas para grabar sin aviso a testigos e imputados, era, en palabras de Gamboa, “una metodología de trabajo”, razón por la cual a nadie le parecía raro que eso se hiciera. Al contrario, “servía para analizar las declaraciones”.
Ya adentrados en el tema, llegó la definición más fuerte del testimonio de Gamboa, quien se mantuvo muy tranquilo al admitir lo que para él era “normal”. Luego del robo de uno de los videos de la caja de seguridad del juzgado, el testigo contó que el entonces juez le pidió que destruyera el resto de los videocasetes. “Fui a la casa del secretario Carlos Velasco y destruimos las cintas, las cortas y quemamos”, recordó.
Azorados por la irregularidad del relato, los abogados querellantes le pidieron sus apreciaciones personales sobre lo que le fue ordenado hacer. Como respuesta, Gamboa dijo que eran unas 15 cintas aproximadamente y que para él fue simplemente “como destruir papeles que ya no servían”. “Nada me llamó la atención”, agregó.
Sin mucho más que preguntarle, y tras algunos intentos de las defensas que apuntaban al “gran esfuerzo” de Gamboa y otros empleados del juzgado para investigar el atentado, el testimonio se dio por terminado.
Antes de levantar la sesión, pidió la palabra la abogada de Rubén Beraja para anunciarle al Tribunal Oral Federal 2 que su defendido desea ampliar su declaración indagatoria. De contar con el tiempo suficiente, dijo el juez Néstor Costabel, el ex presidente de la DAIA tendrá su oportunidad en las próximas dos o tres semanas. La siguiente audiencia será el 22 de septiembre.
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