AMIA: total normalidad en el juzgado de Galeano

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A un año de su inicio, y tras la feria judicial de invierno, se retomó el juicio oral y público por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Ante el Tribunal Oral Federal 2, desfilaron en las últimas audiencias los empleados del Juzgado Federal 9, aquel desde el cual el entonces juez Juan José Galeano pergeñó -tal como se lo acusa- una maniobra global de encubrimiento que trajo como consecuencia la falta de verdad y justicia a 22 años del ataque.

El ex juez concurrió a todas las audiencias y desde su lugar en primera fila presenció, por momentos clavándoles la mirada, los testimonios de quienes trabajaron a sus órdenes durante la instrucción de la causa.

Todos los testigos que ocuparon desde cargos de prosecretarios hasta escribientes coincidieron: en los despachos del juzgado habían instalado, por orden de Galeano, cámaras ocultas para filmar declaraciones a testigos o imputados. Sin embargo, la naturalidad con la que lo afirmaron, sin siquiera amagar a cuestionarlo, desembocó en la justificación del uso de las grabaciones. “No todos estaban presentes en las declaraciones. Ver el video servía para analizar y encontrar datos de interés”, dijo Karina Auletta, prosecretaria entre 1995 y 1997. Las respuestas mayoritarias a las preguntas del tribunal fueron “desconozco”.

Una de las grabaciones – que salió en los medios de comunicación tras ser sustraída de la caja fuerte del juzgado- es clave para probar el encubrimiento: allí se ve al ex juez negociando una declaración falsa con el imputado Carlos Telleldín (señalado como el último poseedor del motor de la Trafic encontrado entre los escombros de la mutual judía) por la que sería recompensado con un pago de 400.000 dólares.

Claro que sobre el video robado rondaron las preguntas de los abogados de las querellas pero todos los testigos contestaron lo mismo: “Nos citaron para contarnos que faltaba un video. Estábamos todos sospechados”, dijo Jimena Castro, quien tuvo un cargo menor hasta 2000. Es decir, según los testimonios, la preocupación del personal pasaba por la investigación del robo y no por el contenido irregular del video. “No hablamos de eso entre nosotros”, aclaró Auletta sobre la negociación del pago a Telleldín, minimizando el hecho. Los familiares que estaban en la sala de audiencias soltaron una risa nerviosa: el relato era inverosímil.

Las preguntas de las defensas

Como si fuera una obra de teatro, en todas las audiencias en las que declararon empleados del juzgado las preguntas de los abogados defensores del imputado Galeano se repitieron. “¿Eran suficientes los recursos con los que contaban para trabajar en el juzgado?”, comenzaron, como si ello justificara el desvío de una investigación.

“Eran escasos. Teníamos que usar nuestras propias computadoras porque el Poder Judicial sólo proveía de dos”, señaló Karina Auletta. También contó que se quedaban “hasta las 3 o 4 de la mañana” y trabajaban incluso fines de semana.

Esa carga horaria no era la que le tocaba a Esther Guarignielo quien, prestada por la Policía Federal y luego en el rol de prosecretaria, trabajó durante ocho años de lunes a viernes de 9 a 17. Su tarea era el desarrollo y manejo de un programa informático de entrecruzamiento de llamados.

En contradicción con su larga estadía en el juzgado, Guarignielo evitó referirse a las irregularidades que se investigan y se limitó a describir el funcionamiento del software que había creado. “Mi trabajo era muy técnico. Yo no hacía preguntas”, expresó cuando las defensas le preguntaron si había recibido algún tipo de presión para no hacer su trabajo libremente o si vio alguna irregularidad.

La respuesta a esa pregunta en el caso de todos los empleados del juzgado, fue siempre “no” y  con ella la queja de los querellantes: “Si dijeran que sí, se estarían autoincriminando”.

La próxima audiencia seguirá declarando personal del juzgado.