inmigrantesEl Colectivo para la Diversidad (COPADI), el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) y el Legislador José Cruz Campagnoli presentaron hoy un amparo ante la justicia de la Ciudad donde cuestionan la cesión del edificio para la primera Cárcel de Migrantes de toda América Latina.

El director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, y su par porteño Martín Ocampo firmaron un acuerdo para crear la cárcel de ien un edificio del barrio de Pompeya. Allí, dicen, alojarán de forma exclusiva a “las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria” que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión ”.

Para los autores del amparo, apresar migrantes por “razones ajenas a la comisión de un delito” y  “por no tener su documentación en regla”, es un retroceso en la política migratoria de nuestro país. “Implica la vuelta a los principios de la ley Videla de 1981 donde se estigmatiza al inmigrante irregular asociándolo a la delincuencia, y privándoselo de derechos”, dicen en un comunicado. Y señalan que la prisión preventiva efectiva para todos los casos de expulsiones mientras tramite el recurso judicial, “además de la grave problemática que contrae el encierro administrativo, podrá derivar en que muchos migrantes opten por desistir de su recurso judicial y verse obligados a dejar el país sin demora, más allá de que su expulsión haya sido inválida o ilegal”.

El Comité de las Naciones Unidas para los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, señaló que la Dirección Nacional de Migraciones no respeta el debido proceso al tramitar las expulsiones. Así, recomendó que el Estado “Vele por que, antes de emitir órdenes de expulsión, los trabajadores migratorios que no pueden probar su ingreso legal tengan tiempo suficiente para solicitar la residencia sobre la base de todas las circunstancias pertinentes, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de migraciones.” Una vez que esté en funcionamiento la Cárcel, y el migrante arrestado, no podrá hacer para pedir su residencia de modo regular.

El amparo, señalaron sus autores, “se presenta ante la Justicia de la Ciudad, al entender que un inmueble de la Ciudad no puede ser utilizado para retroceder en los derechos de todos los habitantes de la Ciudad, tanto argentinos como migrantes”.

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