Veinte policías federales fueron denunciados penalmente por orden de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, acusados de presuntos hechos de corrupción y evidencias de complicidad en la comisión de diversos delitos.
La cartera de Seguridad reveló en un comunicado oficial que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, los sospechosos, desde comisarias a cabos, están investigados por cohecho y enriquecimiento ilícito. Y destacó que se trata de cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente, de las seccionales 7° (Balvanera), 28° (Barracas) y 44° (Versalles) de la Policía Federal.
Según informa el comunicado de prensa oficial, los delitos que se les imputan a los sospechosos son cohecho y enriquecimiento ilícito, además de aumentos patrimoniales, compras injustificadas de inmuebles, yates y otros bienes suntuosos que no corresponden con sus ingresos. Además aseguraron que sus cuentas bancarias demostraban movimientos irregulares.
Fuentes del Ministerio de Seguridad aseguraron a Cosecha Roja que los acusados cobraron “coimas para permitir el funcionamiento de prostíbulos, venta de droga, venta callejera en estaciones de trenes y servicios de transporte trucho; además de incumplir con los procedimientos de prevención del delito dispuestos por el Ministerio, como paradas policiales y controles vehiculares previstos en el “Plan de Seguridad Urbana”.
Además fuentes de la cartera ministerial agregaron que “hay policías que compraron yates, automóviles de alta gama y propiedades en la Costa, más precisamente Cariló. Estás investigaciones comenzaron cuando la actual administración instó a los titulares de comisarias y agentes de nivel jerárquico a presentar en la Oficina Anticorrupción una declaración jurada de bienes e ingresos”.
Estas irregularidades fueron presentadas a la justicia por áreas concernientes al Ministerio de Seguridad a partir de testimonios de agentes de la propia fuerza y comerciantes de las zonas a los que se les extorsionaba por protección policial. Para la investigación, fue concluyente la contribución de vecinos y comerciantes de los barrios donde funcionan las seccionales involucradas en las denuncias. “Brindaron información precisa sobre el accionar de los policías, cobrando coimas por supuesta protección policial”, señaló un vocero del Ministerio.
Las áreas que llevaron adelante estas investigaciones son la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, con aportes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Políticas de Transparencia y la Coordinación de Fiscalización de las Instituciones Policiales y Fuerzas de Seguridad.
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