Argentina: ¿Quién controla a la policía?

Cosecha Roja.-

La detención del jefe de la policía de Santa Fe, acusado de proteger a narcotraficantes volvió a plantear la pregunta. ¿Quién controla a la policía? En Argentina, la tendencia es a que los gobernantes tengan un pacto de convivencia con las fuerzas: a cambio de no generar grandes problemas, dejan que recauden dinero de actividades ilegales y que arreglen entre ellos sus asuntos internos. El autogobierno de la policía bonaerense y la connivencia de con los narcos en Santa Fe son los ejemplos más extremos. A nivel nacional, muchos opinan que la política de “seducción” de las fuerzas por parte del Secretario de Seguridad Sergio Berni podría singnificar un retroceso en el control de Policía Federal.

El caso paradigmático es el de la provincia de Buenos Aires. Con la llegada de Daniel Scioli a la gobernación, los jefes de la policía bonaerense recuperaron el poder perdido con las reformas del exministro León Arslanian. En Santa Fe, el Ministerio de Seguridad intentó llevar adelante pequeñas reformas en la policía provincial. En 45 días hubo amenazas de bomba en seis bancos –en uno de ellos apareció un proyectil antitanque-, cuatro autos fueron incendiados en una noche y se cortó la luz en la Jefatura de Policía. Un ministro renunció al quedar sin apoyo político. Su reemplazante confirmó al jefe policial acusado en la justicia por complicidad con el narcotráfico y garantizó que no iba a haber purgas en la fuerza. En Capital Federal, desde la creación del Ministerio de Seguridad que dirige Nilda Garré, se tomaron varias medidas para controlar a las fuerzas. La policía opuso resistencia. Meses atrás, 26 policías fueron denunciados por corrupción por el Ministerio. Los comisarios investigados comenzaron una huelga de brazos caídos: un robo atrás del otro a pocas cuadras de distancia que contaron con una gran cobertura mediática.

Martha Arriola, exsubsecretaria de Participación Ciudadana durante la gestión de León Arslanian en el Ministerio de Seguridad provincial, estuvo a cargo de la comisión que investigó el caso Candela. “En algún momento”, dice, “el poder político le planteó a la policía que se hiciera cargo del territorio y lo manejaran a su antojo mientras todo estuviera relativamente tranquilo. En el mismo acuerdo se incluía que administraran en el territorio algunos delitos de una manera discrecional”. Este pacto, explica, se intentó desarticular con la reforma de Arslanian, hace quince años.

Esos cambios –iniciados en 1997- tuvieron su retroceso a fines de 1999. Luego fueron retomados en 2004 con el incremento de secuestros extorsivos y finalmente en 2007, con Daniel Scioli en el gobierno provincial, se volvió atrás otra vez.

“Hoy la Policía Bonaerense se autogobierna”, asegura Arriola. Según explicó, los equipos de inteligencia de la fuerza se han desarmado y se desbarató el sistema de participación comunitaria. “Es absolutamente criminal lo que se ha hecho, porque ese camino no se recupera fácilmente y ha dejado un sinsabor adentro y afuera de la institución”.

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La falta de conducción política de la policía santafesina es un rasgo que se viene acentuando en los últimos tiempos. El escándalo desatado por la detención del ahora ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, sospechado de formar parte de una red de narcotraficantes, puso de manifiesto la debilidad del gobierno provincial a la hora de garantizar el control sobre la fuerza policial. Desde la renuncia del ministro de Seguridad Leandro Corti los destinos de la fuerza quedaron en manos del propio jefe policial.

Para el diputado provincial y titular dela Comisión de Derechos y Garantías de la cámara baja, Eduardo Toniolli, hay varios elementos que demuestran el autogobierno de la policía santafesina y la falta de voluntad del Ejecutivo por recuperar su control. Desde diciembre hasta junio, el cargo de secretario de Control de Seguridad -el funcionario civil que conduce la división de Asuntos Internos- estuvo vacante. “Ese fue un gesto hacia la policía. Consideraron que siendo condescendientes con la fuerza de alguna manera podían generar mayor colaboración”, dice.

A principios de octubre cinco policías santafesinos –entre ellos dos altos jefes- fueron detenidos por orden judicial. Se los acusa de montar un mecanismo de recaudación ilegal relacionado con los servicios adicionales. “Al día siguiente en la reunión del Concejo de Seguridad, ante legisladores, ONGs, funcionarios y toda la cúpula de la fuerza policial, el gobernador dio un discurso diciendo que era el primero que iba a defender a los policías honestos. Esa es una forma de contener a la fuerza”, consideró Eduardo Toniolli.

Durante los cuatro años de mandato de Hermes Binner como gobernador, Hugo Tognolli fue el jefe de la ex Drogas Peligrosas. Desde allí, según una investigación de la justicia federal, montó una red de protección al narcotráfico a cambio de coimas que él mismo aparentemente recibía. Cuando Antonio Bonfatti asumió su cargo, Tognoli –pese a que existían denuncias en su contra desde 2010– fue ascendido a jefe dela Policía Santafesina. El viernes pasado, un juez ordenó su detención. Después de estar 48 horas prófugo se entregó.

Este escándalo motivó una serie de reestructuraciones dentro del Ministerio de Seguridad. Hubo algunos recambios de autoridades –no del ministro- y se confirmó la creación dela Secretaríade Delitos Especiales. En lugar de Hugo Tognoli asumió el sub jefe de la policía Cristian Sola.

“Con el nombramiento de Sola se perdió la oportunidad de convertir la crisis en una reforma profunda de la policía. Se podría haber intervenido la fuerza con un civil al frente de la misma y promover un cambio en la ley orgánica de la policía y crear un cuerpo de policía judicial. Se habría logrado la legitimación de la sociedad y de la misma oposición parlamentaria”, dice el diputado Eduardo Toniolli.

Para el diputado bonaerense y ex interventor dela Policíade Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, la respuesta de Antonio Bonfatti al escándalo narcopolicial fue “delarruista”. “El gobierno santafesino tiene miedo y esta escabullido”, dice. “Tiene que salir de la caverna. Debe asumir la conducción política de la policía. Le está dando la vida a una policía que esta demostradamente comprobado que no tiene capacidad de autodepuración y reforma”.

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La relación entre el delito y los comisarios porteños no es nueva ni tan fácil de desterrar. Una de las medidas tomadas por el Ministerio de Seguridad desde que asumió Nilda Garré fue pasar a retiro a parte de la cúpula y  a los comisarios sospechados de complicidad con el delito. También se incorporó ala Gendarmería y Prefectura en las zonas donde el vínculo entre policía y delito era explícito. En muchos casos, pese a que la Federal sólo debía cumplir funciones dentro de las comisarías, se descubrió que las patrullas seguían haciendo sus recorridos en busca de la recaudación.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sabían que varios comisarios porteños habían amasado pequeñas fortunas –en algunos casos no tan pequeñas- en base a un sistema de extorsión a comerciantes: cada semana, un policía de la comisaría pasaba a cobrar una cuota a cambio de protección. En base a denuncias anónimas realizadas al 0800-555-5056 por comerciantes que contaban cómo funcionaba esta red de corrupción, el Ministerio llevó adelante una investigación que duró varios meses. En total, 26 policías de la Federal fueron denunciados por enriquecimiento ilícito.

Uno de los comisarios investigados fue trasladado dela Comisaría 7ª de Balvanera a la 17ª de Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. Durante varios días, una seguidilla de robos alarmó a los comerciantes del barrio. Los ladrones iban en moto y a punta de pistola se llevaban la recaudación del día. Luego se marchaban a otro negocio y repetían el mecanismo.

Todos estos asaltos tuvieron una característica común: una amplia repercusión en los medios de comunicación. Fuentes judiciales sospechan que detrás de estos robos había “una huelga de brazos caídos de los comisarios investigados por enriquecimiento ilícito”.

Las denuncias presentadas por el Ministerio contra integrantes de la Federal se impulsaron desde la Secretarías de Relación con el Poder Judicial, un área que depende directamente de la ministra de Seguridad Nilda Garré.  Esa situación empezó a cambiar con la llegada de Sergio Berni a la Secretaría de Seguridad, que adoptó una política de “seducción” de los jefes de la fuerza.

Hasta su nombramiento, el área operativa, la de participación ciudadana, la logística y el control disciplinario sobre los integrantes de la fuerza dependían cada una de un área diferente. Con Berni, todas estas tareas quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad. Las Unidades Fiscalizadoras, un espacio desde el cual el Ministerio llevaba el control sobre la aplicación de los sistemas de patrullajes y las tareas de prevención planificadas, desaparecieron. Ahora esos controles se llevan adelante sin la estructura y el peso que tenían antes.  Si bien la conducción de las fuerzas sigue siendo civil,  Berni sumó policías retirados en áreas operativas de la Secretaría. Lo que viene, dicen quienes siguen el tema de cerca, es tratar de mantener un delicado equilibrio con las fuerzas.