Por Santiago Valenzuela /Ilustración Juan Ruiz
Karina García quería ser la primera alcaldesa de Suárez, en Cauca. La mataron a balazos junto a su madre y a otras cuatro personas que viajaban con ella en un carro. Su padrastro, Alonso Giraldo, le contó a la prensa que al carro “le dieron veinte minutos de fusil y luego lo quemaron, con todos adentro”. Karina tenía 31 años. Ya había recibido amenazas. El gobierno le había dado una escolta que no pudo hacer nada frente al ataque. Las versiones oficiales culparon la disidencia de las Farc.
El informe “Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia: arriesgando la vida por la paz”, da cuenta de las violencias que sufren las mujeres que entran a la vida pública para defender la paz.
Antes de ser asesinada, dice uno de los testimonios, la mujer “es torturada, abusada sexualmente, en algunas ocasiones empalada (…) el castigo para una mujer lideresa, si no la asesinan, es una violación para humillar su cuerpo. Tenemos muchas compañeras que han sufrido violaciones y les dicen ‘esto te pasó pa que calles la boca’, ‘esto te lo hicieron por sapa’. Y en algunas ocasiones no es un hombre que viola a una mujer, son varios ”.
Todo este guión es más oscuro cuando la mujer en mención es negra o indígena. Cuando revisamos el último informe de Oxfam y Somos Defensores observamos que los asesinatos de las defensoras de derechos humanos en Colombia son más crueles. Desde 2016 hasta septiembre de este año 55 mujeres líderes fueron asesinadas en Colombia. Casi la mitad de ellas, 20 en total, fueron asesinadas en el último año.
“Las mujeres que persisten en la lucha están en grave peligro, y ningún indicio apunta a que esta escalada de la violencia vaya a disminuir”, dice el informe. “En el primer trimestre de 2019 los ataques contra las defensoras han aumentado en un 97% con respecto al periodo previo”.
Una vaca tiene más derechos que una mujer. Una vaca tiene derecho a una hectárea de tierra. Y las mujeres no tienen tierras, no tienen tierra ni en las uñas. Una vaca tiene derecho a vacunación, y eso es sagrado acá, tiene [el] tema [de la] desparasitación, tiene un veterinario, tiene un control. Las mujeres rurales no tienen un centro de salud, no tienen [ni] el tema de la educación.
Defensora campesina, 2019
Este testimonio citado en el estudio es una introducción sobre las causas de las agresiones a las mujeres defensoras de derechos humanos. Lo primero que dicen las organizaciones es que las mujeres campesinas, indígenas, afro y en general las que habitan en zonas rurales e intentan denunciar los problemas en sus municipios, sufren de “una violencia desproporcionada” que se refleja, a su vez, en sus territorios, los cuales pueden estar en disputa entre actores armados legales e ilegales.
En el estudio, Oxfam hace énfasis en factores estructurales que inciden indirectamente en la violencia contra las mujeres líderes. Un ejemplo es el siguiente: “según el Banco Mundial, Colombia ocupa el cuarto lugar después de Sudáfrica, Haití y Honduras medido con el coeficiente de GINI. 7 El último informe de la OCDE en 2018 concluyó que Colombia es el país más desigual económicamente de América Latina y el tercero del mundo, por detrás de Sudáfrica e Indonesia”.
El informe sugiere que la violencia contra mujeres líderes está relacionada íntimamente con los problemas de desigualdad en Colombia y, por ende, de distribución de tierras. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Colombia es uno de los países de América Latina en donde hay más brechas entre unos departamentos y otros, solo superado por México y Guatemala. Sobre las tierras, el informe muestra algunas cifras que dan cuenta de la desigualdad. “En Colombia, mientras que el 64% de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra, el 1% de los propietarios son dueños del 80% del territorio. La desigualdad en este ámbito afecta a los 32 departamentos del país. De hecho, no hay ninguno donde el Coeficiente de Gini tienda hacia la igualdad. Especialmente alarmante es el caso del Chocó, donde en su capital, Quibdó, menos del 1% de los propietarios es dueño del 95% de la tierra”.
Las mujeres líderes, señala el estudio, han estado relegadas históricamente en el tema del acceso a las tierras. “El 78% de las mujeres en el país cuenta con menos de cinco hectáreas. La mayoría de ellas tienen escasas oportunidades de incorporarse al mercado laboral, por lo que normalmente se ven obligadas a dedicarse a actividades no reguladas y expuestas a mayores riesgos. Como resultado, la pobreza rural se concentra en los hogares monoparentales encabezados por mujeres”.
El Acuerdo, hasta ahora, no ha traído la paz
Las garantías de participación política para los defensores y defensoras de derechos humanos no se han hecho efectivas pese a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno con la guerrilla de las Farc en 2016. De acuerdo con el estudio, solo el 25% de las disposiciones contempladas en el Acuerdo para velar por la protección de los y las líderes sociales se han puesto en marcha. Y estas estrategias no han resultado efectivas, pues aunque se han creado programas desde el gobierno como el Plan de Acción Oportuna (PAO), los asesinatos a los líderes no han disminuido.
A a la falta de efectividad institucional se ha sumado el fortalecimiento militar de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que ahora tienen en sus filas a Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña. En el transcurso del año se han sumado otras violencias: “la criminalización de la protesta, la persecución, la muerte política, la social y, finalmente, la física. Y, en sus territorios, la contaminación, la inseguridad, desplazamiento y las amenazas también se han generalizado”. El año pasado, de hecho, Colombia ocupó el tercer puesto en la lista de países más peligrosos para defender la tierra y el medio ambiente. El listado, realizado por Front Line Defenders, señala que en Colombia, desde 2016, han sido asesinados y asesinadas 344 defensores y defensoras de de derechos humanos. Según Somos Defensores, estos homicidios han ascendido de 58 a 155 en 2018, lo que representa un aumento de casi un 300% en tan solo dos años.
No confiamos en la autoridad. No confiamos en las instituciones. Porque creo que cada vez que denunciamos o cada vez que nos movemos, siento y sentimos que nosotras estamos tocando esas llagas. Estamos nosotras levantando la voz por encima de la gente que tiene una intención de callar la voz, sobre todo [la] de las mujeres. Y ese ha sido el proceso que nosotras tenemos acá; creo que los riesgos en el tema de las mujeres, en el tema de la minería, en el tema ambiental, es altísimo. En el tema de tierras [también] es altísimo.
Defensora indígena, 2019
Observando las agresiones directamente, el estudio concluye que estas, en el primer trimestre de 2019, incrementaron en un 66% con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese primer trimestre de 2019 se registraron 245 agresiones. Las alertas también han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, entidad que informó que 345 organizaciones sociales, de los 32 departamentos, en Colombia están amenazadas. Con respecto a la violencia contra las mujeres líderes, la Defensoría agrega: “de las 143 activistas acompañadas por la Defensoría del Pueblo entre 2016 y 2017, el 17% había sido víctima de violencia sexual (…) este ensañamiento busca inhibir la labor de las defensoras y genera un precedente para que no surjan nuevos movimientos liderados por mujeres”.
Detrás de los asesinatos están en su mayoría grupos paramilitares, actores armados desconocidos y en tercer lugar las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN y el Ejército. Las víctimas son selectivas: el 50% de las mujeres líderes asesinadas desde 2016 fueron atacadas en sus casas y llevaban labores a nivel territorial. El estudio critica que el gobierno no incorpore dentro de sus políticas medidas como el desmantelamiento de estructuras paramilitares, sino que formule políticas públicas sin contexto. Además, como revela el documento, el presupuesto para equidad de género cayó de 0,018% a 0,0014% en 2017.
Ante un gobierno que no ha hecho mayores esfuerzos, el liderazgo femenino parece ser cada día una labor más riesgosa: “Estas mujeres que protegen las tierras, el medioambiente, su cultura y sus raíces son ahora más que nunca el objetivo de los distintos grupos armados. Son demasiado incómodas porque reclaman sus derechos y cuestionan los intereses económicos y políticos dominantes. Antes de que el drama alcance cotas mayores, es urgente tomar medidas. Visibilizar la labor de estas defensoras es clave para que se conozca y reconozca su valiosa contribución a la paz. Las lideresas rurales son una pieza clave de la construcción de un nuevo país. Sin ellas, Colombia estará un paso más lejos de la paz”, concluye el estudio.
El territorio para mí es como [un] todo, es donde está la cultura, es donde está el agua, es donde está la selva. Es una comunión muy grande que tenemos, que incluso muchas veces hay palabras que uno no encuentra para definir qué es el territorio. Yo diría que para mí el territorio es la vida, es la vida misma, y sin territorio no somos nada, no tenemos vida. Por eso nuestro lema es: “Defendemos la vida y el territorio”, porque en el territorio está todo. Está lo sagrado, está lo mundano. Hemos llorado, hemos reído; nos ha costado sangre. Toda la vida hemos tenido que estar defendiendo el territorio.
Defensora afrocolombiana, 2019
*Esta nota se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja y se publicó también en El Pacifista.
