A Pablo Lazarte le empezó a doler el cuerpo el 15 de julio. Después vino el dolor de garganta, la fiebre y la pérdida de olfato. Unos días antes, un compañero del sector en la Empresa Ledesma SAAI tuvo peritonitis y al ingresar al hospital le hicieron el test de COVID-19: dio positivo. Otros diez compañeros de Pablo tuvieron síntomas. Todos hicieron lo que manda la empresa: 14 días de aislamiento en sus casas.
“A mi nadie me hizo el test”, dice Pablo a Cosecha Roja. Él es delegado del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). La fiebre y el dolor de garganta se los curó con remedios caseros: limonadas, canela. El olfato aún no lo recuperó. Pero el 30 de julio tuvo que subirse a la moto y manejar durante 15 minutos para volver al trabajo.
En Ledesma trabajan unas 7 mil personas. Los casos positivos de COVID-19 empezaron a aparecer para la época en la que supuestamente se contagió Pablo. Pero como en la empresa no se hacen test, nadie lo sabe a ciencia cierta.
“Los partes oficiales de la empresa hablan de casi 300 infectados. Pero nosotros creemos que, al no haber testeos, esa cifra podría triplicarse”, dice Rafael Vargas, secretario general del SOEAIL. Los muertos ya son nueve, lo que ubica a Ledesma como la empresa con mayor cantidad de muertes obreras por COVID-19 en el país.
Después de varios escritos y comunicado a los ministerios de Trabajo nacional y provincial, el sindicato denunció penalmente a los directivos y responsables de Medicina Laboral de Ledesma. Dijeron que no se cumplió con la disposición del Gobierno nacional de bajar al 50 por ciento el número de empleados para favorecer el distanciamiento social, que a empleados que presentaron síntomas compatibles con la COVID-19 los intimaron a continuar trabajando y que hay personas de más de 60 años y otros trabajadores con enfermedades crónicas preexistentes que tampoco fueron exceptuados.
“El virus ya está adentro de la fábrica”, dice Vargas. Por eso algunos de los puntos que exigen son esenciales: contar con los elementos básicos de higiene, ya que el distanciamiento social es casi imposible en algunos sectores.
Como ejemplo, Vargas pone el caso de los traslados: los trabajadores que viven lejos de la fábrica o de los campos deben acercarse hasta la parada más cerca de su localidad, y por allí los pasan a buscar camiones que los trasladan hasta sus puestos de trabajo. Los vehículos transportan entre 40 y 46 personas por turno en dos hileras enfrentadas, sin distanciamiento social. Si los desinfectan entre turno y turno, nadie puede asegurarlo. Por eso piden que los trabajadores también formen parte del control de los protocolos a los que ni siquiera tienen acceso.
Ante la falta de respuesta de la empresa, los trabajadores hicieron un paro de 24 horas la semana pasada. Ahora están en período de conciliación obligatoria.
La medida más urgente que exigen los trabajadores es la de licenciar a los mayores de 60 años y a quienes tienen enfermedades crónicas preexistentes. No sólo para preservarlos a ellos, sino para reducir la circulación de empleados en las plantas.
Con el 93,1 % de las camas ocupadas y un colapso en el sistema sanitario, el gobierno de Jujuy abrió hoy varias actividades en gran parte de la provincia. La provincia suma 3835 contagios desde el inicio de la pandemia y 92 fallecidos.
Además de trabajar en la empresa, Pablo Lazarte trabaja en el servicio de sepelios de los trabajadores azucareros. “Solíamos hacer dos servicios al mes. Estas dos últimas semanas hicimos nueve”, dice.
“Como no se hacen velorios y los llevan directo al cementerio, los coches fúnebres pasan por la puerta de la casa de los muertos y así, por la ventana, la familia se despide”, cuenta.
El departamento de Ledesma, donde reside el Ingenio homónimo, es una de las zonas “rojas” que se mantienen en fase 1. La situación es de colapso total.
La historia de Ledesma y las violaciones a los derechos de sus trabajadores existe desde siempre. El antecedente más sangriento data de la última dictadura militar, cuando los dueños del ingenio azucarero hicieron apagones de luz entre el 20 y 27 de julio de 1976, durante los que se secuestraron y desaparecieron a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes, sindicalistas y obreros. Siguen desaparecidas 33 personas y continúa vigente el reclamo por memoria, verdad y justicia.
