Por Thelma Gómez Durán | El Universal
Atoyac es una tierra marcada por la ausencia. Su gente supo, antes que en cualquier otra parte del país, lo que es nombrar a un hijo, a una hermana o a un padre como “desaparecido”. En esta región —que de un lado mira al Pacífico y del otro a la sierra—, madres, padres, esposas e hijos saben que no hay antídoto para acostumbrarse a la incertidumbre. Y por eso hace más de 30 años que ellos buscan a los suyos.
En estas tierras de la Costa Grande de Guerrerocomenzaron a conjugar el verbo “desaparecer” después de ese 18 de mayo de 1967, “el día de la matanza”, como aún se le recuerda entre los pobladores. Ese día, las balas se dirigieron a los profesores y padres de familia que protestaban en contra de los directivos de la Escuela “Juan Álvarez” y los caciques de la región. Murieron cinco campesinos —aunque en Atoyac se dice que fueron siete u ocho— y 25 quedaron heridos.
Atoyac no volvió a ser el mismo. Ese día, el profesorLucio Cabañas decidió internarse en la sierra e inaugurar su movimiento armado en contra del gobierno. Después de ese 18 de mayo de 1967 comenzaron las desapariciones.
En todo el país hay un registro de 810 desaparecidos por motivos políticos durante las décadas de los 60 y 70, de acuerdo con datos de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Afadem).
En Guerrero fueron casi 650 desaparecidos. En Atoyac, la mayoría: 450.
Juan Fierro García, El Pinillo, fue el primero. No se supo nada de este maestro “gordito y chaparrito” meses después de la matanza, recuerda Decidor Silva, El Negri, hombre que formó parte del Club de Jóvenes Democráticos de Atoyac. Siguieron muchos más: campesinos, profesores, estudiantes…
La ola de desapariciones se extendió, en especial durante 1974. Ese año, los militares encontraron y mataron aLucio Cabañas. Rancherías completas de la sierra de Atoyac se quedaron sin hombres y sin varias mujeres.
El cuartel de la tortura
Atoyac tiene su propia ciudad. Es La Ciudad de los Servicios. Se le bautizó así porque el lugar alberga a varias oficinas municipales, un auditorio, la sede de la policía municipal, un comedor comunitario y una casa hogar de paredes despintadas que acentúan el abandono del sitio. Esta ciudad tiene un pasado negro. En los años 70 funcionó como cuartel militar. Ahí llevaron a muchos de los detenidos, hoy desaparecidos.
A la entrada de La Ciudad de los Servicios hay tres pequeños cuartos que funcionan como oficina de la Afadem. La lista de los más de 600 nombres de desaparecidos de Guerrero, impresos en dos mantas, da la bienvenida a quien entra a esta oficina, en donde también se guardan, pegadas en largos rollos de cartón, las fotografías en blanco y negro de los campesinos, maestros y estudiantes que marcaron con su ausencia esta calurosa región del país. Las imágenes muestran, sobre todo, rostros de jóvenes, gente que tenía entre 20 y 40 años.
Desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, las sillas de Afadem no alcanzaron para todos los visitantes. Hombres y mujeres de piel morena y mirada firme llegaron porque se enteraron de que durante esos días se realizarían excavaciones en los terrenos libres que aún quedan alrededor de La Ciudad de los Servicios, para buscar los restos de Rosendo Radilla Pacheco. A él lo detuvieron el 25 de agosto de 1974 en un retén militar. Desde entonces lo busca su familia.
Andrea Radilla murió sin poder encontrar los restos de su padre. Su hermana Tita Radilla continuó la búsqueda. Ella es uno de los pilares de la Afadem. Ella decidió denunciar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de su padre.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos jueces dictaron la primera sentencia para México por una desaparición forzada. Eso fue el 23 de noviembre de 2009. Tras casi dos años “realmente no ha habido grandes avances” para cumplir la sentencia, lamenta Tita.
Como parte de la sentencia, el Estado mexicano está obligado a investigar y buscar los restos de Rosendo Radilla. “De las investigaciones, que es un tema que a nosotros nos importa mucho, no hay nada”, dice Tita. Para cumplir con su obligación de búsqueda de los restos, se realizaron las excavaciones. En 2010 fueron las primeras. Se hicieron en los terrenos que sirvieron como campo de tiro del ex cuartel militar.
El pasado viernes 12 de noviembre terminó el segundo periodo de excavaciones. No hubo nada. “Sólo excavan donde nosotros les decimos que pudiera existir algo, pero nosotros no sabemos dónde los llevaron. Los militares son los que saben. Que a ellos les pregunten dónde los llevaron”, dice María Argüello, pequeña y delgada, como las mujeres de la sierra de Guerrero. Cuando habla su rostro no puede disimular el enojo. Ella busca a dos personas: su padre Francisco Argüello y a quien fue su pareja, Prisciliano Medina Mojica.
María es una de las decenas de personas que llegaron a las oficinas de Afadem durante los días de las excavaciones. Como los demás, sospecha que en estas tierras que hoy se conoce como La Ciudad de los Servicios puede existir una fosa común. Y en ella pueden estar los restos de Rosendo, Francisco, Félix, Prisciliano, Antonio, Florentino, Justino o cualquiera de los tantos desaparecidos de Atoyac; alguno de los ausentes de Guerrero.
“Siempre conocemos nuevos casos. Llega gente a ver si tenemos a su familiar registrado”, dice Julio Mata, de Afadem. Esta asociación comenzó a trabajar formalmente en 1978. Desde entonces exigen conocer el paradero de cada uno de ellos y la investigación de lo que sucedió en esos años, además de juicio a los responsables de las desapariciones forzadas.
“Que digan qué pasó”
Cuando el ex presidente de Vicente Fox creó la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), los familiares creyeron que muchas de sus preguntas tendrían respuesta y decidieron dar su testimonio, participar en la integración de expedientes, presentar denuncias, dar muestras para el ADN. La Fiscalía cerró y ellos continúan con sus preguntas sin respuestas.
Por falta de recursos, explica Julio Mata, la Afadem sólo ha logrado presentar denuncias penales de poco más de 200 casos. La asociación sigue reuniendo datos, testimonios, cualquier pista que ayude a los familiares a terminar de armar el rompecabezas y saber qué pasó con sus desaparecidos.
Tita Radilla sabe que las piezas que aún faltan para cerrar el rompecabezas de lo que se conoce como la Guerra Sucia la tienen los militares y civiles que participaron en las detenciones y desapariciones. “Sabemos que hay responsables que están vivos. Y de alguna manera, el Estado tendría que obligarlos a que digan qué pasó con nuestros familiares. Yo creo que el Ejecutivo federal tiene esa capacidad, él puede ordenar al Ejército que diga qué ocurrió y dónde dejaron a nuestros familiares. Eso debería de hacerse, no sólo para saldar esta deuda que tienen con los familiares, sino también para que las familias tengan paz y tranquilidad, que es lo que se necesita. Pero no hay voluntad política del Estado mexicano para que esta deuda sea saldada”, afirma.
Christian Bello Fierro nació cuando la desaparición de personas había dejado surcos profundos en Atoyac. Tiene 25 años. Desde niño escuchó a su abuela Felipa llorar por la ausencia de su hijo Félix y recuerda cómo su madre le decía que mejor ya no preguntara, que esas cosas eran muy tristes.
Sin embargo, Christian preguntó, buscó libros para saber cómo fue esa Guerra en el paraíso, como la llamóCarlos Montemayor.
Igualmente hicieron otros muchachos de Atoyac, patinadores y grafiteros que decidieron crearon la Fundación Lucio Vive. Ellos no quieren sepultar en el pasado lo que vivió su tierra. Porque ellos también fueron marcados por la ausencia.
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