“Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra”, dice el tweet del Vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, Diego Santilli. En la misma sintonía, pero de la otra vereda, se puede leer en varios medios lo que piensa el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con una postura –otra vez- de mano dura: “no tengo duda de que en la Argentina de hoy hay que bajar la edad de imputabilidad”.
El asesinato de Dimitri Amiryan en un robo frustrado mientras recorría el barrio de Retiro en bicicleta encendió nuevamente el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina. ¿Por qué? Simple. Porque se arrestó a un adolescente de 15 años por el robo. Ese hecho, a primera vista bastante aislado, dio nuevamente luz verde para que muchos referentes de Cambiemos, y algunos de la zona más agria del peronismo, revivan su pedido de mayor mano dura contra los niños y los adolescentes.
María Elena Naddeo, responsable del Programa de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), formó junto con otros colegas la red Argentina no Baja, destinada a luchar para que se respeten las edades de la adolescencia y no se quiera criminalizar la niñez.
“Desde la red se cree, y lo reafirmamos nuevamente, que el tema penal de bajar la edad no es la solución para las cuestiones vinculadas con la seguridad pública”, señala desde un inicio y aclara: “Por supuesto que consideramos que esto es un hecho absolutamente trágico, lamentable, pero el esfuerzo de encerrar a los chicos desde más chicos – desde los 13 o 14 años- no resuelve la problemática”.
Naddeo advierte que se debe ver “el origen de estas conductas” y admitir que lo ocurrido –involucrando directamente un menor – corresponde a un caso excepcional. “Hace mucho tiempo que no ocurre un hecho de estas características afortunadamente, por supuesto que participan chicos y jóvenes en distintas situaciones delincuenciales, pero un asesinato como este no”.
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Lo que señala lo afirmó un informe emitido por UNICEF en el 2019: “Según datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en 2016 menos del 4% de los delitos investigados por fiscalía involucraron a adolescentes menores de 18 años (3,44%). Este porcentaje se mantiene estable desde 2009. De ese total, el 11,63% correspondió a robos agravados (incluido el uso de armas y otros agravantes); el 3,87% a delitos contra la integridad sexual; y el 0,96% a homicidios (más de la mitad en grado de tentativa). El resto de las investigaciones iniciadas (83,54%) se debieron a amenazas, delitos contra la propiedad y lesiones, entre otros”.
Se debe tener en cuenta, entre varios factores, que este ha sido un año complejo en cuanto al acompañamiento estatal de los menores. Las instituciones educativas cerraron sus puertas desde marzo y dejaron a miles y miles de jóvenes sin un lugar que los contenga de forma física y emocional. Sin mencionar que en muchos casos era el único lugar donde comían.
Las cursadas de forma digital, si bien hubo mucho esfuerzo desde los docentes, no pudieron fracturar una barrera que estaba desde hace años: la brecha del acceso a la información. Y justamente estos sectores, los más vulnerables, son en los que existen estos pibes.
“Uno de los programas importantes de la ciudad, el programa Adolescencia, que llegaba a 9000 pies en los barrios carenciados y en las villas prácticamente se desarticuló en función de la emergencia sanitaria”, agrega la referente de la red y considera que “señalar el sistema penal es la solución facilista, de un oportunismo terrible y fue lo primero que dijo Santilli apenas se enteró del asesinato”.
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Soluciones e interrogantes
¿La cárcel es la solución? Es el planteo que se fogonea desde los medios. María Elena Naddeo explica que el pedido de mano dura, de una mayor intervención de las fuerzas de seguridad y del sistema penal, es porque “hay un desconocimiento de lo que son las cárceles y los institutos de menores”.
Al respecto advierte: “El ingreso de los chicos en el sistema penitenciario debe demorarse la mayor cantidad de tiempo posible; porque en realidad tanto las comisarías, como el contacto con las fuerzas de seguridad y el contacto con otros actores vinculados a la temática del delito agudiza las conductas transgresoras de los chicos. Han sido siempre escuelas formadoras de nuevos delincuentes donde se aprenden nuevos hábitos más refinados y sofisticados para delinquir”.
Pero el pedido no solamente es de los sectores altos, existe un discurso circulante en las clases populares que también pide mano dura. “Trasladan su propia indefensión, viven situaciones múltiples de vulnerabilidad en los barrios, en las villas, hay mucha violencia institucional, de género, vivimos en una sociedad completamente violenta y los pibes aprenden a ser violentos desde temprana edad”, reflexiona.
Plantear soluciones reales, a largo plazo y que reparen las reales fracturas sociales que envuelven el accionar de los pibes es replantear, según Maria Elena, las “políticas públicas que llegan a los sectores vulnerables y cuanto modifican de su realidad”.
“Lo que tenemos que hacer es volver a insistir y profundizar los circuitos de instrucción educativa e inclusión social”, concluye Naddeo.
